2026: las carreteras españolas se debaten entre los avances y las asignaturas pendientes

A medida que nos acercamos al final de 2026, el balance del sector viario español ofrece, por desgracia, razones de peso para la preocupación. Pese a que el sector trabaja duro para avanzar en digitalización y adaptación de las infraestructuras al cambio climático, entre otras áreas, persisten problemas estructurales que llevamos demasiado tiempo diagnosticando y que todavía no hemos sido capaces de resolver.

El más evidente es la conservación de nuestras carreteras. Los últimos estudios de la Asociación Española de la Carretera sitúan en 13.491 millones de euros el déficit acumulado de mantenimiento, con un 52% de la red analizada que presenta deterioros graves o muy graves. Son cifras que deberían ocupar un lugar preferente en la agenda política de la próxima Legislatura. Porque cada año de inversión insuficiente encarece las reparaciones futuras, compromete la seguridad y deteriora un patrimonio público construido durante décadas. Pero no solo eso. También aleja las opciones de transformar nuestras redes viarias en infraestructuras sostenibles, conectadas y adaptadas a la movilidad del futuro, por mucho que el sector se esfuerce.

También la seguridad vial exige mantener la atención. Hasta septiembre, 816 personas habían perdido la vida en las carreteras españolas, 50 menos que durante el mismo período de 2025. La reducción merece una valoración positiva, pero seguimos hablando de una tragedia humana que exige actuar sobre todos sus factores, incluido el estado de las infraestructuras. Particular atención requieren las carreteras convencionales y los usuarios vulnerables.

El verano y el otoño nos están recordando, además, que debemos revisar nuestra manera de concebir y gestionar las redes viarias. Los incendios, las lluvias torrenciales y los episodios de temperaturas extremas obligan a incorporar la resiliencia climática a la planificación, el diseño y la conservación. Ya no basta con reparar los daños cuando se producen. Necesitamos anticiparlos, identificar los puntos vulnerables y preparar las infraestructuras para escenarios más exigentes.

En el lado positivo del balance —que lo hay— encontramos el progreso tecnológico. La inteligencia artificial, la sensorización y los espacios de datos están abriendo posibilidades reales para conocer mejor nuestras carreteras, optimizar los recursos disponibles y mejorar la gestión del tráfico. El reciente Congreso Español de Smart Roads, organizado por la AEC, ha permitido comprobar hasta qué punto estas soluciones empiezan a trasladarse de los proyectos experimentales a las aplicaciones prácticas.

Pero la tecnología no sustituye a la inversión ni a la planificación.

Si 2026 nos deja una enseñanza, es que necesitamos pasar del diagnóstico a una respuesta sostenida. España dispone de profesionales, empresas y conocimiento técnico para hacerlo. Lo que necesitamos ahora es estabilidad presupuestaria, coordinación administrativa y una política de infraestructuras con horizonte de largo plazo.

Que España sabe construir carreteras, lo ha demostrado con creces. Pero ahora debe demostrar que también sabe conservarlas y proyectarlas con garantías hacia la movilidad que está por venir.