Las restricciones presupuestarias obligan a escuelas y universidades a depender de tecnologías heredadas y de infraestructuras de ciberseguridad con escaso personal

Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point Software Technologies, empresa de soluciones de ciberseguridad, apuntó que el sector educativo se convirtió en el principal objetivo de los ciberdelincuentes en España, ya que, según datos de la compañía, las organizaciones de Educación/Investigación registraron una media de 4.484 ataques semanales durante el primer trimestre de 2025, un 73% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato coloca a la educación como el sector más atacado en un contexto donde los ciberataques en España aumentaron un 66% en general en el mismo periodo.

Check Point Research detalla en una nota de prensa que estas cifras no son aleatorias: “esta tendencia se correlaciona con el calendario académico, con picos importantes observados cuando las escuelas y universidades abren sus puertas cada semestre y ligeros descensos durante las vacaciones de verano e invierno, lo que sugiere que los atacantes pueden estar programando sus campañas para causar la máxima interrupción. Los patrones son claros, y los métodos también”.

Para Check Point Software este incremento sostenido confirma una tendencia preocupante iniciada en 2024, y subraya la urgente necesidad de que las instituciones educativas refuercen sus defensas digitales.

El sector educativo se enfrenta a una tormenta en materia de ciberseguridad. Diversos factores estructurales y tecnológicos lo convierten en un objetivo especialmente vulnerable y atractivo para los ciberdelincuentes. En primer lugar, la superficie de ataque es masiva. Las redes educativas conectan a miles de estudiantes, docentes, personal administrativo y proveedores externos a través de dispositivos y puntos de acceso, muchos de ellos no gestionados ni protegidos adecuadamente. Esto crea un entorno ideal para la explotación de brechas de seguridad.

Además, las instituciones educativas almacenan datos sensibles y de alto valor. Entre esta información se encuentra una combinación de datos personales identificables (PII), como registros de estudiantes, direcciones y datos de ayuda financiera, así como información sanitaria protegida (PHI), que incluye registros de vacunación, datos sobre medicación y otros tipos de información clínica. A esto se suman activos de investigación patentados y datos de nóminas del personal, lo que convierte a escuelas y universidades en objetivos especialmente atractivos para el robo de datos, la extorsión y las operaciones de ransomware.

Por otra parte, muchas instituciones operan con sistemas obsoletos y recursos de seguridad limitados. Las restricciones presupuestarias obligan a numerosas escuelas y universidades a depender de tecnologías heredadas y de infraestructuras de ciberseguridad con escasa dotación de personal.

"Entender cómo se infiltran los atacantes en las instituciones educativas es el siguiente paso fundamental para poder detenerlos".

El sector educativo se enfrenta a una serie de ciberamenazas persistentes, en las que los atacantes explotan tanto lagunas técnicas como vulnerabilidades humanas.

El sector educativo se enfrenta a una serie de ciberamenazas persistentes, en las que los atacantes explotan tanto lagunas técnicas como vulnerabilidades humanas. Entre las amenazas más comunes se encuentran el phishing y la ingeniería social. Estudiantes, profesores y personal administrativo son objetivos frecuentes de intentos de robo de credenciales mediante correos electrónicos engañosos, portales falsos y, cada vez más, señuelos generados por inteligencia artificial. Estos ataques suelen servir como puerta de entrada para comprometer redes más amplias.

Otra tendencia creciente es el phishing a través de códigos QR, conocido como ‘quishing’. Los códigos QR se utilizan comúnmente en entornos educativos para registrar asistencia, realizar encuestas, gestionar eventos en el campus o llevar a cabo tareas administrativas. Esta popularidad los convierte en un vector ideal para el phishing. Los atacantes incrustan enlaces maliciosos en los códigos QR que, al ser escaneados, redirigen a los usuarios a páginas de inicio de sesión falsas o a descargas de malware.

El ransomware también representa una amenaza significativa. En estos ataques, los ciberdelincuentes cifran sistemas clave —como plataformas de aprendizaje o bases de datos de nóminas— y exigen un pago para restablecer el acceso. Las consecuencias incluyen la interrupción de las operaciones, la pérdida de tiempo lectivo y costosos procesos de recuperación.

Finalmente, el acceso no autorizado sigue siendo una vulnerabilidad destacable. Con miles de puntos finales y una amplia variedad de prácticas de ciberseguridad entre los usuarios, los atacantes aprovechan contraseñas débiles o reutilizadas, software sin parches y configuraciones inseguras en herramientas en la nube para moverse lateralmente a través de los sistemas y ampliar su alcance dentro de las redes educativas.

El impacto de un ciberataque exitoso en una institución educativa va mucho más allá de la interrupción técnica. Estos incidentes pueden paralizar las operaciones, agotar los recursos disponibles y dañar gravemente la confianza, un pilar fundamental para el funcionamiento de escuelas y universidades.

Uno de los efectos más inmediatos es la interrupción del aprendizaje. Ataques de ransomware y caídas de sistemas pueden detener por las clases, cancelar exámenes y bloquear el acceso a plataformas esenciales como los portales LMS, bibliotecas digitales y sistemas de calificación. En algunos casos extremos, los estudiantes han llegado a perder semestres completos de trabajo académico.

Los daños a la reputación y la pérdida de confianza también son consecuencias significativas. Cuando se produce una filtración de datos que afecta a estudiantes, profesores o investigadores, la confianza pública en la institución puede verse profundamente comprometida. Los padres comienzan a cuestionar la seguridad de los datos de sus hijos, mientras que donantes, socios estratégicos y futuros estudiantes pueden reconsiderar su vinculación o inversión en la institución afectada.

A esto se suman las repercusiones financieras. El coste de un ciberataque suele exceder con creces el monto de un posible rescate. Las instituciones deben afrontar gastos asociados con la respuesta al incidente, asesoría legal, recuperación de datos, gestión de la comunicación pública y, en muchos casos, nuevas inversiones en infraestructura tecnológica y ciberseguridad. Para distritos escolares con recursos limitados y universidades que dependen en gran medida de las matrículas, estas cargas económicas pueden poner en riesgo su sostenibilidad.

“La digitalización del sector educativo ha abierto enormes oportunidades, pero también ha ampliado exponencialmente su superficie de exposición a las ciberamenazas. Las cifras que manejamos no solo reflejan un aumento en el volumen de ataques, sino una clara intención de los ciberdelincuentes de explotar las vulnerabilidades sistémicas del entorno académico. Es imprescindible que las instituciones educativas adopten un enfoque proactivo, basado en la prevención y en la capacitación de toda su comunidad. La ciberseguridad ya no es una opción, es un pilar fundamental para garantizar la continuidad del aprendizaje y la protección del conocimiento”, afirmó el director técnico de Check Point Software para España y Portugal, Eusebio Nieva.