La unión de los productores, un proceso delicado en el nuevo escenario lácteo

La búsqueda de la estabilidad del sector lácteo ha estado definida por la lentitud y la complejidad, desde que en 2009 los ganaderos y los industriales se comprometieron a generalizar el uso de los contratos homologados. En estos dos años ha ganado la negociación colectiva para solucionar sus diferencias, pero los productores han seguido reclamando a las empresas que eleven los precios de la leche y han insistido en proclamar su indefensión ante los demás eslabones de la cadena.

En este sentido, una de las prioridades de las autoridades europeas para colaborar a mejorar esta situación ha sido posibilitar que los ganaderos se unan a través de organizaciones de productores para negociar colectivamente los precios y reforzar su posición frente a las empresas.

El Gobierno adaptó esta propuesta de Bruselas a través de un Real Decreto, publicado el 1 de abril de este año, que recoge cómo se aplicará la contratación en España en el marco del nuevo reglamento comunitario. No obstante, la aplicación de contratos para la leche cruda en el territorio nacional será obligatoria cuando se produzca la modificación del Reglamento comunitario por el que se crea una Organización Común de Mercados (OCM) agrícolas. También estará sujeta a dicha modificación que las agrupaciones de productores puedan participar en la negociación de los contratos.

Y será este punto uno de los más complicados de aplicar, ya que la Comisión Nacional de la Competencia no estaba de acuerdo con la posibilidad de que estas entidades negocien, en nombre de sus miembros, los términos de estos contratos, y ha precisado que la entrada en vigor del Real Decreto español tendría que retrasarse hasta que la reforma comunitaria fuese efectiva. Modificación que aún no se ha producido, pese a que se preveía que estaría lista para este año.

De momento, los ganaderos y los industriales avanzan en el establecimiento de contratos (en vigor ya 5.791, a 20 de octubre de 2011) -aunque todavía no son obligatorios-, pero los pasos son muy lentos en la creación de las organizaciones de productores.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias han apuntado que la legislación “deja muy confusa” cuáles son sus funciones y cómo van a operar, por lo que temen que puedan convertirse más en entidades de concertación, lo que sería similar a una interprofesional (y ésta no puede negociar precios), que de concentración de la oferta, “que es realmente la idea”. A su juicio, “la propia dinámica de la normativa” y las “distintas interpretaciones” han provocado el retraso de la constitución real de estas organizaciones.
Desde el sector subrayan que en lo que sí que se ha avanzado es en la elaboración por parte del Gobierno de un proyecto de Orden que regulará el registro de estas organizaciones.