Un estudio revela que el 65% de las empresas no puede repercutir el sobrecoste del combustible y que casi una de cada tres compañías tiene su viabilidad en riesgo

Los excavadores alertan de una situación “crítica” en el sector por el alza del gasóleo

Redacción Interempresas22/05/2026

Las empresas de excavación y movimiento de tierras atraviesan una situación económica “crítica” derivada del fuerte incremento del precio del gasóleo, según refleja una amplia encuesta sectorial elaborada a partir de las respuestas de 278 compañías de 16 comunidades autónomas.

El estudio, elaborado por la Asociación de Excavadores y Movimiento de Tierras de la Comunidad de Madrid (Amaexco), asociación integrada en la Federación Nacional de Excavadores (Fenaex), y promovido con el apoyo de Fenaex y del resto de asociaciones territoriales integradas en la Federación, cuantifica un impacto anual directo de cerca de 179 millones de euros únicamente entre las compañías participantes en la encuesta. Además, el informe señala que el 85% de las empresas ha sufrido incrementos del precio del combustible superiores al 35%, mientras que un 16% asegura haber soportado subidas de más del 50%.

Uno de los aspectos más preocupantes para el sector es la imposibilidad de trasladar ese incremento de costes a los contratos en ejecución. Según los datos recopilados por Amaexco, el 65% de las empresas afirma asumir íntegramente el sobrecoste energético, mientras que el 86,7% reconoce no tener capacidad real para repercutirlo a sus clientes.

El informe también pone de manifiesto las dificultades para renegociar contratos. Más de la mitad de las compañías que intentaron revisar condiciones económicas con sus contratistas recibieron una respuesta negativa, y únicamente un 1,5% logró alcanzar algún tipo de acuerdo.

Viabilidad comprometida y riesgo para el empleo

La encuesta refleja además un deterioro significativo de la viabilidad empresarial. La valoración media de supervivencia futura del sector se sitúa en 2,95 sobre 5, por debajo del umbral de estabilidad establecido en el estudio. Cerca del 30% de las empresas participantes se encuentran ya en una situación considerada crítica o muy comprometida.

En paralelo, el 19,8% de las compañías reconoce estar valorando activamente la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras que el 36% ya ha reducido flota o está considerando hacerlo. Según se señala en el estudio, extrapolando estos datos al conjunto del sector nacional, miles de empresas podrían verse obligadas a adoptar medidas de paralización parcial de actividad.

Denuncia de una “asimetría fiscal”

El documento dedica buena parte de su análisis a denunciar la desigualdad existente entre las empresas de excavación y el transporte por carretera. El estudio recuerda que la maquinaria de obra pesada no tiene acceso a mecanismos equivalentes al denominado “gasóleo profesional”, del que sí se benefician los transportistas.

Según Amaexco, esta situación genera una “asimetría fiscal” difícil de justificar, ya que tanto la maquinaria de construcción como los camiones dependen del mismo combustible y están sometidos a idéntica volatilidad de precios. El informe subraya además que los subcontratistas de excavación tampoco cuentan con mecanismos automáticos de revisión de precios en los contratos públicos, a diferencia de otros operadores de la cadena de obra.

Un impacto estructural

Otro de los puntos destacados del estudio es el elevado grado de dependencia estructural del gasóleo dentro del sector. El estudio señala que las máquinas de obra —retroexcavadoras, bulldozers, compactadoras o motoniveladoras— continúan operando exclusivamente con motores diésel de alta potencia y que actualmente no existen alternativas tecnológicas viables a gran escala.

El informe añade además que el envejecimiento del parque nacional de maquinaria agrava todavía más la situación, ya que muchos equipos superan los 15 años de antigüedad y consumen entre un 10% y un 20% más de combustible que los modelos más recientes.

Demandas al Gobierno

Ante este escenario, el sector reclama al Gobierno una batería de medidas urgentes para evitar un deterioro mayor del tejido empresarial. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la inclusión del sector en todas las ayudas energéticas vinculadas a carburantes, la creación de un sistema de devolución parcial del Impuesto Especial de Hidrocarburos para maquinaria de obra y la implantación de mecanismos automáticos de revisión del coste del combustible en contratos públicos, extensibles también a subcontratistas.

La federación también solicita la ampliación temporal de las medidas contempladas en el RD-Ley 7/2026 y la creación de un canal estable de interlocución entre el sector y la Administración.

Según concluye el documento, la crisis del gasóleo “no es un problema local ni coyuntural”, sino una amenaza estructural para el conjunto del tejido productivo de excavación y movimiento de tierras en España.

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