La Administración Pública, obligada a reinventarse

Comunicaciones Hoy26/01/2017
Con el Congrés de Govern Digital que se ha celebrado los días 25 y 26 de enero en Barcelona arrancó la primera de las grandes citas de la Administración Pública en el ámbito tecnológico. Al congreso catalán le seguirá la gran estrella del sector, el Congreso Nacional de Innovación Pública, que este año celebra su séptima edición los días 22 y 23 de febrero en la sede de la FNMT, en Madrid.

Tras los casi 4 meses de aplicación efectiva de la nueva ley de procedimiento administrativo (la Ley 39/2015), estas convenciones han generado una gran expectación y han batido records de audiencia, debido a la necesidad de las administraciones de encontrarse para compartir los problemas en la aplicación de las nuevas normas, debatir posibles soluciones y analizar las propuestas que los proveedores tecnológicos les ofrecen. El revuelo generado no es para menos, ya que según explican especialistas del sector tecnológico como Validated ID, las reglas del juego han cambiado y la Administración Pública tiene que transformar sus procedimientos administrativos urgentemente -no sólo de cara al ciudadano, también de puertas para dentro- para eliminar del todo el papel de los expedientes.

La paradoja del funcionario habilitado

Uno de los temas que está generando más debate es cuál es la mejor forma de resolver la atención y comparecencia de los ciudadanos en las oficinas físicas, ya que, al parecer, la normativa no da una respuesta convincente. “El problema de fondo radica en que la tramitación electrónica habitualmente se asocia -erróneamente- a tramitación telemática, requiriendo a esta, a su vez, de medios de identificación y firma que no están pensados ni adaptados a entornos presenciales, habitualmente centrados en sistemas basados en certificados digitales y claves concertadas”, explica Fernando Pino, Director Jurídico de Validated ID.

La opción más evidente que ofrece la Ley 39/2015 es la utilización de los denominados funcionarios habilitados, especialmente designados al efecto y que deben constar en un registro especialmente creado para este propósito con la función de suplir al interesado en aquellos procedimientos que requieran su firma. Pero no son pocas las voces críticas ante esta figura por diferentes motivos. Principalmente, la aplicación práctica del funcionario habilitado conduce a una gran paradoja: para que un funcionario pueda actuar en nombre del ciudadano éste debe prestar su consentimiento expreso, consentimiento que al no disponer de medios electrónicos se deberá firmar necesariamente en papel, que es precisamente lo que se trata de evitar.

La alternativa que funciona

Para resolver esta problemática, varias Administraciones ya han apostado por una interesante vía alternativa, la que abre la propia Ley de Procedimiento Administrativo al hablar de la utilización de otros “sistemas de firma que las Administraciones Públicas consideren válidos, en los términos y condiciones que se establezcan” y que permite la implantación de servicios como el que está presentado estos días en el Congrés de Govern Digital y el CNIS la empresa Validated ID con ViDSigner.

Este servicio permite a los ciudadanos firmar en las oficinas de atención ciudadana de forma manuscrita sobre una tablet, igual que lo haría en un papel, sin necesidad de conocimientos ni posesión de ningún medio electrónico, compatible con otros métodos de firma como el DNIe y -lo más importante- es capaz degenerar al momento documentos electrónicos firmados directamente por el ciudadano.

“La transformación ya está lanzada, la Administración ya es electrónica y como ciudadanos contribuiremos a ello, relacionándonos con la administración desde nuestras casas con nuestro portátil, en las oficinas públicas a través de una tablet dispuesta al efecto o allá donde estemos gracias a las soluciones de movilidad existentes”, asegura Pino.