La asociación advierte del riesgo de la ausencia de mecanismos de revisión de precios para la continuidad de las obras

El conflicto en el estrecho de Ormuz, iniciado el pasado 28 de febrero, está afectando gravemente a la ejecución de la obra civil por el incremento desorbitado de los precios de la energía, materias primas y materiales básicos de construcción, señala Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, con incrementos de índices de precios entre marzo y mayo del 2026, según datos del Instituto Valenciano de Edificación, IVE, del +42% y +41% en materiales bituminosos y energía, del +14%, +10% y +9,3%, en aluminio, productos químicos y cerámicos, y del +6,5% y +6,1% en materiales siderúrgicos y cobre.

Asimismo, el coste de ejecución de 33.103 contratos de obras licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, de 24.519 M€ de presupuesto base de licitación, se incrementará de media un 3,5% con un sobrecoste agregado de +868 M€3, siendo especialmente relevante en obras portuarias, viarias, ferroviarias y aeroportuarias con unos incrementos del 6,0%, 5,3%, 4,6% y 4,6%, respectivamente, y superiores al beneficio neto sectorial publicado en la última Central de balances del Banco de España (2024), del 3,48% para constructoras con cifra de negocios anual superior a 50 M€ (cuantil medio Q2).

Esta situación compromete gravemente la actividad de la obra pública al carecer los contratos de obras en licitación y ejecución del ámbito de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales de mecanismos de revisión de precios, y aplicar el periodo de carencia no revisable en contratos del Estado con mecanismos de revisión.

A efectos de salvaguardar el interés público y asegurar la adecuada y eficiente ejecución de los contratos de obra pública, Seopan ha solicitado y remitido al Gobierno una propuesta para la aplicación de las medidas autorizadas en 2022 en el RD-ley 3/2022 y siguientes para paliar los efectos inflacionistas originados por el COVID y la Guerra de Ucrania, considerando en esta ocasión la revisión excepcional de los índices de precios de la energía y de la mano de obra, entre otras modificaciones.

Las medidas de reequilibrio contenidas en los RRDD-ley 9/2026 y 18/2026, que excluyen a los contratos públicos de obras y servicios, habilitan una vía legal a las empresas de transporte para reclamar incrementos de coste, situación que dificulta aún más la producción de las empresas contratistas, al no poder atender dichas reclamaciones.

El agravamiento del conflicto en el estrecho de Ormuz comprometerá aún más la actividad de la obra pública nacional, siendo prioritario resolver esta crítica situación, coincidente, además con un momento álgido de la licitación pública nacional con 33.143 M€ licitados en 2025, un 40% más que la licitación pública de 2021, de 23.648 M€, anterior a las medidas aprobadas por el Gobierno en el RD-ley 3/2022.