La Unió de Llauradors exige claridad sobre las quemas agrícolas
La Unió de Llauradors exige que se dé una solución inmediata a la confusión existente por las quemas agrícolas y reitera que instará a la desobediencia si finalmente se prohíben, porque solo se dispone de lo que queda de mes para deshacerse de los restos de poda en las explotaciones agrarias.
Piden un periodo de transición
Cabe señalar que, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios y por ello quedan pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica. En este sentido, hay localidades de la Comunitat Valenciana que se están acogiendo a esa supuesta prohibición de las quemas de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras sí las están autorizando.
La Unió considera que no se puede publicar una normativa y prohibir alguna de las actuaciones contempladas de la noche a la mañana. Por ello la organización aboga por establecer un periodo de transición y adaptación de unos cinco años mediante el cual se realice un debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo.
Según la organización agraria, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable última de todo este asunto, echa balones fuera y traslada la problemática a las comunidades autónomas instando a pedir certificados fitosanitarios para poder quemar, “algo totalmente impensable en la Comunitat Valenciana que convertiría en un interminable suplicio burocrático para los agricultores con cada permiso solicitado y colapsaría también los servicios de la Conselleria”, asegura Carles Peris, secretario general de La Unió.
La Unió continúa insistiendo que los restos de poda son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta. “Una vez más se nos trata de imponer una norma emanada desde los despachos de Madrid, sin tener en cuenta la realidad del campo que es muy dispar según comunidades autónomas y cultivos. Hay que trabajar con los territorios y no a espaldas de ellos buscando el enfrentamiento absurdo e innecesario entre el mundo urbano y rural”, insiste Peris.
