El sector de la obra pública cierra 2026 con los deberes hechos y un gran reto

La lista de prioridades que manejamos es extensa: vivienda, completar los ejes viarios nacionales y autonómicos, finalizar los corredores Mediterráneo y Atlántico, mejorar la capacidad de los sistemas de movilidad urbana y Cercanías, infraestructuras hidráulicas y regadíos, protección frente a fenómenos climáticos extremos y ampliación de la capacidad energética y de las redes eléctricas. Y, por supuesto, el adecuado mantenimiento de nuestro stock de infraestructuras, principalmente carreteras, ferrocarriles y presas. Cada una de estas actuaciones constituye un servicio básico para los ciudadanos.

¿Podemos atenderlas? España cuenta con un ecosistema de ingeniería y construcción muy competitivo y con una acreditada capacidad técnica y profesional, en nuestro país y fuera de él. Solo los veinticinco asociados de ANCI ejecutan el 20% de la obra pública en España y trabajan en más de cuarenta países.

Y esto ha sido decisivo durante la etapa de los fondos europeos. Con plazos ajustados y un elevado volumen de proyectos, las empresas han movilizado equipos y medios para materializar la inversión. El balance de 2026 es, en ese sentido, positivo; cuando hay recursos, planificación y proyectos, el sector responde.

En adelante, disponer de una política de infraestructuras orientada a las necesidades crecientes de los ciudadanos, unos presupuestos públicos limitados y, hacerlo, además, en un entorno cada vez más incierto, variable y dependiente de factores exógenos, es el reto que tenemos que abordar.

En este sentido, la primera actuación iría en la línea de garantizar una inversión estable y asegurar que se ejecuta. Para ello es necesaria una planificación a largo plazo, pública y transparente, con una disponibilidad de financiación asegurada y potenciada abriendo la puerta al capital privado mediante fórmulas de colaboración público-privada y, finalmente, la obligatoriedad de una evaluación anual y pública del grado de ejecución presupuestaria.

En segundo lugar, mejorar los procesos de compra pública para hacerlos más competitivos y eficientes. Con la concurrencia a la baja y el aumento de las ofertas únicas o licitaciones desiertas, cabe plantearse la necesidad de someter los pliegos a información pública antes de su aprobación, a fin de recoger las propuestas del mercado, utilizar procedimientos abiertos y vigilar que los criterios de selección sean proporcionados. Como también equilibrar la valoración del precio y la calidad en las ofertas o controlar mejor las ofertas anormalmente bajas.

Por último, es imprescindible que los contratos se puedan ejecutar. La incertidumbre ante situaciones que el contratista no puede prever ni gestionar, supone un riesgo que encarece las ofertas y provoca retrasos y sobrecostes, incluso la necesidad de un nuevo procedimiento competitivo. Por ello, es esencial disponer en los proyectos de mecanismos de revisión automática de precios con fórmulas que reflejen la estructura real de costes -incluido el de la mano de obra-, así como una simplificación de la tramitación de las modificaciones contractuales relacionadas con las incidencias surgidas durante la ejecución, para facilitar su aplicación en situaciones justificadas y agilizar su resolución.

El sector llega a final de año con la experiencia de haber gestionado una etapa excepcional y con el reto de que esa actividad no se apague con el último euro europeo.