El sector de la limpieza clama por una desregulación y una simplificación normativa para impulsar la competitividad empresarial

Actualmente, la carga burocrática y la complejidad normativa que soportan las empresas en España es un 33% superior a la media de la Unión Europea. Cada 45 minutos se aprueba en España una ley, ya sea nivel estatal, autonómica o local, lo que lastra la competitividad empresarial y genera una creciente complejidad jurídica a la que las empresas deben destinar importantes recursos económicos y de tiempo para cumplir con toda la normativa.

Para abordar este asunto, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Limpieza (AFELIN) ha celebrado su primer ciclo de Desayunos Empresariales ‘Dialoguemos’, organizado en colaboración con Banco Sabadell, una iniciativa que nace con el objetivo de fomentar el diálogo entre empresas y administración sobre los retos regulatorios que afectan a la actividad empresarial. La jornada ha contado con la participación de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, quien ha presidido el encuentro.

Durante su intervención, la consejera ha defendido la necesidad de avanzar hacia una administración más ágil y menos burocrática, capaz de facilitar la actividad económica sin renunciar al control público. En este sentido, la consejera ha explicado que la simplificación normativa es hoy un debate clave de competitividad, tanto en España como en Europa, donde ya se están impulsando reformas para reducir cargas administrativas y facilitar la actividad empresarial en el mercado único.

López Aragón ha destacado, además, el trabajo que está desarrollando la Región de Murcia, que ha impulsado sucesivas leyes de simplificación normativa con el objetivo de reducir trámites innecesarios y mejorar la eficiencia de la administración. Gracias a estas reformas, basadas en principios como la intervención mínima, la necesidad de cada trámite y la proporcionalidad, se ha logrado evitar la presentación de más de un millón de documentos administrativos y generar un ahorro estimado de seis millones de euros.

Desde el sector empresarial, el presidente de AFELIN, Jesús Martín, ha advertido del impacto que tiene la proliferación normativa sobre la actividad de las empresas. “Estamos ahogados en legislación. Hay que desregular, no para hacerlo mal sino para hacerlo simple”, afirmó, reclamando un entorno regulatorio más claro y predecible que permita a las compañías centrarse en generar empleo y prestar servicios de calidad.

Rubén Bautista Sánchez, manager de licitación pública de Limcamar, ha ilustrado cómo la multiplicidad de plataformas de contratación y la variedad de criterios dispares en cada comunidad autónoma suponen un verdadero obstáculo para las empresas que operan a nivel nacional. “Necesitamos un sistema único, con pliegos homologables y un repositorio documental centralizado”, explicó, destacando que la complejidad normativa genera costes adicionales y requiere departamentos jurídicos y de licitación altamente especializados primero, para entender los pliegos, y después, para evitar errores formales que puedan excluir a las compañías de los concursos. Sin avanzar hacia sistemas más homogéneos y procedimientos más simples, la simplificación administrativa seguirá siendo una mera teoría”, señaló.

En la misma línea, el analista económico y jefe de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, presentó algunas de las conclusiones del informe Desenredar España, elaborado junto a CEU-CEFAS, que analiza el impacto económico del exceso regulatorio en el país. El estudio estima que esta carga normativa supone un coste superior a 90.000 millones de euros al año para la economía española y sostiene que alrededor del 84% de las normas existentes podrían derogarse o reformarse y concreta aún más, “nueve de cada diez leyes aprobadas durante la última legislatura pueden y deben ser derogadas”. Sánchez de la Cruz defendió que el debate debe ir más allá de la simplificación administrativa y avanzar hacia una reducción real de la carga regulatoria.