Interés creciente por activos vinculados a la producción agroalimentaria y a recursos estratégicos como el agua

El mercado de las fincas rústicas en la Península Ibérica atraviesa una fase de fuerte dinamismo y creciente interés inversor. Esta tendencia quedó patente en el IV Congreso Ibérico de Fincas Rústicas (CIFIR 2026), celebrado el 10 de marzo en la sede de Banco Santander en Madrid y organizado por Fincalista, que reunió a más de 700 profesionales vinculados a la inversión, gestión y valorización del suelo agrario.

El encuentro congregó a un perfil altamente decisor: fondos de inversión, entidades financieras, family offices, grandes propietarios, agricultores profesionales, asesores y empresas de servicios. Según los organizadores, el 57% de los asistentes ocupa cargos directivos o de máxima responsabilidad, lo que refuerza el carácter estratégico del congreso como punto de conexión entre capital y territorio rural.

En un contexto internacional marcado por la búsqueda de activos reales y la volatilidad de otros mercados, la tierra agrícola se consolida como una inversión de largo plazo con valor productivo y patrimonial. Sin embargo, el sector afronta también retos estructurales que condicionan su competitividad y capacidad de atracción de capital.

El CEO de Fincalista, Juan Prados Edwards, expuso las conclusiones del estudio sobre el ‘Mercado de la tierra 2026. El nuevo mapa de la inversión rural’ y trazó un perfil del sector rústico consolidado como un activo refugio resiliente que se encuentra inmerso en un cambio de ciclo marcado por la estabilización y la búsqueda de eficiencia operativa.

Uno de los datos más destacados presentados durante el congreso es el fuerte dinamismo del mercado. En 2025 se registraron 165.000 transacciones de fincas rústicas en España, un 3,8% más que el año anterior, lo que confirma la tendencia alcista en la compraventa de suelo agrario.

Este incremento responde a varios factores. Por un lado, el interés creciente por activos vinculados a la producción agroalimentaria y a recursos estratégicos como el agua. Por otro, el desarrollo de nuevos modelos de explotación agraria más tecnificados y orientados a cultivos de alto valor.

En los últimos años, el mercado ha mostrado especial dinamismo en determinados segmentos, como las fincas de regadío, especialmente valoradas por su acceso garantizado a recursos hídricos, así como terrenos con potencial para proyectos energéticos o sistemas agrivoltaicos. Además, cultivos leñosos como pistacho, almendro, aguacate u olivar intensivo están impulsando nuevas estrategias de inversión agrícola a medio y largo plazo.

Uno de los mensajes centrales del congreso fue la necesidad de avanzar hacia una visión más profesionalizada de la gestión del suelo rústico. Los expertos coincidieron en que el valor de una finca ya no depende exclusivamente de la calidad de la tierra, sino de su capacidad para generar rentabilidad mediante una gestión eficiente.

Factores como el acceso al agua, la disponibilidad energética, la planificación agronómica, la seguridad jurídica o la gestión de riesgos se han convertido en elementos clave para determinar el valor de un activo rural. En este sentido, el mercado avanza hacia modelos de due diligence técnica y agronómica cada vez más exigentes.

El congreso abordó también aspectos relacionados con la valoración del suelo rústico, las estrategias de inversión y desinversión, el impacto de la distribución agroalimentaria y las tensiones comerciales internacionales, así como los modelos agroindustriales capaces de generar mayor valor añadido.

Javier Kindelán, socio responsable de Real Estate Deals de PwC, destacó la creciente presencia de inversores internacionales y fondos especializados, junto al papel tradicional de los family offices, que representan el 25% de las inversiones y mantienen horizontes a largo plazo de entre 5 y 30 años. También señaló que la actividad hipotecaria en España ha recuperado niveles de 2008, con tasas de morosidad por debajo del 3%, lo que refleja un entorno financiero saneado.

A pesar de la buena evolución del mercado, el sector atraviesa una etapa marcada por importantes desafíos. Entre ellos destaca el aumento de los costes de producción agraria —energía, fertilizantes, agua o mano de obra— que reduce los márgenes de las explotaciones y afecta a su capacidad de inversión.

Otro de los problemas señalados durante el encuentro es el déficit de financiación para el desarrollo de proyectos agrarios y la modernización de las explotaciones. Aunque el interés inversor por la tierra es creciente, muchos proyectos productivos encuentran dificultades para acceder a financiación adecuada, especialmente en fases iniciales o en modelos innovadores.

Según Juan Prados, en 2025 solo el 6,2% de las operaciones se realizaron mediante hipoteca, una cifra ínfima comparada con el 52,5% del sector urbano. El inversor actual opera mayoritariamente con recursos propios, mostrando una baja sensibilidad al coste del dinero (Euribor). Por el otro lado, el sector está acusando una pérdida de competitividad por costes. El rally de los costes salariales (SMI) desde 2019 está tensionando los márgenes de las explotaciones, especialmente en aquellas con alta dependencia de mano de obra.

En este sentido, los participantes subrayaron la necesidad de fortalecer los instrumentos financieros específicos para el sector agroalimentario, así como de fomentar la colaboración entre propietarios, operadores agrarios y capital inversor.

Durante la clausura del congreso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó que el futuro del sector agroalimentario pasa por combinar rentabilidad económica, innovación tecnológica y sostenibilidad. Según el ministro, la modernización de las explotaciones y la movilización de tierras infrautilizadas son elementos clave para atraer inversión y garantizar la viabilidad del sector.

Planas insistió en que “solo es sostenible aquello que es rentable”, defendiendo la necesidad de impulsar explotaciones más productivas, tecnificadas y orientadas a los mercados internacionales.

Además, el Gobierno trabaja en la movilización de tierras propiedad del Estado y en instrumentos complementarios como la Guía Tierra Firme de acceso a la tierra, de carácter informativo y de asesoramiento, y con líneas de financiación para jóvenes agricultores, desarrolladas en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Planas ha recordado que los suelos son un recurso estratégico: más del 95 % de los alimentos depende de ellos, aportan 15 de los 18 elementos esenciales para las plantas y actúan como sumideros de carbono frente al cambio climático. No obstante, alrededor del 41% de los suelos españoles presenta algún grado de degradación, lo que exige conservarlos y aumentar su productividad mediante innovación científica y tecnológica.