El Pacto de las Alcaldías de la Unión Europea impulsa una iniciativa para reducir costes en energía y acelerar la transición renovable
La transición energética también se construye desde el ámbito local. Por ello, el objetivo de Homegrown Energy es compartir soluciones desarrolladas sobre el terreno y mostrar cómo las ciudades pueden reforzar su autonomía energética, limitar su exposición a las variaciones de los precios y avanzar hacia la neutralidad climática prevista para 2050, según el Pacto Verde Europeo propuesto por El Parlamento.
El modelo establece que al menos el 10 % de la energía generada se destine a edificios municipales y un mínimo del 5 % a hogares en situación de vulnerabilidad identificados por los servicios sociales.
Los proyectos seleccionados responden a realidades diferentes. Algunos se centran en aprovechar mejor la energía renovable disponible; otros buscan facilitar el autoconsumo compartido, reducir el consumo de los edificios o integrar la participación ciudadana en la planificación energética. En conjunto, ofrecen ejemplos de cómo las administraciones pueden intervenir mediante la gestión de sus recursos públicos, la colaboración con empresas y el acompañamiento a las comunidades locales. Por ello, la campaña Homegrown Energy pretende impulsar un modelo energético más descentralizado.
Diez ciudades con diferentes realidades energéticas
Entre las iniciativas recogidas por Homegrown Energy se encuentra la de Utrecht, en Países Bajos, que utiliza vehículos eléctricos compartidos como baterías móviles para contribuir a gestionar la congestión de la red eléctrica. El caso plantea cómo la movilidad compartida puede desempeñar una función adicional a la del transporte y ayudar a aprovechar la flexibilidad que ofrecen los vehículos eléctricos.
En Austria, la región de Salzburger Seenland, reúne a once municipios que comparten electricidad a través de una asociación regional consolidada. El proyecto muestra una fórmula de cooperación entre localidades para aprovechar la energía producida y organizar su distribución a escala territorial.
La ciudad de Bristol, en Reino Unido, se apoya en la colaboración público-privada. A través del fondo City Leap Community Energy, la ciudad busca movilizar inversiones y desarrollar proyectos energéticos que generen beneficios para la comunidad, combinando la participación de distintos agentes con objetivos de interés público.
En Malaunay, Francia, la estrategia avanza de forma progresiva hacia un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos locales. El municipio trabaja en la reducción de las necesidades de energía, el uso de biomasa y el desarrollo de instalaciones solares compartidas, con el propósito de extender las renovables y avanzar hacia una mayor autonomía energética.
Por su parte, Aradippou, en Chipre, aprovecha terrenos disponibles para generar electricidad solar destinada al alumbrado público. La experiencia demuestra cómo los municipios pueden utilizar recursos locales para cubrir parte de sus propias necesidades energéticas y reducir la dependencia del suministro convencional.
La campaña incluye también una microrred urbana en Suecia; el proceso de transición energética coordinada de Kragujevac, en Serbia; la incorporación de criterios de energía ciudadana al desarrollo urbano y al suministro de calor en Gante, Bélgica; y la creación de comunidades vecinales para facilitar la rehabilitación de edificios en Namur, también en Bélgica.
En este proyecto europeo, Valencia es la única ciudad española participante, con una propuesta orientada a impulsar la producción y el consumo de energía renovable de proximidad mediante el aprovechamiento de cubiertas municipales para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Claire Roumet, directora de Energy Cities, ha destacado que “Valencia demuestra que los municipios pueden desempeñar un papel como organizadores de la comunidad local promoviendo energía renovable más accesible y con beneficios llegando a la ciudadanía".
Claire Roumet, directora de Energy Cities, ha destacado que “Valencia demuestra que los municipios pueden desempeñar un papel como organizadores de la comunidad local promoviendo energía renovable más accesible y con beneficios llegando a la ciudadanía".
La participación ciudadana como eje de la transición energética
Más allá de las diferencias entre los proyectos, la campaña pone de relieve el papel que pueden desempeñar las administraciones locales a la hora de facilitar que la ciudadanía participe en la producción y el aprovechamiento de energía renovable. “El liderazgo municipal puede cambiar esta situación”, según los promotores de este proyecto. Las comunidades energéticas, la cooperación entre municipios y la utilización de infraestructuras públicas permiten explorar fórmulas que van más allá de la instalación de nuevas tecnologías.
