Frente a la crisis

Agricultores argentinos realizan propuesta

MORALES, JORGE28/05/2001

28 de mayo de 2001

Un documento conjunto de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), fue presentado en la sede de CRA por los presidentes de las tres asociaciones, Manuel Cabanellas, Eduardo Buzzi y Mario Raiteri, respectivamente.
La propuesta señala como objetivo 'crear las condiciones para lograr la recuperación del sector con crecimiento y equidad en la distribución del ingreso'.
Asimismo, postula el arraigo de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, en su mayoría familiares y asociaciones económicas que la componen dentro de un marco creciente de la producción y las exportaciones agropecuarias con mayor calidad, valor agregado y preservación de los recursos naturales.
Por la importancia de la producción agropecuaria y su aporte a la formación del Producto Bruto Interno (PBI) debe otorgarse rango ministerial a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
En materia financiera, las entidades reclaman la liberación de encajes por parte del Banco Central con destino específico al financiamiento agropecuario con traslado de los menores costos de las entidades bancarias a favor de los usuarios del crédito.
Postulan, también, la creación de un Fondo Fiduciario para incorporar al sistema financiero a los productores que hoy no son sujetos de crédito, por falta de garantías y situaciones irregulares en cuestiones bancarias, comerciales, impositivas y previsionales.
Reclaman una refinanciación de pasivos generalizada, a nivel de todo el sistema financiero, para el sector, a partir del recálculo previo de la deuda. La letra gruesa de la reprogramación deberá contemplar una plazo no inferior a los 20 años, a una tasa de interés Libor más dos puntos, incluyendo en estos servicios los gastos de administración bancaria. El monto máximo a refinanciar no podrá exceder los 500 mil pesos en origen.
Respecto a la composición tributaria, el sector afirma que debe regirse por el principio de no discriminación entre los sectores productivos. Para aliviar la actual presión impositiva, reclaman la elevación a un millón de pesos el mínimo no imponible para el impuesto a las Ganancias para las pequeñas y medianas empresas del sector con mecanismos de desgravación anticipada para nuevas inversiones.
Asimismo se cuestiona el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) de 'fuerte impacto negativo en las economías regionales y para los servicios de transporte de cargas agropecuarias'.
Los productores solicitan el mantenimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como organismo rector en materia de investigación aplicada a la generación, adaptación y transferencia de tecnología. Es necesario asegurar del mejor modo posible la imprescindible asignación de recursos a este instituto, con independencia de los vaivenes de la política presupuestaria del Estado y la devolución de su autarquía, como 'el mecanismo más efectivo para asegurarlo'.
También postula 'la urgente reestructuración del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que cumpla adecuadamente sus funciones cada vez más necesarias en función de las condiciones exigidas en el contexto de la competitividad internacional'.
Otra propuesta es modificar la legislación para 'reestructurar, fortalecer y ampliar la empresas cooperativas y asociativas agropecuarias', para reducir el costo de los servicios que reciben los productores y fortalecer su capacidad de negociación.
La armonización de las propuestas entre las tres entidades, que condujeron el paro agropecuario nacional en octubre del año pasado, demandó un largo proceso de discusión que dio resultados parciales, pues el documento exhibe un anexo que sólo cuenta con la aprobación de FAA y Coninagro.

En ese apartado se plantea la formación de un 'organismo privado de derecho público' que contemple la participación del Estado como auditor y eventualmente con aportes de recursos para la promoción de los productos agropecuarios y la apertura de nuevos mercados.
El ente, que está orientado a reducir los riesgos de mercado y apuntalar la estabilidad de los precios, sólo debe administrar y orientar el destino de los fondos que aportaría el Estado y serían recaudados de la actividad privada con aceptación de los contribuyentes.

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