Cogeneración 2026: año decisivo para un sector estratégico en retroceso

El año 2025 ha vuelto a confirmar una realidad preocupante para la industria y la energía en España: la cogeneración sigue perdiendo peso mientras espera, ya demasiado tiempo, decisiones regulatorias clave. No es una exageración hablar de un auténtico cogenicidio industrial, un término que resume con crudeza la destrucción progresiva de una tecnología estratégica por inacción regulatoria y aplazamiento injustificado de los marcos regulatorios necesarios responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

Lejos de ser un problema coyuntural, el declive de la cogeneración es estructural y acumulativo. En apenas un lustro, España ha pasado de generar el 12% de su electricidad con cogeneración a solo un 6%, reduciendo su producción de unos 29 TWh anuales a poco más de 15 TWh. En 2025, la producción eléctrica de la cogeneración ha caído un 6% adicional respecto a 2024, en línea con las previsiones y con el goteo continuo de cierres de instalaciones que ven alcanzar el final de su vida útil regulada sin la promulgación por parte del Gobierno de su prometido marco de renovación -y de inversión- que les permita seguir operando.

Desde 2019, la pérdida acumulada supera ya el 48% de la producción, una caída sin precedentes en una tecnología madura, altamente eficiente y plenamente alineada con los objetivos europeos de competitividad industrial, autonomía estratégica y transición energética competitiva, hoy pilares centrales de la agenda industrial de la Unión Europea.

Desde el año 2019, la producción de la cogeneración acumula una caída que supera el 48%.

La reducción de la cogeneración no es neutra ni desde el punto de vista energético ni desde el industrial. Cada megavatio que se apaga tiene efectos directos en la eficiencia del sistema energético, las emisiones, la competitividad de las empresas y la seguridad de suministro.

En términos de eficiencia, el retroceso acumulado de la cogeneración supone la pérdida de unos 14 TWh anuales de ahorro de energía primaria, equivalentes al 4% del consumo nacional de gas aproximadamente, por un valor estimado de unos 500 millones de euros anuales. Esta generación eficiente está siendo sustituida fundamentalmente por ciclos combinados, un 30% menos eficientes, que ya suponen el 17% de la generación eléctrica nacional.

El impacto ambiental es igualmente significativo. La desaparición de cogeneraciones eficientes se traduce en unos tres millones de toneladas adicionales de CO₂ emitidas cada año, un contrasentido en un contexto de objetivos climáticos cada vez más exigentes y de crecientes costes asociados al carbono.

Desde el punto de vista económico, la pérdida de cogeneración acontecida en este lustro implica una merma de unos 1.500 millones de euros anuales en ingresos energéticos de las industrias cogeneradoras, socavando gravemente su competitividad. Hablamos de industrias —alimentación, química, papel, cerámica, refino, entre otras— que producen en conjunto alrededor del 20% del PIB industrial español y sostienen más de 200.000 empleos directos, a las que se está privando de su principal herramienta de eficiencia, competitividad y descarbonización competitiva.

Finalmente, la seguridad de suministro se resiente de forma crítica. La parada de las cogeneraciones de estos cinco años ha provocado que España haya perdido una significativa generación de energía firme, síncrona y distribuida por todo el territorio que aportaba estabilidad y calidad al sistema desde las redes de distribución. Estamos hablando del equivalente a dos centrales nucleares, o lo que es lo mismo, al 30% de la producción nuclear nacional. El denominado “modo de operación reforzado” impuesto por el operador del sistema tras el histórico apagón nacional ha puesto de manifiesto los elevados costes adicionales e incoherencias asociados a políticas energéticas desequilibradas, como viene ocurriendo con el retroceso de la cogeneración.

En este contexto, 2025 ha sido, esencialmente, un año de transición y de tensa espera. El sector ha operado a la expectativa de que se materializara el marco de inversión mediante subastas para 1.200 MW de cogeneración, previsto en el PNIEC y comprometido por el Gobierno desde 2021.

Entre 2020 y 2025, alrededor de 150 plantas —unos 1.500 MW— han cerrado al alcanzar el final de su vida útil regulada, quedando a la espera de un marco de subastas cuya tramitación se inició formalmente en 2022 pero que, cuatro años después, sigue sin ver la luz. Mientras tanto, instalaciones técnicamente viables y estratégicas para procesos industriales esenciales se ven obligadas a parar por razones puramente regulatorias e ideológicas.

Si no se actúa con rapidez, entre 2026 y 2028 otras 60 instalaciones adicionales —unos 900 MW— alcanzarán el final de su periodo retributivo, causando aún más daño industrial, energético y territorial.

No todo en 2025 ha sido negativo, y conviene subrayarlo para ofrecer una visión rigurosa y de futuro. El año ha servido para constatar el buen funcionamiento del marco regulatorio a la operación establecido por la Orden TED/526/2024, aprobada en junio de 2024. Esta norma introdujo una metodología transparente y previsible basada en indicadores objetivos de mercado (OMIP, MIBGAS y CO₂), permitiendo a las industrias gestionar la operación de sus plantas con mayor flexibilidad.

A lo largo de 2025, este marco ha demostrado su eficacia en contextos muy distintos de precios de electricidad, gas y derechos de emisión, aportando estabilidad operativa y reduciendo la incertidumbre diaria de las plantas. Se trata de un ejemplo de regulación bien diseñada que debería consolidarse, no revisarse a la baja.

