El Gobierno aprueba nuevas normas de la PAC para el sector hortofrutícola
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes tres decretos para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en el sector hortofrutícola, según ha anunciado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
En la rueda posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Planas ha destacado la importancia de reformar las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, responsables de un tercio de las exportaciones agroalimentarias españolas, para “facilitar una mejor utilización de los fondos”.
El paquete legislativo aprobado fija el nuevo marco normativo de los programas operativos que presenten las organizaciones de productores de frutas y hortalizas para acceder a los fondos de la PAC.
Planas ha recalcado que la nueva PAC, que entra en vigor en 2023, no marca un techo presupuestario para los programas de estas organizaciones.
Si en 2020 se destinaron 275 millones de euros para estas ayudas, el ministro ha señalado que el apoyo al sector puede incrementarse a más de 300 millones de euros anuales en el próximo periodo de aplicación, hasta 2027.
El Gobierno ha modificado los criterios para el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, para lo que tendrán un periodo de adaptación de cuatro años, en línea con las necesidades detectadas durante la elaboración del plan estratégico de aplicación de la PAC.
Según una nota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el decreto que regula los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores recoge las reglas aplicables a sus objetivos, aprobación, modificaciones posteriores y financiación, incluyendo materias como la prevención de crisis o los objetivos medioambientales.
También se establecen disposiciones como las relativas a la ayuda financiera por la aplicación de los programas, una “oportunidad para que los productores de frutas y hortalizas puedan alcanzar sus objetivos a través de sus organizaciones”, según el MAPA.
Además, se ha flexibilizado la normativa para facilitar el acceso a las ayudas ante los efectos de la guerra en Ucrania y las malas condiciones climáticas.
Las flexibilizaciones de la norma, que se aplican a todo 2022, incorporan medidas como la posibilidad de establecer mayor margen para las modificaciones de los programas operativos, además de aumentar la facultad de solicitar anticipos y pagos parciales.
Asimismo, se flexibilizan los límites porcentuales de determinadas medidas de los programas y se establecen las condiciones que permitan a las organizaciones elevar la ayuda hasta un 70% de los pagos realizados, en aquellas acciones que hayan sufrido un descenso en su ejecución dentro del programa operativo aprobado.
