La sentencia del TSXG sobre A Ruña III reaviva la inseguridad jurídica del desarrollo eólico en Galicia
Las asociaciones y empresas del sector reclaman una interpretación jurídica estable y coherente que permita avanzar en el desarrollo de nuevas instalaciones sin la actual erosión legal y económica. “Galicia se ha convertido en un territorio donde la inversión en energía eólica no cuenta con seguridad jurídica”, advierten fuentes sectoriales, que cifran en miles los empleos y millones de inversión paralizados por la incertidumbre normativa.
La sentencia introduce además un nuevo argumento inesperado en la ya prolongada tramitación judicial de los parques eólicos en la comunidad: la obligatoriedad de tramitar conjuntamente el parque y su línea de evacuación. Sin embargo, cuando A Ruña III fue presentado, la legislación gallega permitía tramitar ambos elementos por separado, y el proyecto ya incluía un análisis de los efectos sinérgicos con la línea de evacuación existente, así como con otros parques de la zona.
El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en casos similares avalando este tipo de tramitaciones, y el propio TJUE de Luxemburgo ha respaldado los procedimientos ambientales seguidos en Galicia. Pese a ello, el TSXG exige retramitar un proyecto ya autorizado y con línea de evacuación en funcionamiento, lo que para el sector supone un grave precedente.
Otro de los argumentos de la sentencia —la proximidad a zonas Red Natura, situadas a más de 4,5 kilómetros— también había sido evaluado en la autorización ambiental. Los promotores recuerdan que el órgano ambiental, con competencia técnica y científica, no habría emitido una declaración positiva si existieran riesgos no mitigables o incompatibles con la conservación del entorno.
El impacto económico de la judicialización del sector en Galicia es considerable: cada año de retraso implica la pérdida de 2.750 empleos y más de 6.300 millones de inversión. Además, el bloqueo amenaza con desplazar industrias electrointensivas hacia otras comunidades, restando competitividad e impidiendo la creación de empleo industrial en territorio gallego.
Pese al contexto adverso, el sector reitera su compromiso con Galicia, donde la eólica cuenta con una amplia cadena de valor y una sólida implantación industrial. “Queremos seguir generando valor, empleo e innovación en los municipios rurales, pero necesitamos avanzar con certezas”, señalan desde la industria.
En un momento en que España se ha comprometido a acelerar el despliegue de las renovables como eje de competitividad y descarbonización, la inseguridad jurídica se perfila como el principal obstáculo para el crecimiento ordenado y sostenible de la energía eólica, primera tecnología del mix eléctrico nacional.
