España ante el reto inversor y de modernización de la regulación

Nos encontramos en un momento decisivo para la inversión pública en infraestructuras, inmersa en grandes transformaciones globales: una nueva geoestrategia mundial que redefine las relaciones comerciales y energéticas; nuevos patrones de movilidad y flujos migratorios; una creciente conciencia medioambiental que orienta las inversiones; y una revolución tecnológica y digital que afectan al presente y futuro del sector de la construcción y de las infraestructuras.

En los últimos años, el impulso de los fondos Next Generation ha permitido retomar cierta actividad inversora. El ejercicio 2024 cerró con cifras positivas en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con más de 10.000 millones de euros invertidos y 9.000 millones contratados.

Las perspectivas de cierre para 2025 mantienen los niveles de licitación y contratación pública de 2024, en ambos casos positivos, con un crecimiento de la producción sectorial en torno al 3,5 %, impulsado por la edificación residencial y la rehabilitación, pero registrando, no obstante, un avance más contenido en la obra civil con una previsión de incremento de producción del 1,5 %.

Sin embargo, persisten grandes retos estructurales, condicionados por un nivel de inversión pública lejos todavía de los registros anteriores a la crisis financiera. España continúa a la cola de Europa en inversión en infraestructuras: según la Comisión Europea, nuestro país ocupará la última posición del ranking inversor en 2025-2026, con apenas 2.262 euros de inversión pública por kilómetro cuadrado y millón de habitantes. Asimismo, frente al crecimiento registrado de nuestro gasto público en los últimos quince años, la inversión bruta en infraestructuras se ha reducido un 62,7 %, un retroceso que compromete la competitividad, la cohesión territorial y la sostenibilidad del modelo productivo.

España dispone de un stock de infraestructuras de gran calidad, pero acumula un importante déficit en la creación, modernización y renovación de infraestructuras. Nuestro último informe de infraestructuras prioritarias realizado con la ingeniería Sener, identifica unas necesidades de inversión de en torno a 350.000 millones de euros en ámbitos clave como transporte, agua, energía y medio ambiente. Estos recursos son imprescindibles para cumplir con las exigencias europeas, adaptarse al cambio climático y mantener la competitividad de la economía.

En este contexto, financiación y la regulación constituyen dos palancas estratégicas clave en las que actuar para recuperar el nivel de inversión que nuestro país necesita. En materia de financiación, sigue siendo prioritario recuperar la colaboración público-privada en nuestra contratación pública. En España, los contratos concesionales representan solo el 4 % del total de la contratación pública nacional, frente al 12 % de la media europea, y es por ello urgente reformar la Ley de Desindexación, así como establecer un marco regulatorio moderno y armonizado, que permita aprovechar el potencial del tejido empresarial español, reconocido internacionalmente por su capacidad de gestión y excelencia técnica.

Asimismo, desde SEOPAN proponemos avanzar en la modernización de la regulación pública, en línea con la revisión europea de las Directivas de contratación. Entre las medidas prioritarias destaca la obligatoriedad de incluir sistemas de revisión de precios en los pliegos de los contratos públicos, , la incorporación de nuevas tipologías contractuales, como los contratos colaborativos de coste objetivo, basados en la transparencia, la metodología BIM y la compartición de ahorros y riesgos entre las partes, el limitar los encargos a medios propios a casos excepcionales, reforzando la competencia, así como definir con claridad el periodo de recuperación de la inversión para determinar los plazos de las concesiones.

A estos cambios normativos debe sumarse una reflexión profunda sobre el modelo de financiación de las infraestructuras viarias. España, que posee la red de gran capacidad más extensa de Europa y la tercera del mundo, concentra el 68 % de las autovías libres de peaje del continente. Es imprescindible establecer un sistema de tarificación por uso y distancia recorrida, que garantice un mantenimiento sostenible y equitativo. Puertos y aeropuertos disponen de modelos de autofinanciación consolidados; el ferrocarril avanza hacia ello. Pero las carreteras, que soportan el 95 % del transporte de mercancías y el 86 % del de viajeros, siguen sin contar con un modelo estable de mantenimiento y reposición.

Las infraestructuras no son un gasto: son una palanca de crecimiento y de país. Cada millón de euros invertido en obra civil genera 780.000 euros de PIB, 11,6 empleos directos y 260.000 euros de retorno fiscal. Invertir en infraestructuras es invertir en competitividad, cohesión social y sostenibilidad. Además, las infraestructuras españolas sigan siendo un referente de excelencia, sostenibilidad y competitividad en Europa y en el mundo.

Por todo ello, debemos apostar por una planificación a largo plazo, una financiación estable, una regulación moderna y una transición verde real, que sitúe a España en la vanguardia europea. Las infraestructuras y la construcción no son solo obras sino la herramienta y palanca para impulsar nuestro desarrollo económico y social.