AEE presenta el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024

La energía eólica se ha consolidado como la primera tecnología del sistema eléctrico español y como uno de los principales motores económicos de la transición energética. Así lo refleja el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024, elaborado por Deloitte y presentado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que sitúa la aportación del sector en 3.274 millones de euros al PIB, más de 37.000 empleos y un papel clave en la seguridad energética y la reindustrialización del país. Sin embargo, el informe lanza también una advertencia clara: el actual ritmo de crecimiento es insuficiente y los cuellos de botella regulatorios amenazan con frenar una oportunidad estratégica para la economía española.

Según el estudio, presentado por el director general de la asociación, Juan Virgilio Márquez, el sector eólico aportó en 2024 un total de 3.274 millones de euros al PIB nacional, lo que equivale al 0,25% de la economía española, y genera más de 37.000 empleos, con un crecimiento del 4,7% interanual. Además, según recoge el informe, la eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.829 millones de euros, y redujo 30,8 millones de toneladas de CO₂, reforzando tanto la seguridad energética como la descarbonización.

El informe también recoge que en 2024 la eólica fue la primera fuente de generación eléctrica en España, con una producción anual de 59.378 GWh, lo que supone el 24% de la demanda eléctrica. La eólica, por tanto, ha contribuido a que la energía sea más barata y, por tanto, como aseguró Márquez “es un vector claro de competitividad”.

La potencia instalada alcanzó los 31.679 MW, tras la incorporación de 1.185 MW nuevos, manteniendo a España como segundo país europeo por capacidad eólica acumulada.

Pero España no solo es uno de los líderes en potencia instalada, sino que viene acompañada de una sólida base industrial. España se mantiene como el cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con unas exportaciones valoradas en 1.953 millones de euros, lo que refuerza el papel de la eólica como industria estratégica con proyección internacional. En este sentido, Juan Virgilio Marquez considera que “hay que conseguir que los fabricantes con base en España tengan también protagonismo a nivel mundial”.

Pese a estos resultados, el mensaje lanzado por la AEE durante la presentación del estudio es claro: el ritmo actual de despliegue eólico no es suficiente. El director general de la asociación, fue contundente al respecto: “Los datos demuestran que la eólica es un activo económico, industrial y ambiental de enorme valor para España. Es una tecnología confiable para la operación del sistema eléctrico y es la fuente de generación que el consumidor industrial necesita por su precio competitivo y perfil de generación estable. Pero el ritmo actual de crecimiento es insuficiente”.

El sector estima que España debería estar instalando cerca de 4 GW eólicos anuales, cuando en la práctica apenas se roza 1 GW. Las causas no se encuentran en la falta de capacidad industrial ni de interés empresarial, sino en los cuellos de botella regulatorios y administrativos, la inseguridad jurídica y la complejidad de la tramitación.

Actualmente, existen en España más de 10 GW de proyectos eólicos muy avanzados, con Autorización Administrativa de Construcción (AAC), que podrían entrar en operación antes de 2029. Sin embargo, 3 GW de estos proyectos están paralizados judicialmente en Galicia. Por comunidades autónomas, los mayores volúmenes de proyectos con AAC se concentran en Galicia (3,4 GW), Aragón (2,4 GW) y Castilla y León (1,9 GW), seguidas de Andalucía, Cataluña y Asturias.

A estos se suman 9,2 GW adicionales que ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental positiva, pero que aún no han obtenido la autorización de construcción. En paralelo, desde 2018 más de 17.000 MW de proyectos no han logrado avanzar o han tenido que renunciar, en su mayoría por no obtener informe ambiental favorable, afectando a 375 parques eólicos.

“La realidad es que por cada megavatio instalado, hay cuatro que no han llegado a término”, advirtió Márquez, quien reclamó coherencia administrativa y la aplicación efectiva del principio de Interés Público Superior para los proyectos eólicos, tal y como establece la normativa europea.

La implantación eólica tiene una clara dimensión territorial. Los parques están presentes en 868 municipios, el 11% del total de municipios españoles, ocupando apenas el 0,017% de la superficie nacional. Lugo, Las Palmas de Gran Canaria y La Coruña lideran el ranking provincial por número de instalaciones.

El 83% de la potencia eólica se concentra en cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. En 2024, las regiones que más potencia incorporaron fueron Castilla y León (550 MW), Aragón (246 MW) y Navarra (196 MW).

En términos de generación, Castilla y León encabeza el ranking con 12.198 GWh, seguida de Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. El empleo eólico, por su parte, se concentra principalmente en Galicia, País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Navarra, reflejando el peso industrial del sector en estas regiones.

La AEE identifica 2026 como un punto de inflexión para el futuro del sector y plantea varios ejes estratégicos. Entre ellos, destaca la aceleración de la electrificación de la demanda y avanzar en un mix energético de forma equilibrada, aumentando el ritmo de incorporación de la eólica al mix.

Otro de los grandes retos es el desbloqueo de la tramitación administrativa; y el impulso decidido a la repotenciación de un parque eólico maduro que necesita una segunda vida, desarrollando una Hoja de Ruta para lograr su dinamización.

Asimismo, el sector reclama reforzar la seguridad del sistema eléctrico, adaptando la normativa técnica para integrar más renovables con estabilidad.

Otro de los puntos destacados por Márquez es velar por la cadena de valor industrial eólica, apostando por el concepto ‘Made in and by Europe’, “que garantice un terreno de juego equilibrado ante la oferta de otros países como China que llegan con precios de derribo”, lamentó.

En cuanto a la eólica marina, Márquez considera que hay que explotar el potencial de la eólica marina como vector de crecimiento económico e industrial. Como explicó Márquez, incluso con una primera subasta en 2026, los primeros parques marinos no operarían antes de 2033, por lo que la falta de acción pone en riesgo tanto la creación de nuevos empleos como la supervivencia de la industria nacional ligada a la eólica flotante. “La eólica flotante será la tecnología del futuro y hay que estar allí”, afirmó.

A ello se suman la necesidad de fortalecer la aceptación social, combatir la desinformación y construir un marco regulatorio de protección de la biodiversidad equilibrado, coherente con la normativa europea y basado en criterios técnicos y jurídicos sólidos.