Análisis del sector del agua

Para el sector del agua los últimos años, incluido el actual, no han sido buenos. Desde 2022 los presupuestos se han visto prorrogados y eso influye notablemente en la escasez de actuaciones. Si aquellos asignaron cuantías escasas a los programas que tutelan el agua, los actuales, que son los mismos, están en la misma situación, pero eso sí, disminuidos por el efecto de la inflación. En suma, pocas inversiones tanto en obra nueva como en conservación.

Es verdad que los presupuestos vienen fallando, tanto en cuantía como en cumplimiento, pero lo peor, ya que de ello depende su futuro, es que los planes hidrológicos no reflejan correctamente las necesidades, ya que priman otros intereses sobre los condicionantes científicos y técnicos. El día en que se impongan estos criterios la cosa cambiará.

Los presupuestos actuales no alcanzan para acabar con el déficit de infraestructuras y de conservación, sin embargo, no se estimula la colaboración público-privada porque la Ley de Desindexación lo impide y no se hace nada para cambiarla.

Mientras salga agua por los grifos y la usada de los hogares se depure parece que todo está bien. Detrás está la perenne realidad de lo que es imprescindible, actualizar y conservar las infraestructuras para evitar el colapso del sistema. Menos hablar y más hacer, que ese colapso puede llegar como ya ha llegado a otros sectores.

El ejercicio presupuestario no se suele abrir hasta transcurridos dos o tres meses desde el comienzo del año, lo que retrasa el comienzo de las licitaciones.

Las normas administrativas que regulan el proceso de licitación están anticuadas, la técnica ha ido perdiendo peso en este tema y los órganos garantes de la bondad de este han ido invadiendo sus funciones atreviéndose a cuestionar sus informes.

Por otra parte, en el estado de cosas actual, para evitar la posible corrupción, en los pliegos que establecen los criterios para valorar las ofertas se van postergando los subjetivos, en pocas palabras los que desvelan el proceso constructivo, y se priman los objetivos entre los cuales el precio es preminente. Y esto no es sensato. La ley exige que la oferta adjudicataria es la que alcance la mejor relación calidad-precio, que no suele ser la más barata. En el extremo se vuelve a la subasta pura y dura en vez de establecer controles y se difumina la labor de los técnicos que han sido testigos y lo siguen siendo de un proceso en el que su labor y probidad se han venido poniendo en entredicho. Se puede decir que el desarrollo de las subastas es más sencillo, pero también que durante la construcción aparecerán grandes problemas ligados al precio y a la peor calidad de proyecto.

Sobre todas estas cuestiones y muchas más que no podemos abordar para no extendernos en demasía, hay bastantes publicaciones de ASAGUA. En ellas se exponen situaciones y soluciones, que, como otras muchas, caen en tierra yerma. La obligación es desvelar los problemas y aportar soluciones a las administraciones públicas y eso hacemos.