Estudio de impacto de la Comisión Europea

Un informe del Joint Research Centre (JRC) revela por primera vez las consecuencias reales en precios, producción y mercados globales de exigir los estándares de fitosanitarios comunitarios a los productos importados. Identifica las 18 sustancias activas más peligrosas, que afectan a 235 productos básicos y 86 países exportadores. La conclusión es clara: cerrar las fronteras a los plaguicidas prohibidos es una herramienta clave para garantizar la reciprocidad, proteger a los productores comunitarios y garantizar que el modelo de sostenibilidad europeo no se traduzca en una deslocalización de los impactos ambientales.

Imagen de un agricultor aplicando un plaguicida a su explotación.

En el marco de la Visión para la Agricultura y la Alimentación y el Paquete de Simplificación de la Seguridad Alimentaria y de los Piensos (Omnibus X), la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un compromiso histórico: evitar que los plaguicidas más peligrosos prohibidos en suelo comunitario por razones de salud o medioambiente vuelvan a entrar al mercado de la UE a través de productos importados.

Para evaluar las consecuencias económicas y de competitividad de esta medida, el Joint Research Centre (JRC) ha publicado un análisis cuantitativo que delimita el impacto que tendría fijar los Límites Máximos de Residuos (LMR) de estas sustancias al Límite de Cuantificación (LC), es decir, reducir la concentración máxima legal permitida de un residuo de plaguicida o medicamento veterinario en un alimento o pienso hasta la cantidad más baja que un laboratorio puede medir en un alimento con precisión y fiabilidad.

El informe se denonima 'Assessing the economic impacts of stronger alignment of production standards applied to imported products on the EU’s agricultural sector' (en español, 'Evaluación de los impactos económicos de una mayor armonización de las normas de producción aplicadas a los productos importados en el sector agrícola de la UE'). Este riguroso análisis se ha desarrollado por un equipo de investigadores del JRC de la Comisión Europea con una destacada participación española. El trabajo técnico, liderado por Jesús Barreiro-Hurle, cuenta con la firma de un destacado grupo de economistas e investigadores de origen español —entre los que figuran Pilar Martínez-Gómez, Fernando Ramos, Ignacio Pérez Domínguez y Manuel Gómez-Barbero— junto a expertos internacionales como Thomas Chatzopoulos y Robert M’barek. Su liderazgo en esta publicación subraya el papel protagonista y la alta capacitación científica del talento nacional en el diseño de los modelos macroeconómicos que orientan las decisiones estratégicas de la Unión Europea en materia de política agraria y sostenibilidad alimentaria.

El informe del JRC ha cruzado las bases de datos de aprobación de la UE, controles oficiales de residuos y registros de autorización en terceros países. De 976 sustancias activas no aprobadas en la UE, solo 80 cumplen el criterio de “más peligrosas” (carcinógenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción, alteradores endocrinos o contaminantes orgánicos persistentes). De estas, solo 18 sustancias activas cuentan actualmente con LMR superiores al LC y presentan evidencias de uso o detecciones en origen.

Entre estas 18 sustancias figuran fungicidas e insecticidas ampliamente conocidos como el mancozeb, metiram, glufosinato, carbendazima, dimetomorf, spirodiclofen o el ciproconazol. El alcance potencial afecta a 235 productos agrícolas procedentes de 86 países terceros.

El estudio aclara que no se trata de una evaluación de impacto formal ni de una predicción exacta, sino de una horquilla de escenarios estilizados según la capacidad y rapidez de adaptación de los agricultores de terceros países:

• Escenario Límite Superior (sin adaptación): si los productores de terceros países no modificasen sus prácticas agronómicas y la UE rechazase todas las partidas no conformes, las importaciones agrícolas totales de la UE caerían un 41% en volumen. Los sectores más castigados en importaciones serían los cítricos (-92%) y la soja (-90%). Los precios al consumo en la UE se dispararían en productos clave (café +332%, harina/torta de soja +105%, cítricos +85%).
• Escenario Intermedio (adaptación guiada por beneficio con coste del +20%): asumiendo que una parte representativa de los exportadores sustituye el plaguicida por alternativas autorizadas con un sobrecoste del 20%, el impacto en las importaciones totales de la UE se reduce a una caída del 8%.
• Escenario Límite Inferior (adaptación ajustada por detecciones con coste del +5%): si la exposición se limita estrictamente a las detecciones reales en fronteras y el coste de sustitución es de solo el 5%, la caída de importaciones en la UE sería casi inapreciable (-0,4%), con variaciones de precios al consumo inferiores al 1%.

