Las empresas instaladoras reclaman participar en la política energética
Las empresas instaladoras desempeñan un papel estratégico en el desarrollo industrial, energético y tecnológico de la Comunidad de Madrid. Bajo esta premisa, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, Agremia, defiende el reconocimiento de esta actividad, así como el impulsar la competitividad de las empresas y trasladar a las administraciones las necesidades de un sector esencial para la transición energética.
Uno de los avances más relevantes dentro del sector de energía es el reconocimiento expreso de la servindustria en el próximo Plan Industrial de la Comunidad de Madrid. Se trata de una reivindicación defendida por Agremia y Apiem, con el apoyo de Ceim y Aecim, para visibilizar el peso de las empresas de servicios industriales y su contribución a la economía madrileña.
La falta de profesionales cualificados constituye uno de los principales desafíos para las empresas instaladoras, en todas sus especialidades de gas, calefacción, climatización, fontanería y energías renovables, encontrando dificultades para cubrir determinados perfiles mientras crece la demanda de técnicos especializados.
Asociaciones como Agremia llevan años trabajando ante esta situación para recuperar el valor de los oficios y facilitar el relevo generacional. Entre las iniciativas de esta corporación destaca Creando Cantera, un proyecto orientado a recuperar la figura del aprendiz y acercar las profesiones técnicas a las nuevas generaciones.
La asociación también participa en FYP Madrid, una plataforma que facilita la gestión de las estancias formativas de Formación Profesional (Grados D) y permite a las empresas incorporarse de forma sencilla y acompañada a la formación de los futuros profesionales. Esta herramienta ayuda a conectar las necesidades de talento de las compañías con el sistema educativo y ofrece información, orientación y apoyo en un único espacio.
La agrupación señala como indispensable el refuerzo de la orientación académico-profesional desde edades tempranas para dar a conocer las oportunidades laborales que ofrece el sector. Las instalaciones y la energía proporcionan salidas profesionales estables, con perspectivas de desarrollo y una creciente demanda de personal cualificado.
La transición energética es otro de los ámbitos en los que Agremia defiende una mayor participación de las empresas instaladoras. Su conocimiento técnico y su contacto directo con las necesidades energéticas de hogares, edificios y empresas las convierten en actores imprescindibles para trasladar los objetivos de descarbonización a soluciones reales y eficientes.
Agremia impulsa iniciativas dirigidas a materializar ese potencial. Es el caso de Ahorra con CAEs, un proyecto que promueve la eficiencia energética a través del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) y facilita el desarrollo de actuaciones que contribuyen a reducir el consumo, entre ellas soluciones como la aerotermia. Esta iniciativa ha sido premiada recientemente con el I Premio Medioambiente de la Comunidad de Madrid en el apartado de Energía.
La asociación defiende que la descarbonización debe avanzar de la mano de la competitividad, con un marco regulatorio estable, neutralidad tecnológica y seguridad de suministro. Para ello, considera esencial que las políticas públicas tengan en cuenta la experiencia de los profesionales que ejecutan las instalaciones y hacen posible la implantación efectiva de las nuevas tecnologías.
La simplificación administrativa forma parte de las líneas de trabajo de Agremia. El incremento de los costes laborales y energéticos, las obligaciones regulatorias y las dificultades para encontrar profesionales cualificados suponen importantes retos para la actividad empresarial. En este contexto, resulta prioritario para el sector reducir las cargas burocráticas innecesarias, extender el uso de la declaración responsable cuando sea posible y avanzar hacia una regulación más sencilla.
A través de una mejora en la agilización de los trámites administrativos, se permite a las empresas instaladoras ganar competitividad, dedicar más recursos a su actividad productiva y afrontar nuevas inversiones. De igual forma, una reforma de la administración contribuiría a acelerar la renovación de las instalaciones y la incorporación de soluciones más eficientes y sostenibles.
