España ante el reto de garantizar un sistema eléctrico seguro y competitivo

La red eléctrica se ha visto sometida a un cambio estructural. La rápida integración de energías renovables, el crecimiento del autoconsumo y la desconexión progresiva de tecnologías convencionales han modificado la forma en que se genera y se distribuye la energía. Buena parte de la nueva capacidad instalada está conectada mediante electrónica de potencia, sin la inercia natural que aportaban las centrales convencionales: térmicas, hidráulicas y nucleares. Este nuevo modelo aporta sostenibilidad, pero también introduce una volatilidad que exige reforzar la regulación y la inversión.

Cuando varias plantas renovables reducen repentinamente su producción, el sistema debe reaccionar en fracciones de segundo. Si ese fenómeno se repite en distintos puntos, se producen oscilaciones de tensión que ponen a prueba la estabilidad de todo el sistema. En un contexto de alta concentración de generación en determinados nudos de la red, cualquier variación se amplifica. Por eso, es necesario ajustar los procedimientos de operación y reforzar los mecanismos de control.

Estas medidas son necesarias, pero insuficientes si no van acompañadas de una estrategia de fondo. España necesita una planificación energética que combine tres elementos clave: una red más robusta, un mix de generación equilibrado y un marco regulatorio que incentive la flexibilidad y el respaldo. Sin estos pilares, la transición energética corre el riesgo de convertirse en un proceso ineficiente y costoso para todos.

No debemos olvidar que las inversiones en energía tardan hasta 5 años e incluso más desde los primeros trámites hasta que se pone el primer “ladrillo”. A eso se le deben sumar, como mínimo, 2 años de construcción. Y para el retorno de la inversión… 15 a 30 años de operación. Es decir, las reglas del juego deben responder a criterios de políticas de Estado, de muy largo plazo, y no a coyunturas partidistas o electorales cortoplacistas.

El mix de generación debe diseñarse no solo pensando en la sostenibilidad, sino también en la seguridad. Un sistema basado mayoritariamente en fuentes intermitentes, sin respaldo suficiente ni almacenamiento, es un sistema vulnerable. La presencia de tecnologías gestionables, ya sea hidráulica, gas, biomasa o almacenamiento, sigue siendo esencial para garantizar que los mercados eléctricos funcionen con normalidad. De lo contrario, los operadores se verán obligados a mantener reservas de potencia constantes, encareciendo los servicios de ajuste y trasladando ese coste al consumidor final.

Lo cierto es que, si no se refuerza la estabilidad del sistema, la electricidad seguirá encareciéndose. Los costes de ajuste del sistema, los que garantizan el equilibrio entre generación y demanda en tiempo real, se han disparado. En muchas franjas horarias, mantener el sistema equilibrado cuesta más que producir la propia energía. Y cada euro adicional en esos servicios acaba reflejándose en la factura de hogares y empresas.

El mercado eléctrico necesita certidumbre para operar con eficiencia. Si las variaciones de tensión y los desequilibrios se repiten, Red Eléctrica se verá obligada a mantener altos niveles de reserva, lo que aumentará estructuralmente los costes. Y esos costes, lejos de ser temporales, pueden consolidarse si no se actúa con una visión de largo plazo. El riesgo de no hacerlo es doble: una pérdida de competitividad para el tejido empresarial y un deterioro de la confianza en la transición energética.

El Gobierno ha anunciado un aumento del 65% en la inversión en la red de transporte hasta 13.600 millones de euros, pero esa cifra debe gestionarse con visión estratégica. La prioridad no puede ser solo ampliar capacidad, sino garantizar que la red sea capaz de absorber las fluctuaciones del nuevo mix renovable. También es urgente acelerar la implantación del almacenamiento y promover la participación de la demanda para equilibrar el sistema de forma más flexible.

España cuenta con el conocimiento técnico y la infraestructura básica para desarrollar un sistema eléctrico robusto, sostenible y competitivo. Pero la transición energética no puede sostenerse sobre una red que funcione al límite ni sobre un mercado sometido a tensión permanente. La estabilidad del suministro no es un asunto secundario, es la condición imprescindible para que los objetivos climáticos y económicos sean compatibles.

El riesgo de apagón no es solo un problema técnico, sino un síntoma de un sistema que necesita actualizar de manera urgente su arquitectura de operación y regulatoria. Garantizar un sistema seguro y competitivo no depende de una medida puntual, sino de una estrategia coherente entre todos los agentes del sector. Y de largo plazo. Si no se actúa a tiempo, el mercado seguirá reflejando la tensión del sistema y las facturas cada mes lo seguirán recordando.