La sustitución obligatoria de contadores de agua antiguos entra en su recta final
El calendario establecido por la Orden Ministerial ICT/155/2020 entra en su fase definitiva. La normativa, en vigor desde el 24 de octubre de 2020, otorgó un plazo de cinco años para sustituir los contadores de agua fría y caliente que superaran los 12 años de antigüedad, tanto en viviendas como en locales, comunidades de vecinos y otras instalaciones. Ese plazo finaliza de forma oficial el próximo 24 de octubre de 2025, a partir del cual estos dispositivos deberán haber sido retirados o verificados conforme al procedimiento metrológico reglamentario. Las asociaciones del sector han emitido recordatorios formales en los últimos meses sobre el vencimiento del plazo, pidiendo a los profesionales a actuar con previsión.
La exigencia aplica a todos los equipos que midan consumos de agua limpia y afecta tanto a contadores individuales como a instalaciones colectivas. La norma no contempla la reparación de equipos antiguos ni su uso más allá del límite de vida útil, salvo que se haya realizado una verificación técnica conforme a los criterios del Apéndice III de la propia orden. En ausencia de dicha verificación, la única opción legal es la sustitución del contador por uno nuevo homologado.
La responsabilidad de ejecutar el cambio recae sobre el titular del contador, ya sea un propietario individual, una comunidad de vecinos o una empresa suministradora del servicio. En edificios con contadores comunes o baterías de medición, corresponde a la comunidad organizar los trabajos de renovación, normalmente a través del administrador de fincas y con la intervención de empresas instaladoras habilitadas. En los casos en que los contadores sean propiedad de la empresa de aguas, será esta quien deba proceder al reemplazo dentro del plazo reglamentario.
Las autoridades competentes en materia de metrología —en general, las comunidades autónomas— serán las encargadas de velar por el cumplimiento de la norma y aplicar, en su caso, las sanciones contempladas en la Ley 32/2014 de Metrología. Esta ley califica como infracción el uso de instrumentos de medida fuera de plazo y prevé multas de hasta 5.000 euros por equipo, en función de la gravedad del incumplimiento.
A lo largo de los últimos meses, entidades del sector como la Confederación Nacional de Instaladores (Conaif) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores (CNI) han remitido notas técnicas y circulares informativas a sus asociados recordando la obligación de sustituir todos los contadores que superen los 12 años de servicio antes del vencimiento legal. Ambas organizaciones profesionales han insistido en la importancia de que los instaladores comuniquen esta exigencia a sus clientes —particulares, comunidades y empresas— y planifiquen las actuaciones con la suficiente antelación.
Los avisos subrayan que una parte importante del parque de contadores afectado sigue aún operativo y que posponer las intervenciones para el último trimestre del año podría generar cuellos de botella en la cadena de suministro, así como sobrecarga de trabajo para instaladores y distribuidores. Las asociaciones también recomiendan aprovechar la renovación para instalar equipos con lectura remota y mayor precisión, contribuyendo así a mejorar la eficiencia global del sistema de medición y reparto de consumos.
Ventajas operativas y cuenta atrás
Desde el punto de vista técnico, la sustitución no implica obras ni modificaciones estructurales, pero sí exige la participación de empresas habilitadas que certifiquen la conformidad de los nuevos equipos. La actualización tecnológica supone, además, una mejora directa para los usuarios, que pueden acceder a mediciones más fiables, facturación ajustada al consumo real y detección temprana de fugas o consumos anómalos.
Con apenas tres meses por delante, las comunidades y propietarios que aún no hayan verificado la antigüedad de sus contadores deben hacerlo sin demora. Los expertos del sector destacan que el cumplimiento de esta obligación no solo evita sanciones, sino que refuerza la calidad del servicio, reduce las pérdidas y mejora la transparencia en el reparto de costes de agua en edificios plurifamiliares.
