El certificado energético actualizará sus escalas para adaptarse a los edificios de cero emisiones

La nueva directiva europea de eficiencia energética de los edificios obligará a revisar el actual sistema de certificación energética y a incorporar indicadores relacionados con el impacto ambiental del ciclo de vida de los inmuebles. El debate centró la Asamblea General 2026 de Andimat, en la que expertos del sector reclamaron estabilidad normativa y continuidad en las ayudas a la rehabilitación.

El sector de la edificación afronta una transformación marcada por la necesidad de reducir emisiones y adaptar el parque inmobiliario a los objetivos europeos de descarbonización antes de 2050. En este contexto, Andimat, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, celebró en Madrid su Asamblea General 2026 con una mesa redonda dedicada al papel de la envolvente en la eficiencia energética y la descarbonización de edificios.

Mesa redonda nueva directiva europea de eficiencia energética de los edificios que se celebró durante la asamblea de Andimat.

Durante el encuentro, moderado por Esther Soriano, directora general de Saint Gobain Solutions, representantes de la administración, la arquitectura, la rehabilitación y la investigación coincidieron en señalar la necesidad de reforzar la confianza ciudadana y consolidar un marco estable de ayudas y regulación para impulsar la rehabilitación energética.

Antonio Logroño, presidente de Andimat, destacó que el discurso en torno a la eficiencia energética comienza a tener mayor presencia social y política. “El mensaje de la eficiencia energética primero —que emana de la propia Unión Europea— está llegando al ámbito político y normativo, pero todavía falta dar el paso definitivo hacia la ciudadanía”, afirmó. Aun así, reconoció un cambio de tendencia en el comportamiento de los usuarios: “La realidad nos está sorprendiendo porque hay demanda. Hay ciudadanos interesados en aislar sus viviendas, preguntando activamente por soluciones”.

Uno de los principales focos del debate fue la aplicación de la nueva directiva europea EPBD, que modifica el enfoque tradicional de la eficiencia energética al incorporar el análisis del impacto ambiental del edificio durante todo su ciclo de vida. Juan Queipo de Llano, responsable de la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, explicó que la normativa ya no se limita al consumo energético durante el uso del inmueble. “Hasta ahora actuábamos sobre las emisiones durante el uso; ahora debemos incorporar las emisiones generadas al construir el edificio”, señaló.

Según indicó el experto, este cambio adquiere especial relevancia en los edificios de nueva generación, donde el consumo energético operativo es cada vez menor y el peso ambiental de los materiales gana protagonismo. “En edificios actuales, donde el consumo ya es muy bajo, las emisiones asociadas a los materiales empiezan a ser igual de importantes o más”, subrayó.

La transición hacia este nuevo modelo tendrá un calendario progresivo. A partir de 2028 será obligatorio declarar el potencial de calentamiento global (PCG) en edificios de gran tamaño, un requisito que posteriormente se extenderá al resto de tipologías. Queipo de Llano definió esta medida como “el cambio más importante derivado de la directiva”, ya que implicará “calcular todas las emisiones a lo largo del ciclo de vida completo del edificio”. También avanzó que, de cara a 2030, se establecerán límites máximos de PCG que condicionarán la elección de materiales en los proyectos arquitectónicos.

En paralelo, la certificación de eficiencia energética evolucionará hacia un sistema adaptado a los nuevos criterios europeos. Alfredo Garzón, jefe de área de la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, explicó que el certificado incorporará nuevos indicadores ambientales relacionados con el potencial de calentamiento global. “La adaptación normativa recogerá el potencial de calentamiento global, un indicador adicional que tendrá que declararse en el certificado”, afirmó.

La revisión afectará también a la actual escala de calificación energética. “La propia directiva EPBD impone unos nuevos márgenes entre letras; por ejemplo, la A tiene que ser un edificio cero emisiones, y a partir de ahí el resto tiene que definirse”, explicó Garzón. El representante ministerial añadió que el sistema vigente “tiene casi 20 años y necesita una revisión a las nuevas metodologías e instrumentos de certificación”.

La mesa también abordó las dificultades derivadas de la gestión de los fondos europeos destinados a rehabilitación energética. Aunque los participantes coincidieron en que la demanda ciudadana existe, alertaron sobre el riesgo de pérdida de confianza provocado por la incertidumbre administrativa y el final de los plazos vinculados a las ayudas Next Generation.

Iván Madrigal, director de Relaciones Institucionales del agente rehabilitador EOS RenovAcción Profunda, criticó la situación de numerosos expedientes pendientes de resolución. “Los fondos se han agotado porque la ciudadanía ha respondido, pero no puedes convencer a una comunidad de propietarios para invertir y luego dejarla en el limbo con la concesión de las ayudas. Eso destruye la confianza”, advirtió.

En este sentido, reclamó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorpore mecanismos para dar continuidad a las actuaciones iniciadas. “Creo necesario que ese Plan recoja de alguna manera esos expedientes a modo de lista de espera”, señaló.

La preocupación fue compartida desde el ámbito colegial. María José Peñalver, secretaria general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), reconoció el impacto que esta situación está teniendo sobre las comunidades de propietarios y los profesionales implicados en los procesos de rehabilitación. “Hemos dado la cara ante las comunidades de propietarios, hemos defendido la rehabilitación y ahora muchos propietarios sienten que les hemos fallado”, afirmó. Según explicó, persisten numerosos expedientes sin resolver y existe incertidumbre sobre la ejecución de las obras y el cumplimiento de plazos.

Los participantes coincidieron en que la transición energética requiere estabilidad normativa y continuidad temporal para consolidar la rehabilitación como una inversión vinculada al confort, la salud y el valor patrimonial de los edificios. En este escenario, reivindicaron el papel de las soluciones de aislamiento y de la envolvente arquitectónica como elementos clave para reducir la demanda energética y minimizar la dependencia de sistemas activos de climatización.

Antonio Logroño defendió que la industria ya se encuentra preparada para responder a las nuevas exigencias regulatorias y ambientales. “Llevamos años innovando, desarrollando soluciones y generando datos rigurosos sobre el comportamiento de los materiales”, afirmó. No obstante, pidió avanzar hacia un enfoque centrado en el rendimiento global de los materiales y no únicamente en su origen. “No debemos centrarnos en el origen de estos materiales, sino en su contribución real a la reducción de emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida”, precisó.

El encuentro también analizó el potencial de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) como complemento a las ayudas públicas. Alfredo Garzón reconoció que este instrumento presenta mayores dificultades de aplicación en el ámbito residencial que en sectores como la industria, debido a los plazos de retorno de las inversiones. Para corregir esta situación, explicó que el Ministerio trabaja en mecanismos específicos, como subastas orientadas al ahorro energético en vivienda.

Asimismo, se abordó la futura implantación de los estándares mínimos de eficiencia energética (MEPS), que obligarán a determinados edificios, especialmente terciarios, a mejorar sus prestaciones energéticas.

Como cierre de la jornada, Esther Soriano subrayó la dimensión estratégica de la sostenibilidad en el contexto actual. Según indicó, la transición energética no debe entenderse únicamente desde el punto de vista medioambiental, sino también como un factor relacionado con la competitividad, la seguridad energética y la capacidad de adaptación ante futuros escenarios de incertidumbre.