Reordenación de distancias de las granjas porcinas a los núcleos de población
Aprobada la nueva normativa de granjas de porcino que motivó el asalto al pleno de Lorca
Redacción Interempresas27/02/2023
El pleno del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) ha aprobado de forma definitiva la nueva normativa que regulará la construcción de las granjas de ganado porcino y cuyo debate inicial, hace 13 meses, motivó el asalto violento de un grupo de ganaderos al edificio en el que se iba a celebrar la sesión para impedir su votación.
En el pleno que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Lorca, se ha dado luz verde, con los votos a favor de PSOE, Cs, IU y Vox, y la abstención del PP, a la modificación del plan urbano para impedir la construcción de nuevas granjas intensivas de cerdos o la ampliación de la ya existentes a menos de 1.500 metros de distancia de los núcleos habitados de las pedanías, de los colegios y de los consultorios médicos, a 500 de fuentes y manantiales y a cien de cauces oficiales y ramblas.
La nueva norma entrará en vigor en unos días tras su publicación en el BORM (Boletín Oficial de la Región de Murcia). Esta no afectará a todas las explotaciones, a las que solo se les aplicarán los criterios que les incumban, además del régimen transitorio, de dos años (prorrogable a un tercero), establecido para las seis explotaciones que estaban pendientes de la autorización ambiental, por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para poder ampliarse.
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha informado, de la aprobación definitiva por parte del Pleno municipal de la modificación del P.G.M.O de Lorca en relación a las normas particulares de las instalaciones porcinas del municipio.
El alcalde del municipio, Diego José Mateos, ha asegurado que el nuevo marco normativo con el acuerdo del sector ganadero permitirá la armonización y la convivencia entre los usos residenciales y ganaderos del suelo. “Se trata de un acuerdo muy importante, en el que se ha trabajado mucho y que empezó con muchísimas dificultades”, ha destacado Mateos añadiendo que durante este año de tramitación no se ha tenido que cerrar ninguna explotación ganadera, sino que se han ido regulando aquellas que han ido cumpliendo con los requisitos establecidos en esta nueva normativa.
Mateos ha destacado que “esta normativa se ha aprobado con el apoyo del sector ganadero, porque, tal y como decíamos hace un año, se trababa de la aprobación inicial y teníamos un año por delante para poder presentar alegaciones, negociar, llegar a acuerdos, que es lo que hoy se ha hecho”. Además, ha añadido que han llegado a un buen acuerdo haciendo compatible el hecho de residir, dignamente en nuestras pedanías, con el desarrollo económico, de un importante sector para nosotros, como es el sector ganadero – porcino”.
El concejal del Partido Popular, Ángel Meca, ha manifestado durante su intervención que al ayuntamiento hace un año le faltó “capacidad negociadora” con el sector, y ha asegurado que la nueva normativa complicará la apertura de nuevas instalaciones por la incorporación de requisitos de otras administraciones e instituciones como la Confederación Hidrográfica del Segura.
Vox ha defendido a la ganadería como sector estratégico de la economía y, desde Izquierda Unida, Gloria Martín ha afirmado que Lorca se habría ahorrado “el bochorno” de hace un año tras el asalto al pleno si en lugar de llamar a las armas, se hubiera llamado al diálogo, y ha revindicado el papel de las plataformas vecinales que en los últimos años se han “enfrentado” a un lobby local como el de la porcinocultura intensiva.
En el pleno no ha habido presencia del sector ganadero en el palco de Cs para seguir la sesión, aunque en previsión de posibles incidentes un furgón policial del Grupo de Intervención en Seguridad Ciudadana (CISC) de la Policía Local ha permanecido a las puertas del Ayuntamiento hasta que ha concluido el debate de ese punto.
El texto aprobado es casi idéntico al que se aprobó inicialmente hace un año, que salió adelante con los votos del equipo de Gobierno, del PSOE y Cs, y el apoyo de IU, mientras que entonces el PP y Vox votaron en contra. En la causa judicial abierta por el asalto al pleno, cuya instrucción se acaba de prorrogar por seis meses más, hay 18 investigados por distintos delitos como desórdenes públicos, resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad.