El enfoque también incorpora una dimensión económica y social. La generación local puede contribuir a reducir la exposición a las fluctuaciones de los precios energéticos, mientras que el diseño de los proyectos puede favorecer que parte de sus beneficios llegue a colectivos con mayores dificultades para afrontar el coste de la energía.
Asimismo, Homegrown Energy pretende facilitar el intercambio de experiencias entre administraciones. La campaña invita a los municipios a identificar oportunidades en sus propios territorios, desarrollar capacidades técnicas y trasladar las soluciones locales a políticas públicas que permitan acelerar la implantación de energías renovables.
Valencia apuesta por las cubiertas municipales y las comunidades energéticas
La ciudad española seleccionada es la de Valencia, que facilita el acceso de comunidades energéticas ciudadanas a las cubiertas de edificios municipales para instalar plantas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo colectivo. El modelo busca aprovechar infraestructuras públicas para impulsar la generación renovable local y dar cabida a criterios sociales en el reparto de la energía.
Según Arturo Zea, técnico en Proyectos de Energía de Valencia Sostenible, Energy Cities identificó Valencia como un caso destacado. La ciudad es miembro de esta entidad y participó conjuntamente en el proyecto europeo H2020 POWER UP, que contribuyó al diseño e implementación de la iniciativa. El modelo destaca por consolidar un procedimiento de licitación pública accesible para las comunidades energéticas, con criterios de valoración que priman los aspectos sociales y un plan de trabajo sólido.
Dentro de la campaña europea 'Homegrown Energy', el proyecto de Valencia Sostenible cederá tejados públicos a comunidades energéticas, destinando un 5% de la producción a aliviar la pobreza energética de unas 25 familias vulnerables.
La primera convocatoria incluye tres cubiertas municipales: las antiguas naves municipales de Daniel Balaciart, el CEIP Santa Teresa y el CEE Rosa Llàcer, una de ellas situada en la pedanía de Castellar-L’Oliveral. En conjunto, las instalaciones suman una potencia prevista de 233 kWp, distribuida entre los 95,6 kWp de Daniel Balaciart, los 48,9 kWp del CEIP Santa Teresa y los 88,5 kWp del CEE Rosa Llàcer.
La inversión global estimada para las tres instalaciones asciende a 279.610,27 euros, según los proyectos redactados. El lote de Ciutat Vella cuenta con un presupuesto de 63.361 euros; el de Benimaclet, de 102.099,76 euros; y el de Castellar-L'Oliveral, de 114.149,51 euros. Las comunidades adjudicatarias asumirán el coste total de la instalación, la operación y el mantenimiento. Por el momento, no se prevén convocatorias de ayudas públicas para este tipo de proyectos en la Comunidad Valenciana ni a escala estatal.
La generación anual conjunta estimada de las tres cubiertas es de 366.445 kWh. El ahorro dependerá de la participación de cada comunidad energética, de la proporción de energía destinada al autoconsumo directo frente a los excedentes y del precio de adquisición de la electricidad, sujeto a las variaciones del mercado libre o regulado. Como referencia general, una participación de 1 kWp podría suponer un ahorro anual de 200 euros. Para el conjunto de las tres instalaciones, la estimación se sitúa en unos 46.000 euros anuales.
El modelo establece que al menos el 10 % de la energía generada se destine a edificios municipales y un mínimo del 5 % a hogares en situación de vulnerabilidad identificados por los servicios sociales. La convocatoria también incorpora criterios sociales para valorar las propuestas de las comunidades energéticas.
El número definitivo de hogares vulnerables beneficiarios dependerá de los proyectos que se ejecuten y del reparto de la energía. Como mínimo, y considerando 0,5 kWp por hogar, podrán beneficiarse unas 25 familias, que cubrirían aproximadamente un 25% de su consumo de energía eléctrica.
El proyecto establece un plazo máximo de nueve meses desde la formalización de la concesión para que las comunidades adjudicatarias pongan en marcha las instalaciones, salvo que se produzcan demoras por fuerza mayor o por causas imputables al Ayuntamiento o a terceros. La duración de la campaña Homegrown Energy depende de Energy Cities y es independiente del proceso de licitación de las cubiertas municipales. Con ello, la directora de Energy Cities destaca que "compartir estas experiencias entre ciudades europeas permite aprender de soluciones que ya están funcionando sobre el terreno y aportar pruebas de éxito para conseguir tan necesario de proyectos municipales".









































