La Asociación Española de la Carretera presenta su último informe sobre el estado de la red

En el último informe sobre el estado de conservación de las infraestructuras viarias de nuestro país, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha identificado deterioros graves y muy graves en más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales, elevando a 13.491 millones de euros el coste de su reparación.

La red de carreteras españolas atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Así lo refleja el último informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), que revela un preocupante deterioro generalizado de los firmes en las vías gestionadas por el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones forales. En total, más del 52% de la red presenta daños de gravedad, y cerca de un tercio —33.966 kilómetros— requiere una reconstrucción urgente en un plazo inferior a un año.

Durante la presentación del informe, el presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano destacó que la entidad lleva 75 años defendiendo la carretera como un servicio público esencial para la movilidad, la cohesión territorial y el acceso a bienes y servicios básicos. En palabras del presidente, el estudio relativo al 2024 pone de manifiesto “una más que preocupante falta de atención hacia nuestro patrimonio viario”.

El estudio estima que el coste total para subsanar estas deficiencias asciende ya a 13.491 millones de euros, una cifra que consolida el déficit acumulado en conservación viaria, y que continúa incrementándose año tras año. En este punto, Enrique Miralles, director técnico de la AEC, advirtió durante la presentación del informe que “Lo que hoy es un deterioro moderado en unos meses va a ser un deterioro grave y lo que es un deterioro grave [...] puede ser pronto un deterioro muy grave. Ese es el problema y por eso estamos pidiendo un plan de actuación urgente, porque cuanto más tiempo pase se incrementan costes, incrementa deterioros, etcétera”.

Asimismo, el informe sitúa a Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia como las regiones con las carreteras en peor estado del país.

Una de las principales novedades de este trabajo, realizado en verano de 2024, es la incorporación de una metodología digital de inspección, basada en captación dinámica de imágenes y procesado mediante inteligencia artificial. Esta tecnología ha permitido analizar con una alta resolución un total de 4.000 kilómetros de carreteras distribuidas por toda España, multiplicando por diez la muestra respecto a anteriores auditorías realizadas con técnicas visuales convencionales.

Los resultados no dejan lugar a dudas. Además de los tramos que requieren intervención inmediata, el informe identifica otros 20.407 kilómetros que deberán ser rehabilitados en un plazo máximo de cuatro años debido a la presencia de daños calificados como ‘graves’, entre los que destacan baches, fisuras, grietas transversales y desgaste del firme. En conjunto, 54.373 kilómetros —más de la mitad de la red viaria española, que suma un total de 101.700 kilómetros— se encuentran en una situación crítica, similar a la registrada a finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando se ejecutó el último gran Plan General de Carreteras.

Más allá de las implicaciones en términos de seguridad vial, el deterioro del estado de las carreteras tendrá un impacto económico directo para los ciudadanos. Solo durante los meses de julio y agosto, el sobrecoste en desplazamientos provocado por el mal estado del firme superará los 270 millones de euros, según estimaciones de la AEC.

“Esta situación no se resolverá con pequeñas intervenciones, parches o la colocación de carteles que adviertan del mal estado del firme, como ya hemos visto en algunos tramos. Se necesita una planificación clara y sostenida en el tiempo, junto con la prioridad presupuestaria necesaria para conservar adecuadamente nuestras carreteras. Todas las administraciones deben reflejar estos compromisos en sus cuentas públicas”, concluyó Jacobo Díaz, director general de la AEC.

El déficit acumulado en conservación de carreteras en España alcanza ya los 13.491 millones de euros, una cifra que refleja con mayor precisión la realidad actual tras incorporar el encarecimiento de materias primas, energía y costes laborales, según los datos de la AEC. Esta actualización tiene en cuenta la evolución de los precios en los últimos años y ofrece una estimación más ajustada a las condiciones del mercado.

En 2022, la Asociación Española de la Carretera (AEC) cifraba en 9.453 millones de euros la inversión necesaria para subsanar las deficiencias del pavimento en las redes dependientes de las administraciones estatal, autonómica y foral. Tres años después, esta cantidad se ha incrementado en 4.038 millones de euros. Según el informe, un 20% de esta subida se debe a la inflación acumulada en el periodo, mientras que el 23% responde al agravamiento del deterioro estructural de las infraestructuras.

Los datos permiten concluir que el estado de conservación de las carreteras españolas se ha degradado a un ritmo medio del ocho por ciento anual en los tres últimos ejercicios, lo que pone de manifiesto la urgencia de un plan de actuación integral.

En cuanto al reparto territorial del déficit, el estudio estima que las necesidades de inversión ascienden a 4.721 millones de euros en la red gestionada por la Administración General del Estado, que abarca 26.000 kilómetros. Por su parte, las carreteras bajo responsabilidad de los gobiernos autonómicos y forales, con una longitud conjunta de 75.300 kilómetros, acumulan un déficit de 8.770 millones de euros.

De izq y drch: Enrique Miralles, director técnico de la AEC; Juan Francisco Lazcano, presidente de la AEC; y Jacobo Díaz, director general de la AEC, durante la presentación del informe. 

Según el último informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), el estado actual de la red viaria española podría comprometer seriamente los objetivos nacionales y europeos en materia de movilidad sostenible, conectividad territorial y seguridad vial. Entre las amenazas identificadas por la AEC se encuentra la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y digitalizadas.

El informe advierte de que este deterioro podría dificultar la descarbonización del transporte, el cumplimiento del objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales por accidentes de tráfico para 2030, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático. También se menciona el riesgo de frenar la repoblación de zonas rurales y retrasar la incorporación de nuevas formas de movilidad automatizada, en línea con las exigencias de la Unión Europea.

