Fomento se defiende de las acusaciones del PP valenciano por su relación con Teconsa

El Ministerio de Fomento ha remitido un comunicado de prensa defendiendo la legalidad de todos los contratos del Estado con la constructora Teconsa, ligada a la trama de corrupción denominada "Caso Gürtel". El PP valenciano ha acusado al Gobierno y al PSOE valenciano de favorecer a la citada compañía constructora, cuyo propietario mantenían buenas relaciones con el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. En sus acusaciones, dirigentes del PP afirmaban que se le habían concedido determinados contratos públicos millonarios a la empresa porque desde Moncloa se había pedido que se ayudara a dicha constructora. En respuesta, el Ministerio de Fomento afirma en su comunicado que "cumple escrupulosamente la Ley de Contratos del Estado en todas sus adjudicaciones, incluidas evidentemente las aprobadas a la empresa Teconsa, siguiendo siempre los criterios técnicos y económicos de valoración de las ofertas recibidas, realizándose en todos los casos a favor de la oferta más favorable para los intereses del Estado".
Si bien es cierto que desde el PP no se ha dado a conocer prueba alguna que evidencie irregularidades en las adjudicaciones, Teconsa aparece en el sumario del "Caso Gürtel" como beneficiaria en algunos de los delitos perseguidos. Además, es difícilmente creíble que una empresa que pasaba por serios apuros de solvencia pudiera representar la "oferta más favorable para los intereses del Estado", tal y como afiman desde Fomento. El hecho de que Teconsa fuera declarada en concurso de acreedores por auto del pasado 29 de septiembre, vino a ratificar la demanda presentada por Iure Abogados en representación de un grupo de acreedores de la compañía. La demanda de concurso necesario contra Teconsa fue presentada el pasado 29 de mayo, pero el 1 de septiembre la compañía solicitó el concurso voluntario ante la negativa de la banca a refinanciar su deuda.

Comunicado de Fomento
En su comunicado, el Ministerio de Fomento argumenta que "las tres obras a las que hacen referencia las insinuaciones del PP valenciano fueron licitadas y adjudicadas provisionalmente, conforme a las correspondientes propuestas de las mesas de contratación, entre el 16 de diciembre de 2008 y el 27 de enero de 2009, mucho antes de que el Ministro se hiciera cargo del departamento, aunque posteriormente, al no existir reclamaciones, de forma automática se adjudicaron definitivamente días después de la toma de posesión del Ministro José Blanco". Lo que no tiene en cuenta Fomento en su comunicado es que el Ministro tomó posesión a primeros de abril de este año, un mes antes de que los acreedores decidieran demandar a la compañía por impago. Es decir, era público que Teconsa atravesaba serias dificultades de liquidez, lo que no la convertía en una compañía idónea para garantizar los intereses del Estado.
En su argumentación, Fomento alegaba que "los tres contratos, anunciados para su licitación entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre de 2008, son:
• Autovía A-73 tramo de Bascones de Valdivia a Aguilar de Campoo (licitado por 46,9 millones de euros y adjudicado por 32,1).
• Autovía Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal (adjudicada por 17,4 millones de euros).
• Obras de conservación de firme de la A-66, O-11 y O-12 (adjudicadas por 9 millones de euros).
La decisión sobre las propuestas de adjudicación de todas las obras mencionadas, así como de todas las demás del Ministerio de Fomento, se han adoptado en todos los casos por una mesa de contratación compuesta por representantes de los órganos gestores competentes y por el abogado del Estado y el interventor de Hacienda, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del Estado.
Estas propuestas de adjudicación se han realizado y se realizan siempre siguiendo los criterios técnicos y económicos de valoración de las ofertas recibidas establecidos expresamente en los pliegos de condiciones legalmente aprobados, por lo que las adjudicaciones se realizan en todos los casos a favor de la oferta más favorable para los intereses del Estado.
En este sentido el Ministerio quiere subrayar que tanto la Abogacía del Estado como la Intervención de Hacienda tienen por misión garantizar el más escrupuloso respeto de la legalidad en los procedimientos de adjudicación de contratos, por lo que su presencia en las mesas de contratación es garantía plena de rectitud de estas adjudicaciones.
Igualmente es preciso recordar que el Ministerio de Fomento está sometido a la fiscalización del Tribunal Cuentas, al que remite información detallada de todos los contratos que realiza".