Lo barato sale caro

La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública insiste en que la competencia debe ir de la mano de la transparencia, evitando simplificaciones que comprometan la seguridad o el interés general. Adjudicar al precio más bajo no solo podría vulnerar el espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sino que también tendría graves consecuencias: bajas temerarias, deterioro del servicio, precariedad en el empleo y menor competitividad empresarial.

Desde ACEX, asociación que representa al sector de conservación y explotación de carreteras, defendemos que la calidad es el valor fundamental que debe regir cualquier contratación pública. Los gestores tienen la difícil tarea de optimizar los recursos económicos disponibles, pero han de hacerlo asegurando la calidad del servicio, no comprometiéndola.

La oferta más barata puede salirnos muy cara, por eso es importante que la adjudicataria sea la que aporte mayor valor al ciudadano, garantizando la calidad en los materiales, la durabilidad de las soluciones, la reducción del impacto ambiental y las mejoras en seguridad vial, como las llamadas “carreteras que perdonan”. Estas cualidades salvan vidas y hacen eficiente cada euro invertido. Las barreras de contención, los pavimentos drenantes, las marcas viales sonoras o los sistemas de frenado para camiones en puntos críticos son ejemplos de innovaciones que solo son posibles cuando el modelo de contratación premia la calidad técnica.

Las administraciones llevan tiempo reclamando al sector avances en sostenibilidad: el cálculo y compensación de la huella de carbono, materiales menos contaminantes, soluciones más duraderas o sistemas de contención más seguros. Todo este esfuerzo, conocimiento y valor añadido se diluirán si se impone la subasta como criterio de adjudicación.

Por ello, ACEX defiende que el modelo de concurso, basado en la valoración técnica y la experiencia, es la única vía que asegura la sostenibilidad del sistema y la calidad de las infraestructuras que vertebran el desarrollo económico y social del país.

Y, por supuesto, para que esto sea posible, hay que invertir en conservación. España debería destinar, al menos, 1.700 millones de euros al año a la conservación de carreteras del Estado, otros 1.700 millones de euros a la red autonómica y 700 millones de euros a las diputaciones provinciales para mantener la calidad de nuestras vías. Solo así se aseguraría el correcto funcionamiento del sistema de transportes por carretera y la seguridad y movilidad de los usuarios.

Porque no hay movilidad eficiente sin infraestructuras en buen estado.