El nuevo marco europeo y el reto de hacer rentable la agricultura
Ingeniero agrícola · Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas
16/09/2026
La obligación de formalizar determinadas relaciones comerciales mediante contratos escritos antes de la entrega de la producción puede aportar una mayor seguridad al productor. Conocer previamente las condiciones de precio, calidad, cantidades, entregas y pagos permite planificar mejor la campaña y reducir la incertidumbre comercial.
Sin embargo, considero especialmente importante la posibilidad de utilizar fórmulas de precio vinculadas a indicadores objetivos y a la evolución de determinados costes de producción. La agricultura trabaja con factores cuyo precio puede experimentar fuertes variaciones: fertilizantes, energía, combustible, agua, alimentación animal, productos fitosanitarios, maquinaria o mano de obra. Pretender que el precio de venta permanezca completamente ajeno a esta realidad económica resulta difícilmente compatible con la sostenibilidad de muchas explotaciones.
Ahora bien, conviene no confundir coste de producción con precio mínimo garantizado. El Reglamento no garantiza que el precio de cada producto cubra automáticamente los costes reales de cada explotación. Lo verdaderamente importante será disponer de metodologías rigurosas y homogéneas para calcular los costes y de indicadores fiables que puedan incorporarse a los contratos.
Aquí aparece uno de los grandes retos del sector. Desde una perspectiva agronómica, conocer el coste de producir una tonelada de cereal, un kilogramo de fruta, un litro de leche o un kilogramo de carne exige mucho más que sumar las facturas de una explotación. Hay que considerar rendimientos, consumos de insumos, amortizaciones, mano de obra, maquinaria, estructura, financiación y, en determinados sistemas, también el coste asociado al agua, al riesgo climático o a la reposición de capital productivo.
Sin una buena contabilidad técnico-económica, difícilmente podremos negociar buenos contratos.
Por eso considero que el nuevo marco europeo debería interpretarse también como una oportunidad para profesionalizar la gestión de las explotaciones. El agricultor del futuro necesitará conocer con precisión qué le cuesta producir, qué margen obtiene y cómo cambia ese margen cuando varían los rendimientos, los precios de los insumos o las condiciones de comercialización.
Otro aspecto positivo es el refuerzo del papel de cooperativas y organizaciones de productores. En un mercado donde la oferta agraria está muy atomizada frente a operadores de mayor dimensión, la concentración de la producción y la capacidad para negociar conjuntamente pueden ser herramientas esenciales para mejorar la posición del productor.
En este sentido, una explotación eficiente no es necesariamente aquella que obtiene el mayor rendimiento por hectárea. Puede ser más competitiva aquella que consigue el mejor equilibrio entre productividad, calidad, costes y riesgo. Esta distinción es fundamental y, a menudo, queda fuera del debate público sobre agricultura.
El Reglamento también aborda cuestiones relacionadas con las cadenas de suministro cortas, determinadas menciones comerciales y las denominaciones de carne. Son medidas que pueden contribuir a una mayor transparencia frente al consumidor, aunque su eficacia dependerá de que las nuevas obligaciones se apliquen con criterios claros y de que no generen una carga administrativa desproporcionada para agricultores y empresas.
Desde mi perspectiva profesional, el verdadero valor de esta reforma no estará únicamente en el contenido de los contratos ni en las nuevas obligaciones administrativas. Estará en conseguir que el productor disponga de más información, más capacidad de negociación y mejores herramientas para tomar decisiones económicas.
La agricultura europea afronta costes crecientes, elevada volatilidad de los mercados y un riesgo climático cada vez más difícil de gestionar. En este escenario, producir más ya no es suficiente. Hay que producir de manera eficiente, conocer los costes y ser capaces de trasladar al mercado una parte razonable del valor generado.
Por ello, el nuevo Reglamento puede ser una oportunidad, pero no resolverá por sí solo el problema de la rentabilidad agraria. Será necesario que agricultores, cooperativas, organizaciones de productores, administraciones y técnicos trabajemos en sistemas fiables de cálculo de costes y en modelos de comercialización que permitan que las decisiones productivas estén respaldadas por información económica objetiva.
En definitiva, el reto no es únicamente conseguir precios más altos, sino conseguir que el productor pueda conocer con rigor cuánto cuesta producir, qué riesgo está asumiendo y qué remuneración necesita para que su explotación siga siendo viable.
Ese debería ser, a mi juicio, uno de los principios básicos de la agricultura profesional del futuro: producir con eficiencia, vender con información y decidir con criterios técnicos y económicos.






















