Cepesca pide al próximo gobierno más entidad y presencia en las administraciones española y europea para el sector pesquero
El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha remitido a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones del 23 de julio, un decálogo de propuestas que, a su juicio, debe impulsar el nuevo Gobierno. El sector cree que ha llegado el momento de que España “realmente” reconozca la importancia de su pesca y, por lo tanto, respaldarla y apoyarla de manera acorde a su labor y contribución, más aún, teniendo en cuenta los cambiantes escenarios geopolíticos globales.
Según el sector, el nuevo Ejecutivo que nazca de las urnas debe considerar la labor estratégica de la actividad pesquera como suministrador de un alimento clave para la salud y la seguridad alimentaria del país, su contribución económica, social, cultural y gastronómica, en especial en las regiones costeras y su condición de líder de la actividad pesquera en Europa. Esta posición, se apunta en el documento, es precisamente la que le ha convertido en uno de los sectores económicos que mayor esfuerzo de transformación ha acometido durante los últimos años para adaptarse a las exigencias derivadas de la Política Pesquera Común (PPC) y de los que más ha avanzado en la sostenibilidad medioambiental.
Así, en su decálogo de propuestas, Cepesca plantea, en primer lugar, la creación de un Ministerio del Mar que agrupe todas las actividades implicadas en la economía azul y coordine y gestione todo lo relacionado con la pesca y los asuntos marítimos entre los distintos ministerios. En su defecto, el sector pesquero solicita que se eleve el rango de esta actividad a través de una nueva Secretaría de Estado de Pesca. Así mismo, reclama que España, como primera potencia pesquera de la UE, tenga un mayor peso en las instituciones europeas, sobre todo en la DG MARE de la Comisión Europea, apoyando a los funcionarios españoles para que ocupen puestos de responsabilidad con el fin de que la Comisión Europea sea más sensible con las peculiaridades de la pesca española.
Por otro lado, para Cepesca es fundamental que el gobierno de España trabaje con el resto de los gobiernos de los Estados miembros de la UE para que la próxima Comisión Europea priorice la apuesta por la soberanía alimentaria y que, para ello, unifique la pesca, la agricultura, la ganadería y el medio rural bajo un mismo Comisario, tal y como ocurre en el Consejo de Ministros de la UE.
Para Cepesca, promover el consumo de alimentos saludables, apostando por una fiscalidad saludable, debe ser una prioridad del nuevo Gobierno, más todavía en el contexto actual de inflación. Por ello propone la total eliminación del IVA, de forma permanente, para los productos pesqueros, una medida que supondría menos de 500 millones de recorte de ingresos para el Estado frente a los 14.000 millones de euros anuales que cuestan al Sistema Nacional de Salud las enfermedades relacionadas con la mala alimentación.
El decálogo incluye además propuestas para potenciar la carrera profesional marítimo-pesquera y conseguir atraer a los jóvenes al sector de la pesca, atajando la escasez de tripulantes y la falta de relevo generacional, el problema más grave que viene padeciendo el sector en estos últimos años. En esta misma línea, Cepesca insta a agilizar el procedimiento de contratación de tripulantes extranjeros en la flota, flexibilizando los trámites administrativos, facilitando la formación a distancia o en sus países de origen y agilizando los procesos de homologación de los títulos profesionales.
La patronal pesquera pide, además, medidas para impulsar la competitividad de las empresas pesqueras. Entre otras, solicita la puesta en marcha de beneficios fiscales y sociales, tal y como han hecho otros países europeos de nuestro entorno. Y solicita más controles sobre los productos pesqueros procedentes de terceros países, sobre todo de algunos países asiáticos, que garanticen la aplicación y el cumplimiento de la misma normativa pesquera y sanitaria que los capturados por las flotas española y europea, sometidas a férreos controles y regulaciones, comprometidas con las prácticas de pesca más sostenibles y que apuestan por lograr las mejores condiciones laborales para sus tripulantes. Por ello, apunta el sector en su decálogo, son necesarias medidas que frenen la entrada de productos procedentes de flotas que no cumplan con los estándares europeos y evitar el apoyo a su comercialización en España mediante, por ejemplo, la eliminación de determinados contingentes arancelarios autónomos (como los lomos de atún), que entran en conflicto con los intereses de la flota española y europea.
En el ámbito internacional, también solicitan el apoyo e impulso de la red de acuerdos de pesca de la UE con terceros países para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y el acceso a las posibilidades de pesca excedentarias de sus aguas.
Para afrontar la transición energética y continuar avanzando en la sostenibilidad de los recursos pesqueros, Cepesca anima a los nuevos gobernantes a potenciar la investigación favoreciendo las inversiones y el desarrollo de los combustibles verdes (bio o eco-combustibles) y las fuentes de energía neutras en carbono, así como dotando al CSIC-IEO de mayores medios humanos y financieros con el fin de que pueda ejercer sus labores de evaluación y asesoramiento de forma adecuada.
El sector reclama conseguir el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales en la política pesquera de la UE, hacer compatible la pesca con la energía eólica marina, priorizando a la primera y analizando el impacto de los parques eólicos sobre la pesca y los ecosistemas marinos antes de poner en marcha cualquier proyecto, y el desarrollo legislativo de la Ley de Pesca Sostenible, consultando debidamente al sector. Por último, la patronal solicita la mejora de los procedimientos para agilizar los trámites administrativos y lograr el aprovechamiento óptimo de los fondos europeos FEMPA, además de favorecer los proyectos de colaboración público-privada, de apoyar adecuadamente a las organizaciones de productores y sus asociaciones como herramientas fundamentales en la promoción del consumo de productos pesqueros y en la puesta en valor del sector de la pesca; y no añadir más restricciones a las ya establecidas por la UE en la ejecución de dichos fondos.
