El sector renovable catalán reclama replantear las zonas de prioridad superior para convertirlas en verdaderas zonas de aceleración renovable
El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, EolicCat, Renovem-nos y UNEFCAT han presentado una alegación conjunta al Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER). Las cinco entidades advierten de que las zonas de prioridad superior delimitadas en la propuesta actual son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de energías renovables fijados para 2030 y 2040.
Por este motivo, reclaman que el PLATER delimite una superficie suficiente, técnicamente viable y realmente conectable a la red, y que dote a estas zonas de un régimen propio que permita acelerar la tramitación de los proyectos más adecuados desde el punto de vista ambiental y territorial.
La alegación parte de una doble constatación. Por un lado, el proyecto de PLATER identifica zonas consideradas especialmente favorables para la generación renovable, pero no concreta suficientemente los efectos de esta calificación sobre la tramitación, la evaluación ambiental, la compatibilidad urbanística, la conexión a la red o el almacenamiento. Por otro lado, aunque la superficie delimitada como prioritaria es muy superior a la necesaria, la mayor parte de estos espacios no ofrecen capacidad efectiva suficiente para garantizar los objetivos energéticos previstos. Y los espacios calificados de prioridad superior son insuficientes para alcanzar los objetivos a corto plazo.
Sin una ampliación y una delimitación más realista de los espacios realmente viables, con capacidad efectiva de conexión, las entidades alertan de que, pese a la expectativa generada por el alcance teórico del PLATER, estas zonas podrían quedar reducidas a una categoría cartográfica sin capacidad suficiente para impulsar el volumen de nueva generación renovable que Cataluña necesita.
Zonas suficientes para cumplir los objetivos
Las entidades piden superar el debate territorial actual sobre la totalidad de los espacios necesarios para alcanzar la plena descarbonización en 2050 y centrarse en el conjunto de zonas de prioridad superior que deben permitir alcanzar los objetivos a corto y medio plazo, que es el consenso social necesario en estos momentos.
La alegación también subraya que una zona no puede considerarse realmente prioritaria o de prioridad superior únicamente porque presente una baja sensibilidad ambiental. Debe ser, además, una zona materialmente viable.
Esto significa tener en cuenta el recurso solar o eólico disponible, la proximidad y capacidad de la red, las posibilidades de evacuación, las necesidades de nuevas subestaciones, la integración del almacenamiento, la geometría útil de las parcelas, la accesibilidad y los costes energéticos resultantes.
Las entidades consideran que calificar como prioritarias zonas sin recurso suficiente, sin una conexión razonable o con costes de evacuación desproporcionados no contribuye realmente a los objetivos del PLATER. El Plan debe diferenciar entre la superficie teóricamente disponible y la que realmente puede acoger proyectos efectivos dentro de los plazos previstos.
Un PLATER adaptado a la directiva europea
Las entidades proponen que las zonas de prioridad superior del PLATER constituyan la base territorial, ambiental y metodológica para la futura designación de zonas de aceleración renovable en Cataluña, de acuerdo con la Directiva Europea 2023/2413 y con el marco estatal vigente que la desarrollará próximamente.
Esta directiva, cuyo plazo de transposición a la legislación nacional ya ha expirado, establece que los Estados miembros deben delimitar zonas de aceleración en las que ubicar las energías renovables, el almacenamiento y la red eléctrica necesaria para alcanzar los objetivos a corto y medio plazo. En estos espacios, la directiva establece procedimientos de tramitación abreviados y una evaluación ambiental simplificada.
La propuesta de las entidades pretende adelantar el trabajo necesario para que el PLATER deje identificados y evaluados los ámbitos más adecuados, con un procedimiento de tramitación ajustado a lo que establece la directiva y con las correspondientes garantías de participación pública.
La agilización administrativa no implica eliminar los controles ambientales. Lo que plantea la directiva es que la evaluación de los proyectos se centre en los impactos específicos o imprevistos que no hayan sido analizados previamente durante la evaluación ambiental estratégica del Plan.
De este modo se evitaría repetir en cada proyecto cuestiones ya estudiadas a escala territorial, manteniendo al mismo tiempo la capacidad del órgano ambiental para exigir una evaluación más completa cuando existan indicios claros de impactos significativos no previstos o no mitigables.
Coordinar el territorio con la red eléctrica
Otro elemento central de la alegación es la necesidad de vincular la zonificación renovable con la planificación de la red.
Las entidades reclaman que cada zona de prioridad superior incorpore un análisis de las necesidades de conexión, evacuación, subestaciones, refuerzos de red y almacenamiento. No tiene sentido calificar una zona como prioritaria si posteriormente no dispone de capacidad de conexión o si las infraestructuras necesarias hacen inviable su desarrollo.
El PLATER debería servir, por tanto, como referencia territorial para que la Generalitat defienda ante el Estado y los gestores de la red las inversiones necesarias para hacer posible un despliegue renovable efectivo.
Convertir los objetivos en proyectos reales
Con esta alegación conjunta, las cinco organizaciones piden que el PLATER no se limite a ordenar el territorio sobre el papel, lo que está generando polémicas estériles sobre espacios que nunca serán viables. El Plan debe centrarse en el corto y medio plazo y garantizar que existan suficientes zonas ambientalmente adecuadas, territorialmente compatibles, técnicamente viables y conectables para hacer posible el cumplimiento de los objetivos energéticos de Cataluña.
Solo así las zonas de prioridad superior dejarán de ser una categoría meramente declarativa para convertirse en una herramienta efectiva para ordenar y acelerar el despliegue renovable y, al mismo tiempo, centrar el debate social en los espacios realmente viables.