La AEC subrayó igualmente la relevancia geoestratégica de la red viaria en el contexto de inestabilidad internacional. Según el documento, el actual escenario de inseguridad global refuerza la necesidad de disponer de infraestructuras robustas, que podrían jugar un papel clave en el marco de una futura Estrategia Nacional de Movilidad y Defensa.

En el plano económico, el informe señala que la mala conservación del firme tiene efectos directos sobre los costes de transporte. Circular por una carretera deteriorada incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. A partir de los datos de movilidad previstos por la Dirección General de Tráfico —más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido entre julio y agosto—, la AEC estima que el sobrecoste derivado del estado de la red superará los 270 millones de euros solo durante los meses estivales. Esta cifra equivale a más de 4,5 millones de euros diarios en gasto adicional de combustible.

El estudio también detalla el impacto sobre la eficiencia del transporte. La reducción media del diez por ciento en la velocidad de circulación provocada por firmes en mal estado conlleva un incremento del 12,5% en los tiempos de trayecto para camiones, del 25% en autobuses y del 20% en vehículos ligeros. En consecuencia, la AEC advierte de que los costes asociados al transporte se incrementan de forma proporcional, afectando al precio final de los productos transportados, que podría encarecerse hasta un diez por ciento.

A juicio de la Asociación Española de la Carretera, estos datos evidencian la necesidad urgente de actuar para revertir el deterioro progresivo de la red viaria, evitando así un impacto estructural en la competitividad del país, la seguridad de los desplazamientos y el cumplimiento de los compromisos medioambientales asumidos por España.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) defiende la creación de un mecanismo de financiación estable, global y sostenible para asegurar el mantenimiento de la red viaria. Este fondo debería alimentarse de:

• Presupuestos del Estado, comunidades autónomas y diputaciones forales
• Fondos europeos
• Sistemas de tarificación por uso
• Colaboración público-privada

Además, el informe plantea revisar la fiscalidad del transporte. La AEC denuncia que la movilidad por carretera soporta una carga impositiva mayor que otros modos exentos del impuesto especial de hidrocarburos, como el ferrocarril o el transporte marítimo y aéreo.

Según la Fundación Corell, eliminar esta exención generaría 4.091 millones de euros anuales, cantidad suficiente —según la AEC— para cubrir el déficit de conservación en poco más de tres años.

Según desprende del análisis territorial de los resultados del estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación de la AEC, el 68% de la red viaria aragonesa presenta deterioros graves en sus firmes, un 16% más que la media nacional y un 36% por encima de las carreteras de la Comunidad Valenciana, que se sitúan en el extremo “menos malo” de la serie. Por su parte, en Castilla-La Mancha y en Galicia, el porcentaje de red en estado grave alcanza el 59%.

Las siguientes figuras reflejan el porcentaje de red que, en cada región, necesita intervenciones urgentes (antes de un año) y en el corto plazo (en cuatro años a lo más tardar), agrupando los deterioros en graves y muy graves y categorizando la situación desde crítica a buena, pasando por deficiente y aceptable.

El análisis en el que se priorizan las necesidades de actuación, solo Aragón se sitúa en un nivel crítico, aunque llaman también la atención los casos de La Rioja (con un 41% de sus carreteras en situación muy grave), Castilla-La Mancha (con un 40%), Castilla y León (39%) y Galicia (38%).

Por debajo de la media se posicionan, además de la Comunidad Valenciana y en orden ascendente, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña como las regiones que presentan el menor porcentaje de carreteras con deterioros de consideración.

La siguiente figura refleja el número de kilómetros que requieren de actuación en un plazo no superior a cuatro años por regiones, arrojando las mayores cifras aquellas de mayor longitud de red, que son, en consecuencia y como se puede ver en el siguiente apartado, las que requieren los mayores niveles de inversión.

Un análisis de la inversión a acometer por cada kilómetro de carretera permite valorar la situación real de cada región en función del estado de su red

De la inspección visual a la inspección digital

La Asociación Española de la Carretera comenzó a auditar las infraestructuras viarias en el año 1985 mediante una metodología de inspección visual: una decena de evaluadores recorrían las carreteras realizando un análisis visual de los tramos objeto de estudio.

En 2023, la AEC inició el proceso de transición hacia una metodología de inspección digital, basada en el uso de inteligencia artificial cognitiva para recoger los datos del estado del pavimento. Así, con una sola pasada de un vehículo circulando hasta 90 km/h con este dispositivo a bordo, se obtiene información objetiva, detectándose deterioros con muy alta resolución y de forma rápida. Unos servicios en la nube que utilizan modelos de visión artificial y procesos de análisis de datos, y un interfaz web, completan esta tecnología, obteniéndose resultados altamente precisos.

El inspector autónomo ha permitido, además, ampliar significativamente el número de kilómetros objeto de estudio, pasando de 3.000 tramos de 100 metros a un total de 4.000 kilómetros, una muestra fehaciente de los 101.700 kilómetros representados en la muestra auditada:

• 26.400 kilómetros que suma en total la Red del Estado
• 75.300 kilómetros que constituye en su totalidad la Red Autonómica y de las Diputaciones Forales

La IA utilizada cumple, además, tres premisas indispensables para este tipo de tecnología: es cibersegura, cumple la normativa de privacidad y se desarrolla y aplica al 100% en servidores de Europa, siguiendo los criterios de desarrollo ético exigidos por la Comisión Europea.