OPINIÓN
Tribuna

Análisis del sector de la conservación de infraestructuras: carreteras e infraestructuras hidráulicas

Federico Soria, presidente de Acex (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras)

05/11/2026
Federico Soria, presidente de Acex
Federico Soria, presidente de Acex.

El sector de la conservación de infraestructuras atraviesa un momento decisivo. La combinación de un sistema de infraestructuras cada vez más envejecido, el crecimiento de la población española, que se aproxima a los 50 millones de habitantes, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, las restricciones presupuestarias de las administraciones y la evolución de los modelos de contratación está redefiniendo las prioridades en materia de conservación y mantenimiento. Esta situación resulta especialmente relevante en ámbitos como las carreteras, las infraestructuras hidráulicas y el ferrocarril.

Centrándonos en las carreteras, la conservación es de facto un servicio esencial para garantizar la movilidad, el desarrollo económico y la cohesión territorial, aunque no esté reconocido actualmente por ley. La carretera sigue siendo la infraestructura más utilizada del país, absorbiendo el 96% del transporte de mercancías y el 84% del transporte de viajeros (OTLE 2025). Más de 14.000 profesionales trabajan de forma permanente en la conservación y explotación de una red que supera los 165.000 kilómetros.

Uno de los principales hitos del último año ha sido la creciente visibilidad pública del déficit de conservación acumulado. Diversos informes han situado el déficit de inversión en las carreteras españolas por encima de los 13.000 millones de euros: más de la mitad de la red presenta deterioros graves o muy graves, según datos de AEC. Esta situación ha generado un amplio debate político y social sobre la necesidad de priorizar la conservación frente a la construcción de nuevas infraestructuras.

En este contexto, Acex ha intensificado su labor institucional reclamando una inversión estable de 5.000 millones de euros anuales para el conjunto de las redes estatal, autonómica y provincial. Porque solo mediante una financiación sostenida será posible conservar el patrimonio viario existente, mejorar la seguridad vial y garantizar la capacidad de respuesta y recuperación de las infraestructuras ante eventos climáticos cada vez más frecuentes.

Otro asunto de especial relevancia ha sido el debate sobre la reforma de los sistemas de contratación pública impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El sector ha expresado su preocupación ante modelos que otorguen un peso excesivo al precio frente a aspectos como la calidad, la innovación, la seguridad o la sostenibilidad, al considerar que una contratación basada en el valor es esencial para garantizar niveles adecuados de servicio. En esta misma línea se orienta la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que prevé una ponderación mínima de los criterios de calidad del 30 %, elevándola al 50 % en los contratos con alta intensidad de mano de obra, como es el caso de los contratos de conservación, reforzando así la importancia de criterios técnicos y sociales en la adjudicación de los contratos.

Por su parte, el sector hidráulico comparte muchos de estos desafíos. La sucesión de episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y sequías ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la conservación preventiva de presas, canales, sistemas de drenaje, etc. La adaptación a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos se ha convertido en el principal vector estratégico, impulsando actuaciones orientadas a aumentar la resiliencia de las infraestructuras y a garantizar la seguridad de las poblaciones y actividades económicas que de ellas dependen.

La conservación de infraestructuras suele ser invisible para la sociedad, pero su falta se hace evidente rápidamente. El último año ha puesto de relieve que la conservación ha dejado de ser una actividad secundaria para convertirse en una política estratégica de Estado. La protección del patrimonio público, la adaptación a episodios climáticos cada vez más extremos y frecuentes, la digitalización y la defensa de modelos de contratación basados en la calidad e innovación constituyen hoy los principales ejes de transformación de un sector llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en el desarrollo económico y social de España.

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