El COAM y la Comunidad de Madrid presentan el borrador de la nueva Ley de Suelo a los arquitectos

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la Comunidad de Madrid han presentado hoy las principales líneas de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), conocida como nueva Ley de Suelo, en una jornada dirigida a profesionales del sector. La normativa busca unificar y agilizar la gestión del suelo y la planificación territorial mediante instrumentos más eficientes como los Planes Estratégicos Municipales (PEM), reduciendo la burocracia y ofreciendo seguridad jurídica para desbloquear proyectos y facilitar el desarrollo urbano sostenible en la región.

Jornada informativa para presentar a los arquitectos las principales líneas de actuación de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER).

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la Comunidad de Madrid celebraron el 12 de febrero una jornada informativa destinada a presentar a los arquitectos las principales líneas de actuación de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), conocida como la nueva Ley de Suelo. En el marco de la iniciativa Madrid2050, la sesión detalló los aspectos clave de la normativa urbanística, que busca unificar y agilizar la gestión del suelo y la planificación territorial, reducir la burocracia y poner en marcha instrumentos más eficientes como los Planes Estratégicos Municipales (PEM), con el objetivbo de desbloquear proyectos y garantizar seguridad jurídica en la región.

El decano del COAM, Sigfrido Herráez, subrayó durante la presentación que, para acoger a los tres millones de personas que se prevé habiten en la Comunidad de Madrid en 2050, resulta imprescindible que la ley se apruebe y facilite el acceso al suelo necesario. Según Herráez, “el trabajo de los arquitectos depende directamente de la aprobación de la ley y de los planes estratégicos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Sin territorio no hay ciudad”.

Durante su intervención, Herráez hizo un llamamiento ante la directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Sara Aranda, el subdirector general de Urbanismo, David González, y la subdirectora general de Cooperación y Asistencia Urbanística al Municipio, Marta Callejón, sobre las declaraciones responsables y la responsabilidad de la Administración. Según señaló, “la declaración responsable no puede servir para no tener responsabilidad a los diez años como tenemos los arquitectos en nuestros proyectos. Es importante ese llamamiento a facilitar las cosas, hacerlas mucho más accesibles y rápidas, pero no perdiendo seguridad jurídica”.

Por su parte, la directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Sara Aranda, destacó que “estamos en un momento óptimo para poder hacer un cambio que facilite los próximos diez años de la Comunidad Autónoma” y defendió la necesidad de avanzar hacia “un urbanismo flexible en relación con los usos”, de manera que “el uso complementario, el asociado o de la alternativa puedan cambiar en función de las necesidades sobrevenidas” sin la obligatoriedad de acudir a la modificación de un instrumento de planeamiento, tal como prevé la nueva ley.

El anteproyecto de ley establece un nuevo marco normativo para la ordenación del territorio y la actividad urbanística en la Comunidad de Madrid. La normativa configura una estructura administrativa que prioriza el desarrollo sostenible, la transparencia informativa y la colaboración entre el sector público y privado. Entre sus principales pilares se incluyen la creación de los Planes Estratégicos Municipales (PEM) y la regulación de figuras como los Proyectos de Alcance Regional, orientados a dinamizar la actividad económica en la región.

Asimismo, la ley define de manera precisa los regímenes jurídicos del suelo y los mecanismos de expropiación forzosa. El texto simplifica los trámites mediante el uso de declaraciones responsables y refuerza la disciplina urbanística para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad.

En conjunto, el anteproyecto busca modernizar la gestión del territorio madrileño mediante procesos más ágiles, predecibles y adaptados a las exigencias ambientales actuales. Como novedad estructural, la ley reduce el catálogo de planes a dos instrumentos autónomos: el Plan Estratégico Municipal, destinado a la planificación a largo plazo, y el Plan Ejecutivo, único habilitado para la transformación del suelo, clasificado en tres categorías: urbanizado, rural protegido y rural no protegido.

La normativa también garantiza apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos, permitiendo a los municipios de menos de mil habitantes aplicar estándares dotacionales flexibles adaptados a su entorno. Además, se reconoce la regeneración urbana como una actuación prioritaria para la rehabilitación de tejidos urbanos degradados.

Sigfrido Herráez, decano del COAM y Sara Aranda, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

Para agilizar la actividad económica, el anteproyecto de ley refuerza el uso de la declaración responsable y potencia la intervención de Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU). La gestión territorial se moderniza mediante la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y drones. Además, el Jurado Territorial de Expropiación funcionará como árbitro técnico independiente para la fijación del justiprecio.

Durante la intervención Aranda, destacó que el Gobierno autonómico viene impulsando iniciativas legislativas orientadas a simplificar procedimientos y reducir la burocracia. Entre ellas mencionó la Ley 3/2024, de medidas urbanísticas para el fomento de la vivienda protegida, y la Ley 7/2024, de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, que permite la elaboración de planes estratégicos municipales.

La directora general de Urbanismo del gobierno regional anunció también que la nueva ley introduce la figura del acompañamiento técnico, destinada a proporcionar a los pequeños municipios los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la viabilidad de su planeamiento. Esta medida incluirá la elaboración de estudios previos, la gestión de informes sectoriales y la tramitación ambiental, asegurando la viabilidad jurídica y técnica de los planes municipales.