SpainDC cuestiona el encaje jurídico del nuevo Real Decreto y alerta de un veto de al sector

SpainDC ha manifestado su rechazo al Proyecto de Real Decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. La Asociación Española de Centros de Datos ha presentado formalmente sus alegaciones y reclama una revisión profunda del texto por el impacto que, según advierte, tendría tanto sobre los proyectos actualmente en desarrollo como sobre la llegada de nuevas inversiones.

Durante una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en la sede de CEOE, el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, expusieron las principales objeciones de la asociación al proyecto normativo. El acto contó también con la participación de Cristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE, que respaldó la relevancia industrial y empresarial del debate.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC; Emilio Díaz, presidente de la asociación y Cristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE.

Díaz señaló que el problema no reside únicamente en cada requisito considerado de forma individual, sino en el efecto acumulativo de las obligaciones planteadas. “No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable”, afirmó.

Las críticas de SpainDC se extienden además al encaje jurídico de algunas de las medidas contempladas. Villacís sostuvo que determinadas obligaciones podrían exceder el ámbito de actuación que corresponde a un real decreto y cuestionó tanto su cobertura legal como el reparto de competencias previsto. “Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida”, explicó.

La asociación considera que la combinación de requisitos, plazos y penalizaciones puede tener consecuencias directas sobre la capacidad de España para competir por inversiones internacionales. Según el Informe Anual del sector citado por SpainDC, la inversión directa e indirecta acumulada vinculada a los centros de datos alcanzaría los 66.900 millones de euros hasta 2030. Sin embargo, la asociación estima que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar en riesgo con el nuevo planteamiento normativo.

“Las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. España no compite consigo misma, si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país”, advirtió Díaz.

Uno de los aspectos que más preocupa a SpainDC es que las nuevas exigencias no se aplicarían exclusivamente a futuros proyectos. El proyecto de Real Decreto también afectaría a iniciativas que llevan años desarrollándose bajo el marco regulatorio vigente.

En particular, la asociación señala que determinados proyectos que ya disponen de permisos de acceso y conexión concedidos tendrían un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones. Para SpainDC, esto supone introducir incertidumbre sobre inversiones que ya cuentan con compromisos de suelo, licencias, obras, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes.

La organización considera que esta situación puede obligar a replantear proyectos que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo y que fueron diseñados atendiendo a las reglas existentes cuando se iniciaron.

El régimen económico previsto en el proyecto constituye otro de los puntos cuestionados. El texto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, una medida que SpainDC considera especialmente problemática por su magnitud y por las consecuencias asociadas a su aplicación.

Villacís puso en duda que estas medidas puedan considerarse simplemente recargos cuando su aplicación puede incrementarse con la reiteración y llegar a estar acompañada de consecuencias como la pérdida del permiso. “Si lo llamamos recargo, pero puede llegar al 500% sobre determinados peajes y cargos, aumenta con la reiteración y puede acabar acompañado de consecuencias tan graves como la pérdida del permiso, la pregunta es evidente: ¿estamos ante un recargo o ante una sanción?”, planteó.

Entre las alegaciones presentadas por SpainDC también figura la exigencia de combinar una cobertura del 80% mediante nueva generación renovable con requisitos de correlación temporal. Según la asociación, el proyecto no solo obliga a disponer de nueva generación renovable y a generar una cantidad de energía equivalente a la consumida, sino que introduce además la obligación de que la energía consumida en una determinada hora haya sido producida durante esa misma hora.

A juicio de SpainDC, esta combinación dificulta hasta hacer inviables técnica y económicamente determinados proyectos de centros de datos. Díaz cuestionó además la conveniencia de impulsar nueva capacidad de generación sin resolver antes el aprovechamiento de la energía renovable ya disponible.

“No tiene sentido exigir nueva generación renovable cuando ya hay horas en las que estamos vertiendo energía renovable porque el sistema no puede absorberla. Antes de obligar a construir más, deberíamos aprovechar mejor la que ya tenemos”, explicó.

Las alegaciones también cuestionan el reparto de competencias planteado por el proyecto. SpainDC considera que el Ministerio asumiría determinadas funciones relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que, según la asociación, corresponden legalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo regulador independiente.

Para SpainDC, esta cuestión se suma a las dudas sobre la seguridad jurídica que puede generar el nuevo marco, especialmente en un sector caracterizado por inversiones de elevada intensidad de capital y largos periodos de planificación.

La asociación reclama por ello una reconsideración global del texto antes de su aprobación. Pese a su rechazo a la redacción actual, SpainDC ha reiterado su disposición a participar en mesas técnicas y mantener el diálogo con el Ejecutivo y los ministerios implicados con el objetivo de revisar las medidas planteadas.