Asefapi muestra su preocupación por los costes que supondrá la aplicación del etiquetado de sustancias y mezclas químicas

La Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (Asefapi) ha hecho pública su posición respecto al Reglamento (UE) 2024/2865, que introduce nuevas normas obligatorias de formato en el etiquetado de sustancias y mezclas químicas. En un comunicado, la asociación manifiesta su preocupación por los elevados costes que conllevará la aplicación de estas medidas y cuestiona su eficacia para mejorar la información al consumidor. Asefapi considera que la norma, al hacer vinculantes requisitos que hasta ahora eran meras recomendaciones de la ECHA, no tiene en cuenta su impacto logístico, económico y medioambiental. Además, la organización alerta sobre los efectos adversos que estas disposiciones podrían generar en la competitividad del sector y en la libre circulación de mercancías dentro del mercado interior de la UE.

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/2865 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 relativo a la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP), ha suscitado una notable inquietud en el sector de los recubrimientos. La Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (Asefapi) ha expresado su desacuerdo con las nuevas obligaciones de formato introducidas por la normativa, por considerar que no se han evaluado adecuadamente sus consecuencias operativas y económicas.

La principal crítica se centra en la modificación del artículo 31(3) y del apartado 1.2.1.4 del Anexo I del Reglamento, donde se establece el tamaño mínimo obligatorio de fuente para las etiquetas. Asefapi subraya que, hasta ahora, estas especificaciones eran meras orientaciones emitidas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), y no disposiciones vinculantes. La conversión de estas directrices en obligaciones legales supone, a juicio de la entidad, una dificultad técnica considerable, especialmente en envases de tamaño reducido donde el espacio es limitado.

Asefapi plantea que la solución propuesta por el legislador europeo —la adopción de etiquetas desplegables— no resulta una alternativa viable. Si bien reconoce avances tecnológicos en este ámbito, señala que dicha medida implica múltiples inconvenientes: por un lado, el coste adicional que representa en materiales, adhesivos, impresión y mano de obra; por otro, la limitada durabilidad de estas etiquetas, susceptibles de deteriorarse tras el primer uso del producto. Además, subraya que muchos elementos obligatorios deben figurar en la cara principal del envase, lo que reduce aún más la eficacia del recurso desplegable.

La asociación cuestiona que el objetivo declarado por la Comisión —mejorar la comunicación de los peligros químicos y reforzar la protección al consumidor— pueda alcanzarse únicamente mediante el aumento del tamaño de la fuente. Asefapi señala que la comprensión de la información depende más de su claridad y organización que del tamaño tipográfico. La base técnica utilizada para justificar la modificación normativa es un estudio de 2017 que revelaba que un 55% de los ciudadanos europeos no se consideraban suficientemente informados sobre los riesgos de los productos químicos. Para la organización, este dato no justifica por sí solo la obligatoriedad de un nuevo formato con efectos tan significativos.

En su posicionamiento, Asefapi denuncia la falta de una evaluación completa del impacto económico inmediato. Según cálculos preliminares citados en el comunicado, el coste de implantación de etiquetas desplegables en toda la Unión Europea podría superar los 150 millones de euros. Esto se traduciría en un incremento de entre un 5% y un 10% en el coste total de los productos afectados, una carga que, previsiblemente, recaerá en los consumidores finales.

Otro factor de preocupación es la obligatoriedad de incluir los textos en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros, como exige el artículo 17(2) del Reglamento CLP. En países multilingües como Bélgica, incorporar la información en tres idiomas en un espacio ya reducido resulta inviable. Asefapi advierte que la imposibilidad de incluir todos los idiomas en una única etiqueta puede llevar a la creación de versiones diferenciadas por país, lo que limitaría la libre circulación de productos en el mercado interior, en contra del artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Asimismo, la asociación prevé un aumento en el número de unidades de mantenimiento de stock (SKU), debido a la necesidad de reetiquetar productos con envases específicos para cada mercado. Este incremento conllevaría mayores costes logísticos, tanto en almacenamiento como en distribución, y un volumen adicional de residuos industriales generados por el reenvasado y reimpresión de etiquetas. La gestión de estos residuos implicaría una carga económica y medioambiental adicional para las empresas del sector.

Como alternativas a la imposición del nuevo formato, Asefapi propone dos medidas que considera realistas y proporcionadas. En primer lugar, solicita que se elimine la obligación del tamaño mínimo de fuente, recuperando el sistema previo basado en recomendaciones. Esto permitiría a las empresas adaptar sus etiquetas a las dimensiones del envase y al número de lenguas requeridas, sin comprometer la legibilidad. En segundo lugar, plantea ampliar el número de elementos informativos que puedan incorporarse en formato digital, mediante códigos QR u otras tecnologías equivalentes.

Asefapi argumenta que la alfabetización digital de los consumidores ya está suficientemente avanzada como para garantizar el acceso a la información esencial mediante medios electrónicos. Apunta que la propia Comisión Europea impulsa el Pasaporte Digital de Producto, que será obligatorio en un futuro cercano. Además, recuerda que durante la pandemia de covid-19 el uso de códigos QR se generalizó en sectores como la hostelería, incluso entre personas de edad avanzada.

La asociación concluye que estas propuestas permitirían alcanzar un equilibrio entre los objetivos legislativos de protección al consumidor y las necesidades de sostenibilidad y competitividad de la industria europea. En su comunicado, Asefapi reitera su disposición a colaborar en el desarrollo de soluciones técnicas viables que sirvan al interés común sin imponer cargas desproporcionadas al sector manufacturero.