Los renovables denuncian las nuevas medidas que llevarán a la quiebra del sector

Durante la mañana del 17 de julio la asociación de las renovables, ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR y UNEF, estas se reunieron en las asociaciones de la Prensa de Madrid para denunciar los nuevos cambios que sufrirá el sector eléctrico. Estos cambios traerán consigo la quiebra de numerosos inversores, quienes deberán de entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras, pues no podrán afrontar la deuda.

Después de meses de incertidumbre, combinado con una ausencia de diálogo, el Gobierno ha publicado el Real Decreto – Ley 9/2013 cuyo contenido afecta de forma retroactiva al sector de las energías renovables. La nueva legislación dispone un esquema de retribución que sustituye de forma radical al anterior. Estableciendo un modelo basado en garantizar la denominada rentabilidad razonable en función de parámetros que hasta el momento son desconocidos. Con esto el Gobierno ha calculado que los ingresos se verán reducidos en 1.300 millones de euros.

Este ajuste de importante magnitud, el 15% de los ingresos de régimen, especial llevará a la quiebra a numerosas instalaciones, pues no podrán devolver los créditos contraídos con entidades financieras teniendo los propietarios que entregarlas, así como las garantías que las respaldaban.

Las asociaciones denuncian este proceso, pues consideran que no se ha tenido en cuenta la situación, calificándolo como una expropiación encubierta. Según palabras del propio José Miguel Villarig, presidente de APPA, “el sector de las energías renovables se siente engañado, defraudado…no se puede llevar a cabo una improvisación en un espacio de tiempo tan breve para un sector que requiere inversiones a largo plazo”. Se trata de mecanismo de improvisación constante, como usted gano más ya me encargaré yo de que ahora gane menos”. Toda esta normativa solo tiene vigencia en lo que al sector de las renovables se refiere quedando al margen un sector regulado como es el de la distribución y el transporte. El Gobierno en estos momentos está empezando a tener consciencia de cómo el sector regulado están introducidos costes que nada tienen que ver con la producción eléctrica, puesto “se ha hecho política de vertebración territorial, social y todo este coste esta introducido en costes regulados. Da pena en un país que ha sido en pionero renovables a nivel Europeo”, sostiene Villarig.

José Donoso, presidente de UNEF, declara su disconformidad total con el proceso porque no se ha contado con las asociaciones del sector. Se tiene que llevar a cabo con el dialogo y consenso. “Se trata de una reforma ideológica y recaudatoria. La deuda del sector se resume en 200.000 millones de euros la, mitad del rescate bancario”.

La llamada “rentabilidad razonable”

El gobierno con esto quiere indicar como establecerá una “rentabilidad razonable” del 7,5%, ligada a las Obligaciones del Estado y a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos. Para ello realiza un ejercicio de abstracción mental, puesto que esa rentabilidad se ha calculado antes de impuestos y sólo la podría obtener, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 9/13 una, “empresa eficiente y bien gestionada”.

Aplicando los impuestos, la rentabilidad real se quedaría en el orden del 5%, muy por debajo de lo que ofrecen productos financieros más seguros. E incluso puede ser menor, dependiendo de los estándares de inversión y explotación que fije el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por la gran variedad de instalaciones.

Las asociaciones denuncian el nuevo esquema retributivo, pues lo consideran altamente discrecional, porque desliga la retribución de la producción eléctrica, desincentiva la eficiencia y anula la importancia de las labores de operación y mantenimiento.