Las medidas retroactivas de limitación de la actividad industrial fotovoltaica provocan alarma financiera
Una encuesta realizada en el último trimestre del 2010 por la firma independiente Opinion Researh Bussiness, recientemente desvelada, arroja datos interesantes sobre el impacto que tendría en la confianza de los inversores y en el riesgo país la aplicación, por parte del Gobierno de España, de medidas retroactivas en relación con la retribución (tarifa – horas) que regula la producción de energía eléctrica por medios fotovoltaicos bajo el régimen del Real Decreto 661 (95,5% de las plantas fotovoltaicas instaladas en España).
La encuesta ha sido realizada a personas de alta cualificación profesional y de capacidad de decisión sobre le gestión de inversiones extranjeras en España, pues son: gestores de activos, bancos de inversiones, banca comercial, fondos de inversión y agencias de calificación.
Los resultados indican que más del 76% de los encuestados reconoce que los cambios retroactivos serían un movimiento insensato por parte del Gobierno en un momento en que necesita la confianza de la comunidad inversora nacional e internacional.
Asimismo, el 74% de los encuestados destaca que el Gobierno español no será un Gobierno de confianza si realiza estos cambios retroactivos.
Por su parte, el 40% señala que requerirían algún tipo de seguro antes de invertir en España de nuevo y el 23% que ningún seguro sería capaz de ofrecer la seguridad suficiente, así que no volverían a creer en este Gobierno de nuevo.
Los resultados de la encuesta también indican que los inversores se muestran abrumadoramente de acuerdo en que un cambio retroactivo aumentaría el riesgo de invertir en toda clase de activos españoles. En concreto, este riesgo percibido en el caso de las utilities se eleva en un 80%, un 74% para los sectores regulados, un 63% para los bancos, un 54% para los bonos españoles y un 63% para el equity (capital).
Entre el 36 y el 48% de los encuestados declara que un eventual cambio retroactivo reduciría su exposición a corto plazo al conjunto de activos españoles. El sector más afectado sería el de las utilities (el 48% de los encuestados señala que reduciría su exposición a este tipo de operaciones)
Aproximadamente el 30% de los encuestados declara que reducirá su exposición a activos españoles a largo plazo (más de 12 meses) si los cambios retroactivos llegan a producirse. Esta tendencia es mayor en los sectores regulados (34%), seguidos del mercado de bonos (31%), las utilities (30%), los bancos españoles (30%) y el equity en general (28%).
El 57% de los encuestados considera que el impacto que tal medida podría tener en los bancos españoles podría desestabilizar el resto de la economía, mientras que el 89% de los encuestados señala que exigirá una prima riesgo adicional en todas las clases de activos españoles para compensar los riesgos adicionales de naturaleza normativa. El activo al que los encuestados exigirían mayor prima de riesgo sería el de las utilities (87%), seguido de los bancos (85%) y el sector regulado (74%).
Por último, se revela que los encuestados declaran que buscarán mayores retornos para las inversiones en España -si el cambio con carácter retroactivo se llega a aplicar- incluyendo el aumento del siguiente promedio en las primas de riesgo: 0,87% para las utilities españolas; 0,85% para los bancos españoles; 0,74% para otros negocios regulados; 0,83% para el equity español; 0,63% para los fondos soberanos españoles (incrementando casi en 4.000 millones de euros el conjunto de la deuda soberana española).
