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Los plazos de pago se extienden hasta los 270 días, muy por encima del límite legal de 60

Patronales de limpieza denuncian retrasos abusivos en los pagos a subcontratistas en contratos públicos

Redacción Interempresas04/09/2025

La patronal nacional de empresas de limpieza, AFELIN, y su homóloga madrileña, AELMA, denuncian los retrasos abusivos en los plazos de pago que algunas grandes empresas adjudicatarias de contratos públicos están ejerciendo contra empresas subcontratistas del ámbito de la limpieza.

AFELIN y AELMA advierten de que muchas pymes están siendo utilizadas como herramienta de financiación encubierta por grandes adjudicatarias de...
AFELIN y AELMA advierten de que muchas pymes están siendo utilizadas como herramienta de financiación encubierta por grandes adjudicatarias de contratos públicos.
Ambas organizaciones alertan sobre el creciente número de casos en los que estas grandes empresas incumplen los plazos legales de pago a sus subcontratistas, generando una situación insostenible para muchas pymes, que se ven utilizadas como fórmula de financiación encubierta, dilatando los pagos más allá de los que permite la Ley.

Según establece el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de pago a subcontratistas es de 60 días desde la prestación del servicio y la presentación de la factura correspondiente. Sin embargo, en la práctica, los plazos de pago se están dilatando hasta los 270 días.

En este sector donde el coste de personal (nóminas y cotizaciones sociales) representa entre el 80% y el 90% del importe total de las facturas, los retrasos en los pagos no solo afectan a la liquidez, sino que pueden comprometer seriamente la continuidad de la actividad empresarial. En algunos casos, las pequeñas empresas se ven incluso forzadas a aceptar “quitas” para poder cobrar, lo que agrava aún más su situación económica.

Conviene reseñar, no obstante, que esta mala praxis no se da entre las empresas integradas en las principales patronales del sector, sino entre grandes operadores que actúan al margen de los códigos éticos y de buenas prácticas que se promueven desde las asociaciones.

Medidas urgentes para frenar los abusos

Ambas asociaciones instan a las Administraciones Públicas a hacer uso de las herramientas legales ya disponibles para frenar estos abusos y proteger a los eslabones más vulnerables de la cadena de contratación. Entre ellas:

  • Aplicar la Disposición Adicional 51 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que permite el pago directo a los subcontratistas en caso de impago.
  • Exigir certificados de estar al corriente de pago con subcontratistas antes de autorizar pagos al contratista principal.
  • Imponer sanciones a las empresas que incumplan de forma sistemática, tal y como contempla la normativa vigente.
  • Obligar a publicar el período medio de pago a proveedores, conforme a lo establecido en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

Desde AELMA y AFELIN reiteran su compromiso con la legalidad, la dignidad empresarial y la protección del empleo, y piden a la Administración que actúe con firmeza ante estos abusos. Es responsabilidad de todos garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a las pymes, verdaderas sostenedoras del tejido productivo y del empleo en nuestro sector.

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