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Consideran la geotermia una fuente de energía esencial para la transformación del sistema energético, aportando beneficios medioambientales, independencia y estabilidad

Geoenergía presenta sus propuestas al proyecto de Real Decreto de redes de calor y frío

16/09/2025

La Asociación Española de Geotermia (Geoenergía) ha presentado sus propuestas al trámite de información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan las redes de calor y frío y las garantías de origen térmico, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Geoenergía valora muy positivamente la publicación de este Proyecto de Real Decreto, al constituir un paso decisivo para el despliegue de las redes de calor y frío en España y para el reconocimiento de las fuentes renovables térmicas, en particular de la geotermia.

Según la asociación, la geotermia es una fuente de energía clave para la transformación del sistema energético, aportando beneficios medioambientales, independencia y estabilidad. “A diferencia de otras renovables condicionadas por factores climáticos, la geotermia -en su vertiente eléctrica- destaca por ser gestionable y estar disponible de forma continua (factor de capacidad hasta el 95 %), mientras que sus aplicaciones térmicas van desde industrias hasta edificios, ofreciendo soluciones imbatibles desde el punto de vista de la eficiencia y sostenibilidad energéticas”, explican.

El proyecto norma promovido por el Ministerio recoge elementos fundamentales para el desarrollo de las redes de calor y frío. Entre ellos, aporta la flexibilidad necesaria para facilitar la promoción de las redes de 5ª generación, para el suministro de calor y frío, incluyendo una política proactiva para la incorporación de todo tipo de calores residuales al mix renovable térmico.

Geoenergía ha remitido tres propuestas prioritarias, que considera esenciales para lograr un despliegue eficaz y homogéneo de las redes de calor y frío en todo el territorio.

La primera es la figura de ‘interés general de las redes térmicas’. Proponen declarar las redes de calor y frío como servicios de interés general, en paridad con otros suministros básicos como electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos o agua, que cuentan con regulación sectorial específica. “La creación de esta figura otorgaría seguridad jurídica y posibilitaría un acceso más ágil y ordenado al uso de suelo público y patrimonial, evitando la necesidad de complejos procesos de concesión demanial, de alcance limitado y poco adecuados para estas infraestructuras.”, aseguran desde la asociación. “Su reconocimiento facilitaría un despliegue más eficiente y en igualdad de condiciones con el resto de los suministros esenciales, reforzando además su papel estratégico en la transición energética y en la reducción de la dependencia exterior”.

Otra propuesta es contar con medidas de acompañamiento para el uso de calores residuales. Además de las obligaciones de colaboración de los titulares de fuentes de calor residual, des Geoenergía considera que deberían establecerse medidas de acompañamiento que incentiven su aprovechamiento tanto por el productor como por el consumidor, siempre que sea técnica y económicamente viable. Para ello se propone un sistema que combine incentivos y penalizaciones, considerando la disipación de calor en la atmósfera como un vertido. Esta medida contribuiría a maximizar el uso de un recurso energético disponible, reducir pérdidas de energía, reforzar la eficiencia global del sistema y generar beneficios ambientales y económicos, alineados con los objetivos de neutralidad climática y de transición hacia un modelo energético más sostenible.

También proponen establecer la obligatoriedad de contratación de calor y/o frío proporcionado por redes térmicas renovables o residuales por parte de las Administraciones Públicas, siempre que las condiciones técnicas y económicas lo permitan. De este modo, las administraciones reforzarían su papel ejemplarizante en la descarbonización del sector de la climatización, impulsando la demanda inicial y contribuyendo a garantizar la viabilidad económica de las redes en sus primeras fases de desarrollo. “Esta medida favorecería un marco de estabilidad para los promotores y operadores, fomentando inversiones, acelerando el despliegue de proyectos y situando a las instituciones públicas como catalizadoras del cambio hacia un sistema energético más limpio, eficiente y resiliente en el ámbito térmico”, concluyen.

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