En terciario, la combinación de ajustes de temperatura de consigna, control horario y renovación de equipos puede generar ahorros significativos

La gestión eficiente de la energía va mucho más allá de la incorporación de nuevas tecnologías. En la práctica, comienza con la capacidad de entender cómo se consume la energía y de tomar decisiones informadas. Esto se traduce, por ejemplo, en identificar consumos fuera de horario en instalaciones industriales, ajustar sistemas de climatización en edificios con baja ocupación o mejorar la regulación de equipos existentes sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

En muchos casos, la primera palanca de ahorro no es tecnológica, sino de gestión. Detectar ineficiencias, adaptar los sistemas a la demanda real y optimizar la operación diaria permite obtener resultados inmediatos y sentar las bases para actuaciones más estructurales y, cada vez más, integrar la energía como una variable estratégica dentro de la gestión operativa y financiera de las organizaciones.

Uno de los principales retos sigue siendo pasar de intervenciones puntuales a una gestión energética integral. En la práctica, los mayores ahorros se consiguen mediante la combinación de medidas: optimización de sistemas de climatización, mejora de la iluminación, incorporación de sistemas de control, modernización de equipos o mejora de la envolvente térmica.

En el sector terciario, por ejemplo, la combinación de ajustes de temperatura de consigna, control horario y renovación de equipos puede generar ahorros significativos. En el ámbito industrial, la optimización de procesos, la recuperación de calor o la gestión de la producción en función de la demanda energética permiten mejorar tanto la eficiencia como la competitividad.

Este enfoque integral es el que permite que la eficiencia energética deje de ser una mejora puntual y pase a convertirse en una línea de trabajo continua.

La gestión eficiente de la energía exige un enfoque basado en datos. La medición y verificación de los ahorros es fundamental para evaluar el impacto real de las actuaciones, garantizar la trazabilidad del ahorro y asegurar su continuidad en el tiempo. Establecer una línea base, medir el consumo antes y después de la intervención y verificar los resultados permite no solo validar los ahorros, sino también optimizar el comportamiento de las instalaciones a lo largo del tiempo.

Este enfoque es esencial en modelos como los contratos de rendimiento energético y en mecanismos como los Certificados de Ahorro Energético (CAE), donde el ahorro debe ser trazable, verificable y auditable.

Uno de los elementos más relevantes en el proceso de gestión eficiente de la energía es el papel de las empresas de servicios energéticos (ESEs). Se configuran como un instrumento clave para acelerar la implantación de proyectos de eficiencia, al ofrecer un enfoque integral que combina diagnóstico, diseño, ejecución, financiación, operación y verificación de resultados.

Su principal valor añadido reside en que permiten al cliente final acceder a soluciones de eficiencia sin asumir necesariamente toda la carga técnica y financiera desde el inicio. En muchos casos, los proyectos se estructuran en torno a esquemas de ahorro garantizado o contratos de rendimiento energético, lo que aporta seguridad y confianza tanto a empresas como a administraciones públicas. Este modelo favorece la adopción de medidas que, de otro modo, podrían posponerse por falta de recursos, conocimiento técnico o capacidad de gestión.

Las ESEs desempeñan, además, una función de acompañamiento a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Analizan el consumo energético de cada instalación, identifican las oportunidades de mejora más relevantes y proponen actuaciones adaptadas a las necesidades concretas de cada cliente. Este enfoque personalizado resulta esencial, ya que no existen soluciones universales: cada edificio, cada proceso industrial y cada organización presentan características, limitaciones y objetivos distintos.

En la práctica, esto se traduce en actuaciones como la optimización de sistemas de climatización en edificios terciarios, la mejora de procesos en entornos industriales o la renovación integral de instalaciones en el sector público, siempre bajo un enfoque orientado a resultados medibles.

Además, las ESEs contribuyen a estructurar y dar escala al mercado de la eficiencia energética, facilitando la agregación de actuaciones y la integración de mecanismos como los Certificados de Ahorro Energético (CAE) dentro de los modelos de negocio de los proyectos.

