La mano de obra representa aproximadamente el 52,8% del coste total de producción
La Junta de Castilla y León cifra entre 0,79 y 1,09 €/kg el coste de producción de la uva en Ribera del Duero
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León presentó el estudio de costes de producción de uva destinada a vinificación en la D.O.P. Ribera del Duero para la campaña 2026.
Durante la presentación del estudio de costes, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, destacó el simbolismo del entorno elegido para dar a conocer el estudio, en una explotación donde conviven viñedo y actividad ganadera. En este sentido, defendió la complementariedad entre agricultura y ganadería y rechazó las "polémicas artificiales" que pretenden enfrentar a dos actividades esenciales para la economía, el empleo y el futuro del medio rural de Castilla y León. “La agricultura y la ganadería no compiten; se necesitan. Son dos pilares fundamentales de nuestro medio rural y de nuestra economía agroalimentaria. Frente a quienes intentan generar divisiones artificiales, nosotros defendemos un campo unido, fuerte y rentable”, señaló.
La vendimia de 2026 en Castilla y León se está caracterizando por el adelanto del ciclo vegetativo y de la recolección, una evolución desigual entre las distintas denominaciones de origen y unas producciones que, en conjunto, están siendo mejores de lo inicialmente previsto. A 21 de septiembre habían entrado en bodega 260,6 millones de kilos de uva, el 79% de la previsión inicial para la campaña. En la D.O.P. Ribera del Duero ya se habían vendimiado 84,43 millones de kilos, aproximadamente el 63% de la cosecha inicialmente prevista.
Una referencia objetiva para conocer los costes de producción
El estudio contempla tres escenarios productivos con el fin de reflejar la diversidad existente en las explotaciones de la D.O.P. Ribera del Duero y evitar que la realidad del sector quede representada por una única tipología de viñedo.
Durante su intervención, Pino explicó que los costes de producción de la uva en la denominación de origen oscilan “entre 0,79 euros y aproximadamente 1 euro por kilo”, dependiendo fundamentalmente de los rendimientos obtenidos por cada explotación y de su sistema productivo.
Desde el punto de vista técnico, el estudio analiza un escenario de baja tecnología, con un rendimiento de referencia de 3.000 kilogramos por hectárea y un coste de 1,09 euros por kilogramo; un escenario de referencia o BAU, construido sobre un rendimiento de 4.700 kilogramos por hectárea y un coste de 0,92 euros por kilogramo; y un escenario de alta tecnología, con 6.000 kilogramos por hectárea y un coste de 0,79 euros por kilogramo.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recuerda que la cifra de 0,92 euros por kilogramo debe interpretarse siempre junto con el rendimiento de referencia empleado en el modelo y que el estudio no fija ni recomienda precios, sino que aporta información objetiva sobre la formación de los costes de producción.
Uno de los resultados más relevantes del informe confirma que la mano de obra continúa siendo el principal coste de las explotaciones vitícolas. En el escenario de referencia representa aproximadamente el 52,8% del coste total de producción, por encima de cualquier otra partida.
Defender la rentabilidad de los productores
El consejero subrayó que estos estudios forman parte de una estrategia más amplia de la Junta para proteger la rentabilidad de agricultores y ganaderos y garantizar que el valor generado por los productos agroalimentarios llegue también a quienes asumen el esfuerzo y el riesgo de producir. “Para defender precios justos, primero hay que saber cuánto cuesta producir. Por eso estamos construyendo un calendario de estudios de costes que aporten transparencia y sirvan para proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria”, afirmó.
Asimismo, reiteró que la Junta continuará reforzando las actuaciones de control sobre contratos, plazos de pago y posibles situaciones de destrucción de valor, tanto de oficio como a instancia de los propios productores. En coordinación con los organismos competentes, estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar prácticas que perjudiquen la viabilidad de las explotaciones.
