Un nuevo marco retributivo para el sector gasista y el futuro energético de España

Las infraestructuras gasistas son un pilar esencial del sistema energético nacional. Su papel ha quedado acreditado de forma reiterada, tanto en contextos de elevada volatilidad geopolítica como ante episodios de estrés operativo y climático. Un ejemplo reciente fue el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, en el que la robustez del sistema gasista y la flexibilidad del parque de ciclos combinados resultaron determinantes para la rápida recuperación total del suministro eléctrico.

Este episodio refuerza una evidencia que conviene no perder de vista: la seguridad energética no es una conquista definitiva. Se construye día a día sobre la base de una planificación rigurosa, una gestión eficiente y un esfuerzo inversor sostenido en el tiempo. Preservar activos estratégicos como las infraestructuras gasistas resulta hoy especialmente relevante en un contexto marcado por crecientes tensiones internacionales y por la necesidad de acometer una profunda transformación del modelo energético.

El gas natural sigue siendo un vector energético de primer orden en España. Representa más del 20% del consumo de energía primaria y vehicula una demanda anual superior a los 330 TWh, aproximadamente 1,3 veces la demanda eléctrica. El sistema gasista garantiza el suministro a cerca de ocho millones de hogares e industrias a través de una red de transporte y distribución de casi 100.000 kilómetros, con una capacidad de almacenamiento superior a los 30 TWh y siete plantas de gas natural licuado (GNL) que otorgan a España una de las mayores capacidades de regasificación de Europa.

Esta infraestructura no solo refuerza la seguridad de suministro nacional, sino que ha consolidado a España como un actor relevante en la seguridad energética europea, facilitando el envío de gas natural a otros Estados miembros tanto a través de interconexiones como mediante recargas de buques de GNL.

Especial relevancia adquiere asimismo el papel de los ciclos combinados como respaldo del sistema eléctrico. Con una potencia instalada de 26 GW, estas centrales aportan la flexibilidad necesaria para gestionar la creciente penetración de generación renovable, responder a rampas de potencia cada vez más exigentes y garantizar el suministro en situaciones de máxima demanda o eventos extremos.

Las redes gasistas están llamadas, además, a desempeñar un papel central en la integración de los gases renovables, en particular del biometano y, progresivamente, del hidrógeno renovable. El biometano ofrece una ventaja competitiva clara: su plena compatibilidad con las infraestructuras existentes permite descarbonizar los consumos actuales de gas natural sin necesidad de acometer costosas adaptaciones en redes o equipos. España cuenta con uno de los mayores potenciales de producción de biometano de Europa, lo que convierte a su integración en la red gasista en la opción técnica y económicamente más eficiente para avanzar en la descarbonización de usos domésticos e industriales, especialmente aquellos que requieren altas y medias temperaturas en sus procesos productivos.

La adaptación de las infraestructuras para integrar estos nuevos gases, junto con la digitalización y el refuerzo de la ciberseguridad, exigirá inversiones relevantes en los próximos años. Tecnologías como sensores avanzados, sistemas de trazabilidad, automatización y gestión de datos serán indispensables para garantizar la eficiencia, la seguridad y la resiliencia del sistema, en línea con las nuevas exigencias regulatorias europeas.

Sin embargo, este proceso inversor se enfrenta a un desafío significativo: el creciente desequilibrio entre los costes reales asumidos por los operadores y la retribución reconocida en el marco regulatorio vigente. El segundo período regulatorio (2021-2026) ha coincidido con uno de los entornos macroeconómicos más volátiles de las últimas décadas. Desde 2021, el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado supera el 21%, los precios industriales han aumentado más del 40% y el coste de la deuda corporativa se ha incrementado en torno a 300 puntos básicos.

En este contexto, la retribución reconocida a las actividades reguladas —transporte, distribución y regasificación— ha registrado una caída acumulada cercana a los 2.500 millones de euros, lo que supone una merma superior al 16% respecto al período regulatorio anterior. España se sitúa hoy entre los países europeos con menor rentabilidad relativa de las infraestructuras gasistas, evidenciando un desajuste estructural que el modelo vigente no estaba diseñado para absorber.

Mantener inalterados los parámetros retributivos en el próximo periodo regulatorio agravaría este desequilibrio y comprometería la capacidad del sistema para sostener las inversiones necesarias, tanto para el mantenimiento de la red existente como para la integración de los gases renovables y la adaptación tecnológica.

Garantizar una rentabilidad justa y razonable no es un objetivo corporativo ni un fin en sí mismo. Es una condición imprescindible para proteger activos estratégicos de los que depende la seguridad energética del país, generar confianza inversora y permitir una planificación a largo plazo coherente con los objetivos de política energética y climática.

Blindar la seguridad de suministro, consolidar la senda hacia la descarbonización, reforzar la autonomía energética mediante la integración de los gases renovables, sostener la competitividad industrial y garantizar un suministro asequible para familias y pymes forman parte de una misma ecuación. Resolverla exige un marco retributivo estable, predecible y alineado con los retos reales del sistema energético español y con la ambición de liderazgo de España en la Europa del futuro.