Un año del apagón: la autonomía energética ha dejado de ser una opción

Mientras gran parte del país se detenía, en Valdemoro una industria siguió funcionando con total normalidad. No fue suerte, ni casualidad. Estaba diseñada para hacerlo: una microrred solar con almacenamiento en baterías y un generador auxiliar de respaldo, capaz de trabajar conectada a la red y, también, de operar en modo aislado en cuanto detecta una caída de suministro, sin paso por cero (sin microcortes). Esa diferencia —entre quedarse a oscuras o seguir produciendo— es, para mí, la lección esencial del 28-A. No fue la única instalación que aguantó, pero tampoco es una solución que abunde.

Un año después, el informe final de ENTSO-E ha confirmado lo que muchos sospechábamos: el apagón no tuvo una sola causa, y difícilmente se van a depurar responsabilidades más allá de los expedientes ya abiertos, tanto a las subcontratas como a la propia red eléctrica. Fue multifactorial, un “evento sin precedentes”, fruto de oscilaciones en el sistema, dificultades para mantener la tensión estable y desconexiones rápidas de generación, combinadas con prácticas de regulación no homogéneas entre actores. Un transitorio que el sistema no pudo absorber porque grandes activos de respaldo, como las centrales nucleares, estaban parados y no aportaron inercia. El sistema eléctrico que tenemos no está plenamente preparado para el sistema eléctrico que estamos construyendo.

Y aquí es donde creo que estamos cometiendo un error de foco. Llevamos un año debatiendo si el apagón fue culpa de las renovables, de la falta de inercia, de las interconexiones o de errores operativos concretos. Es un debate técnico legítimo y necesario. Pero la pregunta más importante no es por qué se produjo el apagón, sino por qué tantas empresas, infraestructuras y servicios esenciales no estaban preparados para resistirlo. Por ejemplo, una gasolinera que necesita energía para bombear gasolina.

A esa pregunta, la respuesta que venimos trabajando desde hace años se llama generación distribuida con almacenamiento inteligente. Y hoy, con el contexto geopolítico que tenemos delante, esa respuesta ya no es una alternativa: es un imperativo estratégico.

Mientras escribo estas líneas, las tensiones en Oriente Medio se intensifican de nuevo. Las cadenas globales de suministro energético —del gas al petróleo, pero también de los minerales críticos que necesita la transición— vuelven a estar bajo presión. Cualquier empresa que haya hecho cuentas en los últimos años sabe lo que eso significa: tarifas eléctricas que se mueven en horizontes de horas, no de meses; pool diario que puede multiplicarse por cinco en una jornada; y una factura energética que, en muchos sectores intensivos, ha pasado de ser una partida controlable a un riesgo de balance. Europa redescubre, una vez más, lo frágil que resulta depender de geografías lejanas e inestables para mantener sus luces encendidas, sus fábricas en marcha y sus aviones en el aire. Y España, una de las economías con mayor potencial renovable del continente, sigue sin haber dado el paso definitivo hacia un modelo donde cada empresa, cada polígono industrial y cada infraestructura crítica produzca, almacene y gestione una parte significativa de su propia energía.

La generación distribuida no es un concepto nuevo. Lo que sí es nuevo es la combinación de tecnologías que hoy la hacen rentable y escalable: paneles fotovoltaicos cuyo coste ha caído más de un 80% en una década, baterías de litio —y cada vez más también de vanadio, sodio o de segunda vida— con vidas útiles de quince a veinte años, y plataformas de gestión energética (EMS) basadas en inteligencia artificial capaces de decidir, en tiempo real, cuándo conviene autoconsumir, cuándo almacenar, cuándo verter excedentes a la red y, sobre todo, cuándo desconectarse para mantener la continuidad operativa.

Es esta combinación —generación local, almacenamiento, software inteligente— la que convierte una batería en un activo estratégico, no en un coste hundido. Y es lo que permite que un centro logístico, una flota de vehículos eléctricos pesados, una planta embotelladora o un data center puedan seguir operando aunque la red caiga.

En España tenemos sol, tenemos viento, tenemos talento técnico y tenemos un tejido industrial que necesita protegerse frente a un coste energético volátil y a riesgos de suministro cada vez más reales. De hecho, ya hay sectores que han entendido el cambio: logística, distribución, agroindustria, recarga de vehículo eléctrico pesado, eventos profesionales o data centers. Cada uno de ellos, por motivos distintos, ha llegado a la misma conclusión: la energía debe formar parte de la estrategia, no del cuadro de gastos. Lo que nos falta —y aquí soy autocrítico con todo el sector— es velocidad. Velocidad para desplegar, velocidad para regular y, sobre todo, velocidad para que las empresas comprendan que invertir hoy en autonomía energética es exactamente la misma decisión estratégica que hace veinte años fue invertir en digitalización.

Por eso defiendo que el modelo del futuro inmediato pasa por instalar la energía en el propio punto de consumo: sistemas dimensionados a la medida de cada cliente, financiados con esquemas que eliminen la barrera del CAPEX —en nuestro caso lo llamamos full&RENT, una cuota mensual que incluye equipamiento, mantenimiento y gestión remota—, y conectados a una capa de software que permita extraer su máximo valor económico.

Y me gustaría que ocupara más espacio en el debate público la próxima entrada en vigor del marco regulatorio que regulará la figura del agregador independiente, recogida en el Real Decreto 88/2026. Esa figura permitirá que las baterías instaladas en empresas, polígonos industriales y comunidades energéticas participen en los mercados de flexibilidad y regulación —arbitraje, banda secundaria, regulación terciaria, capacidad— y aporten estabilidad al sistema eléctrico. Es decir, las mismas baterías que protegen a una empresa frente a un apagón pueden ayudar a que el siguiente apagón no llegue a producirse: generan un ingreso, además de un ahorro.

Un año después del 28-A, lo que aprendí no fue que la red podía fallar. Eso, en realidad, ya lo sabíamos. Lo que aprendí es que la diferencia entre los que se paran y los que siguen operando no la marca el operador del sistema, ni el regulador, ni la suerte. La marca cada empresa, cada institución y cada infraestructura que decide tomarse en serio su propia autonomía energética y gestionar su factura de la luz.

Que las luces se apaguen no depende del todo de nosotros. Que nuestra actividad se detenga, sí.