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Alegaciones al Real Decreto de impulso del biometano

AEBIG reclama flexibilizar el real decreto del biometano

Redacción Interempresas15/06/2026

La Asociación Española de Biogás (AEBIG) presentó alegaciones al proyecto de Real Decreto de impulso del biometano del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para solicitar que el sello de excelencia sea voluntario y exigir medidas que impulsen la producción mediante un marco regulatorio equilibrado.

La asociación defiende un sistema de acreditación flexible que permita justificar el suministro mediante las Pruebas de Sostenibilidad (PdS)...
La asociación defiende un sistema de acreditación flexible que permita justificar el suministro mediante las Pruebas de Sostenibilidad (PdS), cuando esté disponible, y mediante las Garantías de Origen (GdO) en los casos previstos.

AEBIG valora de forma positiva que el Real Decreto incorpore un sistema de cuotas de consumo. Sin embargo, la asociación rechaza que el sello de excelencia sea obligatorio para cumplir cuotas porque generaría duplicidades, inseguridad jurídica y posibles barreras al mercado interior. La organización defiende que este distintivo se limite a fines reputacionales o incentivos, con criterios publicados con al menos doce meses de antelación y sin efectos retroactivos.

Propuestas para la producción nacional

El sector destaca el biometano como una solución clave para la descarbonización, la gestión de residuos y la seguridad energética, además de impulsar el desarrollo rural. Por ello, la asociación plantea reforzar el impulso a la producción nacional de biometano mediante una serie de cuotas previstas hasta 2040. Esta planificación debería acompañarse de revisiones periódicas basadas en indicadores objetivos.

La flexibilidad empresarial resulta prioritaria para el colectivo sectorial. Para facilitar la adaptación de las compañías, la asociación propone que los grupos empresariales computen sus objetivos de forma conjunta; que las firmas puedan intercambiar compromisos entre sí y que se permita compensar o adelantar obligaciones entre diferentes ejercicios. Todo ello debería articularse con un sistema de sanciones equilibrado.

Mejoras en infraestructuras y conexiones

En el ámbito de las infraestructuras, AEBIG considera prioritario mejorar las condiciones de conexión a red y el tratamiento del flujo inverso. El colectivo propone el reconocimiento retributivo de los costes de operación y mantenimiento asociados a estas infraestructuras y criterios claros que aporten seguridad jurídica a los proyectos, incluyendo una disposición transitoria para aquellos con solicitudes ya iniciadas. También plantea la necesidad de establecer una regulación adecuada para las infraestructuras que conectan directamente las plantas con la red, de forma que su construcción y operación sean económicamente viables.

La acreditación del suministro constituye otro eje central de las alegaciones. La asociación defiende un sistema de acreditación flexible que permita justificar el suministro mediante las Pruebas de Sostenibilidad (PdS), cuando esté disponible, y mediante las Garantías de Origen (GdO) en los casos previstos. Esta flexibilidad es clave para asegurar la compatibilidad con la Directiva RED III, evitar barreras en el mercado interior y garantizar el funcionamiento del sistema mientras se completa el modelo definitivo de acreditación.

Competitividad y agilidad administrativa

La organización considera fundamental proteger la competitividad de la industria gasintensiva, evitando impactos desproporcionados en costes y garantizando un entorno regulatorio equilibrado frente a la competencia internacional. Además, subraya la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y reforzar la seguridad jurídica como condiciones indispensables para acelerar la inversión y el despliegue de proyectos de biometano en España.

El colectivo empresarial reitera su disposición a colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica durante todo el proceso de tramitación del Real Decreto, con el objetivo de contribuir a una regulación más eficaz, predecible y orientada a la inversión, que permita transformar el potencial del biometano en proyectos reales y operativos en España.

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