Camino de servidumbre

Sirva el título de la obra del gran economista F. Hayek para encabezar este modesto artículo motivado por el anuncio realizado hace unos días por el gobierno vasco anunciando el traspaso de competencias en materia de salvamento marítimo. Todo ello ante la silente actitud de un ejecutivo central que intentaba que la noticia pasase lo más desapercibida posible.

Se justificaba esta nueva cesión en los acuerdos ya contenidos en el Estatuto de Guernika de 1979, concretamente, y de modo genérico, en su artículo 12, punto 2 donde se establece que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia de salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en las aguas.

En realidad, lo que se ha transferido es algo más. Es la capacidad del gobierno vasco para la planificación, coordinación y ejecución de los servicios de rescate y salvamento en ‘sus aguas territoriales’, así como la potestad de imponer tasas y sanciones. Aunque el acuerdo establece que no existirá cesión de bienes ni de personal adscrito a Salvamento Marítimo, también se establece que existirán contrapartidas económicas en favor del País Vasco que lo compense. Con la boca pequeña, desde el Gobierno justifican de modo difuso que, pese a todo, el marco legal seguirá siendo estatal.

Este marco de referencia del salvamento marítimo en nuestro país nos aboca a la imposibilidad de aspirar a que algún día España disponga de una institución similar a los guardacostas de países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. Mucho me temo que esta imposibilidad sea una derrota más de la razón y del sentido común, algo que hace algún tiempo dejó de aflorar en la mente de nuestros políticos a quienes la seguridad marítima nunca importó gran cosa.

Es de imaginar que a no mucho tardar la parcelación del salvamento marítimo entre distintas autonomías postergue a Salvamento Marítimo a un organismo cuya finalidad última no sea otra que la mera recogida de inmigrantes en las cercanías de nuestras aguas.

El problema no es cometer errores, el problema es la imposibilidad de subsanarlos. ¿Alguien en su sano juicio cree que el gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones tendrá capacidad e interés alguno en dar marcha atrás a actuaciones como la comentada? No nos engañemos, la respuesta es no.

De este modo, poco a poco, y de modo silencioso, el modelo territorial español se está dibujando en perfiles que nunca imaginó el independentismo. Resulta evidente que acabarán obteniendo la independencia de facto sin necesidad de referéndum alguno, pero eso sí, dentro del entramado político español del que llevan beneficiándose más de dos siglos.

Sin ser muy conscientes de ello, personajes decimonónicos como Cánovas del Castillo, Sagasta, Moret, Echegaray o López Puigcerver iniciaron para nuestro sufrido país un camino de servidumbre alfombrado por un fenómeno proteccionista que, ralentizando el crecimiento y el desarrollo económico, solo favoreció a una parte de nuestro territorio. Un fenómeno consolidado por los modelos económicos de la Restauración, la Regencia, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la República, el franquismo y la Transición de 1978. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Me cuesta imaginar el futuro marítimo de nuestro país tras constatar que vivimos en un estado cuasi fallido al que solo Europa, mal que bien, sostiene. El reciente desastre ferroviario de Córdoba ha vuelto a ponernos delante del espejo la realidad de instituciones y organismos descoordinados, la inseguridad de nuestras infraestructuras de transporte, la incompetencia técnica de nuestros sistemas de seguridad y seguramente el pronto olvido del asunto que practicará la clase política.

Espero equivocarme, pero todo parece apuntar a que lo peor está todavía por llegar.