El Grupo de Trabajo del Acero analiza los resultados del Consejo de Competitividad sobre la industria siderúrgica europea
A solicitud de Unesid, el pasado 26 de noviembre se reunió el Grupo de Trabajo del Acero creado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en noviembre de 2013. La reunión tenía por objeto analizar los resultados del Consejo Extraordinario de Competitividad de la UE, celebrado en Bruselas el pasado 9 de noviembre, que se convocó para analizar los problemas que afectan a la industria siderúrgica europea.
Presidida por la secretaria general de Industria, Begoña Tristeto, la reunión contó con la participación, además de Unesid, de representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, Secretaría de Estado de Innovación, Ministerios de Hacienda y de Empleo, así como de algunas Comunidades Autónomas y las centrales sindicales CC OO y UGT.
La secretaria general de Industria explicó lo acontecido en el Consejo de Competitividad y las líneas de actuación, a corto y largo plazo, que se abrieron tras el mismo, y los representantes de la Secretaría de Estado de Comercio detallaron las actuaciones en marcha, reiterando el compromiso de la Administración española con las demandas de la siderurgia por un comercio equitativo.
Unesid por su parte expuso la crítica situación que atraviesa la industria siderúrgica española atacada por una avalancha de importaciones a precios de derribo procedentes de China, que constituye un clamoroso ejemplo de comercio desleal y que pone en peligro el mantenimiento de las inversiones y el empleo en el sector siderúrgico español.
Las disposiciones inmediatas que se esperan contemplan mayor agilidad de la Comisión Europea en la tramitación de las medidas de defensa comercial, siempre en el marco de la legislación europea pero utilizando todas las alternativas que la misma prevé, desde apertura de casos ante la amenaza constatada de perjuicio hasta la aceleración de la imposición de medidas provisionales sin llegar a agotar el plazo máximo de nueves meses -como viene sucediendo hasta ahora-, e incluyendo el registro individualizado de las importaciones sometidas a un proceso de investigación y la posterior imposición retroactiva (tres meses) que permite la normativa europea. Las posteriores intervenciones de los representantes sindicales y de las Comunidades Autónomas refrendaron la posición de UNESID y hubo unanimidad tanto en reconocer la actuación del Gobierno en este caso, como en solicitarle una mayor presión, si cabe, ante la Comisión Europea.