Este papel está plenamente alineado con el enfoque de la Directiva (UE) 2023/1791 de eficiencia energética, que reconoce a las ESEs como agentes clave para el desarrollo del mercado de servicios energéticos y subraya la necesidad de fomentar su actividad. En este marco, el sector público desempeña un rol ejemplarizante en materia de eficiencia energética, en el que la contratación de servicios energéticos se configura como una de las herramientas más eficaces para impulsar actuaciones basadas en resultados.

En definitiva, las ESEs no solo permiten ejecutar proyectos, sino que facilitan su identificación, estructuración y viabilidad, actuando como un elemento fundamental para transformar el potencial de ahorro energético en actuaciones reales.

En este escenario, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) se están consolidando como uno de los instrumentos más relevantes para activar la gestión eficiente de la energía en España.

Más allá de su diseño teórico, el sistema ya está mostrando una tracción significativa. A marzo de 2026, se han solicitado más de 8.000 GWh de ahorro energético, con miles de actuaciones registradas en distintos sectores y un precio de mercado que se sitúa en una horquilla aproximada de entre 115 y 140 €/MWh.

Estos datos reflejan un cambio estructural: el ahorro energético deja de ser únicamente una mejora operativa para convertirse en un activo económico con valor de mercado.

En la práctica, esto está permitiendo que muchas actuaciones pasen de ser “viables técnicamente” a ser “ejecutables económicamente”. Proyectos industriales, actuaciones en el sector terciario o iniciativas agregadas están encontrando en los CAEs un elemento clave para cerrar su modelo financiero.

Sin embargo, el propio funcionamiento del sistema también está poniendo de manifiesto algunas limitaciones relevantes. No todas las actuaciones tienen la misma capacidad de acceso al mercado: las medidas activas, asociadas a equipos, son más fáciles de ejecutar, mientras que actuaciones pasivas, especialmente en el ámbito residencial, siguen enfrentando barreras vinculadas a su mayor inversión inicial y a periodos de retorno más largos.

Esto evidencia que, aunque los CAEs suponen un avance muy relevante, es necesario complementarlos con otros mecanismos que permitan extender la gestión eficiente de la energía a todos los segmentos.

A pesar de su potencial, la gestión energética sigue enfrentándose a barreras relevantes: falta de conocimiento técnico, dificultad para priorizar inversiones, complejidad administrativa y, en algunos casos, insuficiente señal económica en determinados segmentos, especialmente en actuaciones con mayores periodos de retorno.

En paralelo, el marco normativo se encuentra en proceso de evolución. En España, las auditorías energéticas están actualmente reguladas por el Real Decreto 56/2016, que establece las obligaciones para determinadas empresas y los requisitos básicos de su realización. No obstante, este marco deberá adaptarse en el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2023/1791, lo que abre un escenario de revisión relevante.

En este contexto, uno de los principales retos será avanzar hacia un sistema más homogéneo y eficiente, superando las disparidades actuales en la gestión administrativa de las auditorías energéticas entre Comunidades Autónomas. La estandarización de criterios, la simplificación de los requisitos de comunicación y el desarrollo de herramientas digitales comunes serán elementos clave.

Asimismo, la transposición deberá abordar aspectos estructurales del sistema, como la identificación efectiva de las empresas obligadas -basada en datos de consumo fiables-, el mantenimiento de criterios de cobertura proporcionados y la mejora de la calidad técnica de las auditorías mediante requisitos más exigentes de cualificación o acreditación.

Otro punto crítico será la correcta articulación de las exenciones previstas en la Directiva, especialmente en relación con los sistemas de gestión energética certificados y los contratos de rendimiento energético, asegurando una aplicación viable y coherente con la realidad del mercado.

Por último, será necesario definir con mayor precisión el tratamiento de las medidas identificadas en las auditorías energéticas, combinando la activación de aquellas actuaciones con retornos inmediatos con mecanismos incentivadores para el resto, apoyados en instrumentos como los CAEs.

En conjunto, la transposición en curso representa una oportunidad para reforzar el enfoque del sistema: pasar del cumplimiento formal a la ejecución efectiva de proyectos de eficiencia energética.