Sin embargo, esta certidumbre operativa contrasta con la preocupación vital generada por la propuesta de revisión de parámetros retributivos para el periodo 2026-2031, actualmente en tramitación, que introduce recortes estructurales injustificados en el marco de operación y amenaza la viabilidad económica del parque existente.

La propuesta de Orden del MITERD, conocida a finales de 2025, incluye un recorte inesperado de más de 250 millones de euros anuales, equivalente a una reducción del 25% de la retribución regulada de la cogeneración. Modifica criterios de costes que se venían aplicando desde 2014 y altera parámetros de la nueva metodología aprobada en 2024, degenerando el marco en vigor y abocando al cierre progresivo de la cogeneración en España.

La CNMC ha cuestionado expresamente estos recortes, señalando errores de cálculo y falta de justificación en aspectos clave, especialmente en el reconocimiento de los costes de CO₂. Si el MITERD mantiene la propuesta sin corregir antes de su publicación definitiva —prevista antes del 28 de febrero de 2026—, ACOGEN acudirá al Tribunal Supremo y recomendará a las empresas afectadas que valoren acciones individuales, abriendo un escenario de alta conflictividad jurídica que nadie desea.

En febrero de 2025 se reactivó formalmente la tramitación del marco de subastas para 1.200 MW de cogeneración. Desde entonces, el sector ha mantenido un diálogo técnico intenso con el MITERD, aportando propuestas y análisis para facilitar una convocatoria eficaz, competitiva y alineada con el marco europeo.

Este proceso ha puesto de manifiesto dos puntos de fricción relevantes. El primero, la pretensión de imponer un régimen obligatorio de autoconsumo con venta de excedentes, eliminando la libertad de las industrias para vender su electricidad al mercado, a terceros o autoconsumirla según sus necesidades productivas. El segundo, la intención de aplicar una metodología “nacional” de medición de la eficiencia distinta de la utilizada en el resto de la Unión Europea.

Ambos planteamientos deterioran la competitividad, introducen rigideces innecesarias y excluyen potencialmente a hasta el 60% de las empresas interesadas en invertir, precisamente cuando Europa reclama marcos estables para sostener su base industrial y energética.

A mitad de año, una encuesta de ACOGEN y COGEN España constató que más de 82 grupos empresariales, con 1.224 MW, manifestaban su interés firme en acudir a las subastas, respaldando inversiones superiores a 1.300 millones de euros. Sin embargo, en octubre de 2025 el director general de Política Energética y Minas anunció el aplazamiento de la convocatoria al primer semestre de 2026, prolongando de nuevo la incertidumbre, aunque reiterando el compromiso público de celebrarlas en ese periodo.

Con este balance, 2026 se perfila como un año decisivo. El sector no puede permitirse más demoras ni cambios de reglas de juego que erosionen la confianza inversora. Son tres las peticiones del sector al Gobierno para avanzar y revertir la degradación de nuestra tecnología, la más eficiente y competitiva para la industria intensiva en calor y, hoy en día, insustituible para muchas de ellas.

La primera es la convocatoria del marco de inversión mediante subastas para 1.200 MW de cogeneración, sin introducir exigencias adicionales que deterioren el marco actual y excluyan proyectos viables. El retraso acumulado ya ha provocado el cierre de cientos de instalaciones y amenaza con acelerar un proceso de desindustrialización silenciosa.

La segunda necesidad es la aprobación de una prórroga transitoria a la operación de las plantas hasta 2029. Los partidos políticos ERC, Junts, PNV y PP han impulsado en el Congreso diversas iniciativas para evitar la paralización de las cogeneraciones y permitir que continúen operando hasta poder concurrir a las subastas, pero todas han sido bloqueadas de forma reiterada por el Gobierno. La ampliación hasta 2029 resulta imprescindible dado el retraso acumulado de cuatro años de las subastas. Incluso con subastas en 2026, 2027 y 2028, los proyectos requieren entre dos y tres años de ejecución y sin esta prórroga, cientos de industrias quedarían fuera de juego antes de poder renovarse, con cierres de instalaciones de cogeneración, purines, olivar y valorización de residuos.

Y la tercera petición es evitar la erosión del marco de operación 2026–2031 mediante recortes injustificados que abran un largo y costoso escenario de litigiosidad.

La cogeneración sigue siendo hoy la tecnología más eficiente y competitiva para los procesos industriales que requieren simultáneamente calor y electricidad. No existe una alternativa técnica o económica equivalente en el corto plazo, ni capacidad suficiente de red para electrificar masivamente estos procesos. Además, la cogeneración es esencial para impulsar el uso de gases renovables e hidrógeno en la industria de forma eficaz y competitiva.

Renovar la cogeneración no es solo una cuestión sectorial: es una decisión estratégica para la industria, la energía y el país, coherente con los mensajes que España defiende en Bruselas sobre reindustrialización, competitividad y transición energética pragmática. Este 2026 debe ser el año en que España pase de la palabra a la acción. El compromiso del Gobierno con la cogeneración es inaplazable y, sobre todo, una decisión inteligente y conveniente para el futuro industrial y energético del país.