Madrid suprime la burocracia para dar un impulso al comercio
El Gobierno de Esperanza Aguirre aprobará su propia ley para simplificar el papeleo en el desarrollo de actividades económicas y agilizar el proceso de creación de empresas en la región. Así, se reducirán los plazos de respuesta administrativa en medio centenar de trámites, en los que los silencios (ausencia de respuesta a tiempo) se supondrán estimatorios. El paquete de medidas liberalizadoras y reformas administrativas incluye la supresión de la segunda licencia para la creación o ampliación de centros comerciales.
Según fuentes de la Comunidad, la norma facilitará la creación o ampliación de centros comerciales, al sustituir la autorización necesaria de la administración autonómica (la "segunda licencia") por una comunicación una vez otorgada por el Ayuntamiento la licencia municipal.
También se fomentará la creación de nuevas áreas de servicio en carretera, con la supresión de la distancia mínima de 10 kilómetros entre ellas y la posibilidad de ofrecer servicios de hostelería y hospedaje en áreas situadas cerca de los núcleos de población. La norma facilitará la puesta en marcha de hoteles, restaurantes y agencias de viaje al suprimir las autorizaciones por una comunicación o declaración responsable.
Así, los empresarios interesados en abrir un alojamiento turístico podrán hacerlo de forma inmediata, ahorrándose trámites de hasta seis meses de duración. Además, los restaurantes o bares de los hoteles podrán realizar reformas para disponer de acceso directo desde la calle.
La ley simplificará los trámites administrativos que se pedían a los trabajadores de los servicios industriales y energéticos (electricistas, revisión y mantenimiento, etc.). Podrán empezar su negocio de forma automática, al sustituirse el permiso de actividad de la Comunidad (un trámite que duraba hasta tres meses) por una comunicación. Además, se eliminará la obligación de que empresas de otras comunidades se inscriban en un registro específico.
La ley, que supondrá la supresión o modificación de más de 70 normas autonómicas, será aprobada próximamente por el Consejo de Gobierno para que entre en funcionamiento antes de fin de año y adelante la liberalización de los servicios en la región, prevista por la UE.
