Implantar la tarificación inteligente en las carreteras aportaría entre 60 y 110 mil millones al Estado en 25 años, según A. T. Kearney

La actual falta de un modelo homogéneo de financiación de infraestructuras viarias en España dificulta la movilidad, clave en el bienestar de los ciudadanos, ya que fomenta la congestión y pérdida de tiempo en atascos, los problemas de salud relacionados con la contaminación en ciudades y la siniestralidad en la carretera. Además, incrementa la desigualdad social entre regiones, con Europa y entre modos de transporte, según el informe de A. T. Kearney “Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España”.

Eugenio Prieto, presidente de infraestructuras de A.T. Kearney, ha sido el encargado de presentar las conclusiones del estudio. “Nuestro modelo de infraestructuras viarias presenta claros síntomas de agotamiento», ha señalado en su presentación. Un modelo que estaría provocando una mayor desigualdad territorial en España y que tenderán a aumentar por la mayor concentración de población en los núcleos urbanos. Para Eugenio Prieto, “la calidad de vida de los ciudadanos está empeorando y las desigualdades están aumentando como consecuencia del modelo de infraestructuras”.

Así, según el informe, los ciudadanos son los grandes perjudicados por el deterioro de la movilidad. En este sentido, el trabajo detalla que las muertes en carretera han vuelto a repuntar desde las 964 muertas en 2016 hasta alcanzar casi los 1.300 fallecidos casi 37.000 accidentes en 2017, y que los costes de la siniestralidad vial en España representan cada año más de 10.000 millones de euros, aproximadamente un 1% del PIB, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Igualmente, varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual medios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Además, según cifras de la Comisión Europea, el coste total de tiempo de atascos en España asciende a 5.500 millones de euros cada año. La Escuela Nacional de Sanidad estima en casi 2.700 las muertes anuales por contaminación en España, la Organización Mundial de la Salud, en casi 7.000 muertes y el Instituto de Salud Global de Barcelona, en 21.000. El valor más alto es el calculado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que cuantifica en 31.500 las muertes cada año como consecuencia de los efectos de la contaminación atmosférica en España. Asimismo, el ruido, el agravamiento del cambio climático o el deterioro de la naturaleza y el paisaje son otras de las consecuencias de la elevada congestión del tráfico. El impacto económico agregado de todos estos efectos se estima entre 5.500 y 13.000 millones de euros anuales.

Hacia un modelo de tarificación inteligente

El informe detalla cómo revertir esta situación requeriría destinar más recursos a las infraestructuras viarias, cuya inversión anual es un 34% inferior a la registrada en 1986. Sin embargo, las necesidades de inversión en infraestructuras de transporte público, de accesibilidad urbana y de movilidad interurbana suman más de 64.000 millones de euros. Actualmente, el déficit inversor en la red viaria convencional supera los 7.200 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera.

El déficit presupuestario y duda pública, junto con un gasto social creciente, dificultan la adecuada atención de las infraestructuras de transporte exclusivamente con fondos públicos. Para solventar esta situación, explica el estudio, las economías europeas han desarrollado modelos de financiación y mantenimiento centrados en ingresos procedentes de sus usuarios y en inversión privada.

En este sentido, más de veinte países europeos tienen tarificada el 100% de sus redes viarias de gran capacidad, que supera los 62.000 kilómetros, mientras que España tiene, actualmente, tan solo el 18%. La financiación de las carreteras por los usuarios proporciona a estos países importantes ingresos adicionales que se destinan al mantenimiento de las vías y a nuevas inversiones generando, además, un importante retorno fiscal a través del IVA.

Para hacer frente a estos retos, el informe concluye que España debe apostar decididamente por un modelo de infraestructuras viarias que permita aumentar la fluidez en las carreteras a través de una gestión inteligente del tráfico, mejora la seguridad a través de una mayor inversión en mantenimiento y mejora, y reducir la contaminación mediante una adecuada gestión de la demanda y la implantación de soluciones más ecológicas. La realización de este modelo requiere inversión privada y la participación de los usuarios en su financiación, siguiendo la práctica adoptada en toda Europa.

En este sentido, la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos de Madrid y Barcelona reduciría la congestión entre un 30% y un 50% en horas punta, evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%. Igualmente, implantar un modelo de tarificación en nuestra red viaria de gran capacidad proporcionaría una contribución económica al Estado estimada entre 60 y 110 mil millones de euros en un plazo de 25 años, lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión y mantenimiento en la red de infraestructuras viarias.

El estudio también demanda la financiación privada, un modelo que, según ha explicado Eugenio Prieto, ha sido probado con éxito en países de la OCDE. A través de la financiación privada se deberían promover medios de transporte sostenible y soluciones alternativas de movilidad. Colaboraciones público-privadas de servicios como los de movilidad compartida o el desarrollo de la red de puntos de carga del vehículo eléctrico son algunas de las medidas en las que el sector privado podría complementar al Estado y sus distintas Administraciones Públicas con sus recursos y capacidades.

“España no puede quedarse atrás. Debe garantizarse el principio de movilidad para el ciudadano con un modelo de financiación de infraestructuras viarias más justo, solidario y sostenible que sea compatible con el creciente gasto social y garantice las inversiones necesarias en nuestras carreteras en un contexto de restricciones presupuestarias”, ha señalado Eugenio Prieto, presidente de Infraestructuras de A. T. Kearney.