El Gobierno defiende su control del sector lácteo y cifra en 87 las infracciones en 2025
El ejecutivo responde así a una pregunta escrita formulada por 23 diputados del Grupo Popular, que denunciaban una rebaja de entre 4 y 9 céntimos por litro en el precio en origen de la leche en un contexto de elevados costes de producción y acusaban al Gobierno de “pasividad” ante el riesgo de cierre de explotaciones y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
En su contestación, fechada el 24 de marzo, el Gobierno subraya que la AICA supervisa el cumplimiento de la Ley 16/2021, que prohíbe expresamente pagar precios inferiores a los costes de producción, y recuerda que cada operador de la cadena debe abonar “un precio igual o superior al coste soportado por el eslabón inmediatamente anterior”.
No obstante, precisa que las investigaciones se realizan de forma individualizada, ya que los costes “pueden variar en función de múltiples parámetros, incluso a nivel de cada explotación”, y aclara que el organismo actúa cuando tiene conocimiento de un posible incumplimiento, imponiendo sanciones “si se demuestra la infracción”.
En cuanto a la actividad inspectora, el Gobierno destaca que desde la creación de la Agencia se han llevado a cabo cerca de 1.400 controles de oficio en el sector lácteo, 28 de ellos en 2025, que dieron lugar al análisis de 129 relaciones comerciales. Además, señala que el lácteo es el tercer sector más sancionado desde el inicio de la actividad de la AICA, con un total de 577 infracciones detectadas.
La respuesta recuerda también que el sector cuenta con un régimen jurídico específico de contratación, regulado en el Real Decreto 95/2019, que refuerza la estabilidad contractual, la previsibilidad en la fijación de precios y la protección de los productores frente a desequilibrios en la negociación, en el marco del denominado ‘Paquete Lácteo’.
El Grupo Popular preguntaba al Gobierno si considera suficientes los controles actuales y qué medidas estructurales piensa adoptar para reforzar la posición negociadora de los ganaderos y evitar que la presión de la gran distribución recaiga sobre el eslabón primario. El ejecutivo, sin entrar en nuevas actuaciones concretas, insiste en que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2021 ha establecido “reglas de juego claras” para favorecer la transparencia y un reparto equitativo del valor a lo largo de la cadena, apoyadas por un sistema sancionador, un código de buenas prácticas y un observatorio en el que están representados todos los agentes del sector.