A nivel comunitario, la reducción de la competencia desleal de las importaciones favorecería a la producción vegetal europea, pero generaría efectos colaterales según el escenario:

• Expansión de la producción vegetal en la UE: la producción agrícola comunitaria crecería para reemplazar las importaciones. En el escenario extremo, la superficie agrícola de la UE aumentaría en 1,9 millones de hectáreas (+1,2%), con repuntes espectaculares en la producción de cítricos (+47%), colza (+41%) y soja (+29%). En el escenario intermedio, los cítricos europeos crecerían un +3,3%, y el tomate y la colza un +3%.
• Impacto secundario en la ganadería: si la restricción a la soja importada desatase un encarecimiento masivo de los piensos (la torta de oleaginosas subiría un +87% en el escenario sin adaptación), la producción ganadera de la UE se resentiría (porcino -5,8%, avicultura -5,4%). Sin embargo, en los escenarios de adaptación intermedia o baja, este efecto secundario en la ganadería pasa a ser totalmente despreciable.

Para comprobar si el supuesto de sobrecoste del 20% al 40% utilizado en los modelos es realista, el JRC realizó un análisis específico sobre el fungicida triazol ciproconazol, que sirve para prevenir, frenar y curar infecciones causadas por hongos en los cultivos. Habitualmente, se emplea en cereales como trigo, cebada y arroz, en hortalizas como tomate, pimiento y cucurbitáceas, así como en árboles frutales.

La revisión científica concluye que existen alternativas químicas autorizadas en la UE para combatir las mismas enfermedades (como las royas o el oídio). No obstante, recurrir a estas alternativas incrementaría los costes directos de protección de cultivos entre un 20% y un 40%. Este incremento real de costes valida la solidez de las hipótesis utilizadas en el modelo macroeconómico.

El estudio del JRC revela que la homogenización de estándares no solo es viable, sino que los efectos catastróficos en los precios o en el abastecimiento solo se darían en un hipotético escenario en el que los terceros países se negaran a adaptar sus prácticas agrícolas. Cuando se da margen para la adaptación y la adopción de materias activas alternativas autorizadas en la UE, los mercados se reequilibran con incrementos de costes moderados.

El debate legislativo continúa en el Parlamento Europeo y el Consejo en torno al Paquete Omnibus X. La evidencia científica demuestra que cerrar las fronteras a los plaguicidas prohibidos es una herramienta clave para garantizar la reciprocidad, proteger a los productores comunitarios y garantizar que el modelo de sostenibilidad europeo no se traduzca en una deslocalización de los impactos ambientales.

Esta última medida garantiza que la exigencia ambiental europea sea un estándar de sostenibilidad real y global, y no una simple externalización del impacto ecológico fuera de sus fronteras y aborda de lleno el fenómeno conocido como "fuga de carbono" o "fuga ambiental" aplicado al sector agroalimentario:

• Evitar la paradoja ecológica (deslocalización de impactos): si la UE prohíbe en su territorio el uso de sustancias químicas peligrosas para proteger sus suelos, acuíferos y biodiversidad, pero sigue importando alimentos de países que sí los utilizan, la contaminación no desaparece; solo cambia de sitio. Europa no estaría reduciendo la huella ecológica global, sino 'exportándola' a los países productores del resto del mundo mientras consume los bienes de forma limpia en su territorio.
• Alinear la sostenibilidad con la reciprocidad: exigir que los productos importados respeten los mismos LMR al límite de detección (efecto espejo) evita que el esfuerzo ambiental impuesto al agricultor europeo se traduzca en una desventaja competitiva y en un mero traslado geográfico del daño medioambiental.
• Efecto tractor de la regulación comunitaria: al cerrar el mercado más lucrativo del mundo a productos tratados con estas sustancias, la UE utiliza su peso comercial como palanca para forzar a los terceros países a adoptar tecnologías y tratamientos fitosanitarios más sostenibles si no quieren perder sus cuotas de exportación.