El PP pedirá en el Parlamento andaluz garantizar el precio justo para leche de cabra

El PP anunciaba ayer que presentará una iniciativa en el Parlamento andaluz para garantizar un "precio justo" para la leche de cabra, al ser éste un sector clave en la economía andaluza, después de que en los últimos meses haya bajado el precio más de un 30 por ciento.
La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, resaltó en un comunicado "la preocupante situación por la que atraviesan muchos de los productores dedicados al ganado caprino".
Ello se debe, en parte, "a que hay empresas con una posición dominante en el mercado que pagan el litro de leche de cabra a 0,49 euros, cuando debería situarse por encima de los 70 céntimos para que estos ganaderos obtuvieran rentabilidad", según Navarro.
"De hecho, muchos de ellos se han visto obligados a reducir drásticamente sus rebaños", alertó la dirigente popular, que recordó que, si Andalucía es la principal productora de leche de cabra a nivel nacional, "la provincia de Málaga es, a su vez, la que más aporta en este sentido".
Navarro advirtió de que, paradójicamente, se está dando este problema en un momento en el que el queso de leche de cabra malagueña está obteniendo importantes reconocimientos internacionales, "lo que supone un argumento más para elevar este asunto al debate político y buscar una solución para un sector tan importante".
El PP también incidirá "en otros dos problemas a los que se enfrentan estos ganaderos, como son las calificaciones ambientales y la inseguridad jurídica debido a una indeterminación con la calificación urbanística de los terrenos que ocupan".
Respecto al primer problema, Navarro presentará una iniciativa para que se estudie la posibilidad de que se tramiten las licencias de actividad en el sector primario tal y como se viene haciendo para el sector terciario.
De esta forma, "se salvaguarda el interés general en cuanto a una necesaria y regulada calificación ambiental, pero se facilitan los trámites administrativos, ya que en muchos casos ni los propios ayuntamientos saben cómo proceder, por lo que el ganadero se siente perdido en un limbo legal".
En cuanto a la calificación urbanística de los terrenos ocupados por explotaciones ganaderas, Navarro explicó que los diferentes planeamientos urbanísticos no incluyen en muchos casos la calificación de estos terrenos como de actividad industrial.
"Nuevamente nos situamos ante una situación de alegalidad que genera incertidumbre a esta actividad económica y que requiere de una solución rápida por parte de la Junta de Andalucía", señaló Navarro