El potencial de la FIMA y de la agricultura
La digitalización de la agricultura es un hecho y así se constata en FIMA, una de las ferias de maquinaria agrícola más importantes del calendario internacional, que convierte a Zaragoza en el epicentro del desarrollo tecnológico más innovador, del 25 al 29 de febrero. Pero la digitalización solo será útil si es útil para nuestros agricultores. La apuesta del Gobierno de Aragón es la de proteger la agricultura familiar, el modelo que hoy por hoy conocemos y que hace posible que se mantengan vivos nuestros pueblos. Por lo que es absolutamente necesario que la agricultura familiar no quede excluida del proceso de digitalización.
Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se está trabajando en la Ley de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón. La nueva ley debe garantizar que la gestión del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, así como el apoyo público a la mejora de las estructuras agrarias (regadíos, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, concentración parcelaria) se apliquen en favor del modelo familiar y no de cualquier otro.
Es imperativo que el sistema agroalimentario, incluida la política pública que lo apoya, reconozca y apueste por el modelo familiar agrario atendiendo a sus valores sociales, territoriales y ambientales. También, por las garantías de sostenibilidad que ofrece para afrontar el reto alimentario global, derivado del crecimiento demográfico y de la reducción de la pobreza, así como para luchar contra la despoblación y el desequilibrio territorial que sufren territorios como Aragón.
El modelo familiar agrícola no sólo no excluye la adopción de criterios empresariales, sino que su desarrollo hace imprescindible adoptarlos. Lo que resulta ajeno al modelo familiar es la aplicación masiva de capitales, desvinculados del territorio, con fines estrictamente financieros. Y en este contexto también se hace necesario modificar la ley de la cadena alimentaria, de forma que se obligue a incluir el coste de producción como como factor para establecer los contratos agrarios. Se trata de que se ponga en valor el trabajo de los agricultores y ganaderos tanto desde el punto de vista económico como de reputación social.
En esta misma línea gira la propuesta de reforma de la PAC defendida desde Aragón, no está en peligro la agricultura, están en peligro nuestros agricultores. Los 500 millones de euros que recibe nuestra Comunidad de la Política Agraria Común deben de ser aplicados de una forma más justa y eficaz. Se deben dejar de aplicar en base a derechos individuales y referencias históricas, sin tener en cuenta la renta de los beneficiarios, ni sus condiciones de profesionalidad, dimensión y productividad.
El sistema vigente supone una grave obstrucción para el rejuvenecimiento del sector mediante la incorporación de jóvenes y de la mujer, para el acceso a la tierra y la lucha contra la despoblación, para la eliminación de los agravios territoriales existentes, así como para el logro de la equiparación de la renta de los agricultores, que más dependen de la agricultura y que configuran el modelo familiar, a la del resto de sectores. La agricultura es un sector clave en el futuro en Aragón y en el mundo, tal como queda patente en esta FIMA, una de las más importantes del calendario internacional.
